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SUSCRIBITELa firma que fue símbolo de la hamburguesa artesanal quebró acorralada por miles de millones en cheques rechazados y denuncias de quiénes tenían una franquicia.
El Juzgado Nacional en lo Comercial 27 decretó la quiebra de Deniro Hamburguesería S.A.S. el 25 de noviembre, marcando el final de la cadena que alguna vez figuró entre las más grandes del país. La jueza María Virginia Villarroel firmó la resolución, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el 5 de diciembre. El procedimiento formal activa la designación de Juan Manuel Ausa como síndico, a quien los dueños deberán entregar todos los bienes de la compañía.
Deniro comenzó en 2007, aprovechando el auge de las hamburguesas artesanales. Su propuesta se centró en un diferencial gastronómico poco común en el fast food argentino: la hamburguesa de entraña, buscando ofrecer un producto con "ADN de asado". Este enfoque local la diferenció de las técnicas americanas y los blends de cortes tradicionales.
La cadena, impulsada por Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, implementó un plan de expansión intenso basado en franquicias que la llevó a multiplicarse en el AMBA y provincias. En su mejor momento, Deniro alcanzó más de 30 locales y fue catalogada como la cuarta cadena de hamburgueserías más grande del país por cantidad de sucursales. Para garantizar la calidad y escalabilidad, la empresa operaba una planta central en Mataderos, donde elaboraba panes, medallones y salsas.
La decisión judicial cristaliza un colapso que se venía gestando, reflejando un patrón de crecimientos acelerados sostenidos en estructuras débiles y mala praxis operativa.
El principal indicador de la crisis fue el volumen de instrumentos rechazados: según registros del Banco Central (BCRA), la empresa acumuló casi $5.000 millones en cheques sin fondos.
El modelo de negocio fue cuestionado por franquiciados y proveedores. Hubo múltiples denuncias de fraude y estafa, incluyendo la venta de franquicias a valores elevados en dólares con proyecciones de facturación que, según los denunciantes, no se correspondían con la realidad. Los franquiciados también reportaron costos de insumos más altos de lo previsto y falta de soporte operativo.
Adicionalmente, la planta de Mataderos fue un punto clave de conflicto operativo. Fue clausurada en múltiples ocasiones por orden de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Fiscalía 38 debido a irregularidades en su funcionamiento. Incluso se denunció que la empresa continuó operando ilegalmente a pesar de tener fajas de clausura vigentes.
El decreto de quiebra obliga a la sociedad a poner todos sus bienes a disposición del síndico designado. La jueza Villarroel también prohibió a terceros efectuar pagos a la compañía, declarándolos ineficaces.
Se fijaron plazos perentorios para el proceso de liquidación y verificación de créditos:
A pesar de la quiebra, la empresa aún mantiene ocho locales activos, los cuales quedan ahora bajo la órbita de la quiebra y deberán adaptarse a las instrucciones del síndico.