El Gobierno Nacional está trabajando en un proyecto de ley que tiene como objetivo transformar a las barrabravas en organizaciones criminales, con el fin de endurecer las penas aplicadas a quienes cometen delitos vinculados al fútbol profesional argentino. Esta iniciativa, que actualmente se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, busca cerrar los vacíos legales que permiten la impunidad de estas agrupaciones, que durante años han ejercido control territorial y financiero dentro y fuera de los estadios.
La propuesta, que aún está en estudio, pone un especial foco en los organizadores de eventos deportivos, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios. En este sentido, se pretende responsabilizar a quienes gestionan o facilitan la realización de partidos de fútbol, exigiéndoles medidas más estrictas para evitar la infiltración de barrabravas y asegurar que los espacios deportivos sean seguros para los espectadores.
El proyecto de ley busca, principalmente, erradicar las prácticas ilegales que permiten a las barrabravas operar sin restricciones. Uno de los aspectos clave es la penalización de la tenencia y transporte de armas dentro de los estadios, una práctica comúnmente asociada con la violencia en el fútbol. Además, se busca sancionar severamente la reventa de entradas de protocolo, así como el control de estacionamientos y las extorsiones realizadas por los llamados “trapitos” en las inmediaciones de los recintos deportivos.
Se prevé que las personas que faciliten el ingreso de armas o permitan el acceso de individuos con antecedentes penales enfrenten penas de prisión que van de dos a cuatro años. Además, el proyecto tiene como objetivo cortar las fuentes de financiamiento de las barrabravas, apuntando a prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas que han sido históricamente la base de su poder económico.
Otra de las medidas que contempla el proyecto es la sanción a los dirigentes deportivos que colaboren con las barrabravas. Aquellos que entreguen entradas a estas organizaciones o mantengan vínculos con ellas podrían enfrentar hasta seis años de prisión. De esta manera, se busca desmantelar cualquier tipo de apoyo institucional que permita a las barrabravas seguir operando dentro del ámbito del fútbol profesional.
Finalmente, el proyecto también prevé la implementación de rigurosas inhabilitaciones administrativas. Según la normativa, las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios de personas que estén imputadas por delitos relacionados con las barrabravas, aún sin una sentencia definitiva en su contra. De esta forma, el Gobierno Nacional busca prevenir la violencia en los estadios y limitar el acceso de aquellos que han sido identificados con prácticas delictivas dentro del fútbol.
