Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEAdemás de la condena, fue inhabilitado de por vida para desempeñarse como empleado del organismo.
Un exfuncionario de la Dirección General de Aduanas, quien desempeñaba sus funciones en Mendoza, fue sentenciado a cuatro años de prisión, por los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 1, por el delito de contrabando, y además fue inhabilitado de por vida para desempeñarse como empleado del organismo.
El intentaba entrar al país un vehículo, cargado con una importante cantidad de mercadería extranjera sin declarar, valiéndose de su condición de empleado del organismo. En el proceso, actuó la auxiliar fiscal Analía Zanessi, en representación del Área de Transición de la Unidad Fiscal de esa jurisdicción, a cargo del fiscal Federico Baquioni.
El tribunal (presidido por la jueza María Paula Marisi e integrado por los magistrados Alberto Daniel Carelli y Alejandro Waldo Piña) decidió, por mayoría, que Carlos Francisco Tolotti fuera considerado responsable del delito de contrabando agravado en grado de tentativa y le fijaron una inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero. Además, se dispuso el decomiso de todos los bienes secuestrados durante la investigación.
El 14 de junio de 2017, Tolotti regresaba de Chile a bordo de un Volkswagen Vento cuando fue interceptado en un control de rutina de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del Área de Control Integrado de Uspallata. El personal a cargo advirtió que el vehículo transportaba una gran cantidad de bultos y mercadería y que el acusado vestía una campera negra y una gorra con inscripciones de AFIP-Aduana. Cuando le indicaron que debía detenerse para una inspección del vehículo, el acusado se negó y reclamó hablar únicamente con personal de Aduana.
Ante esa situación, Gendarmería convocó a un agente aduanero que colaboró en el procedimiento. Luego de revisar el rodado, se detectó una gran cantidad de artículos de origen extranjero sin la documentación que acreditara su ingreso legal.
Entre los elementos secuestrados sin declarar se hallaron una notebook, varios teléfonos celulares, impresoras, una tablet, perfumes importados, parlantes, cargadores inalámbricos, una cafetera eléctrica, una parrilla eléctrica, ropa, calzado, ropa de cama, cápsulas de café, artículos de bazar y otros productos electrónicos y para el hogar.
En su intervención, Zanessi destacó la gravedad de los hechos dado que no se trataba del accionar de un particular sino de un funcionario con conocimiento específico de los controles fronterizos y de las obligaciones legales aplicables al régimen de equipaje. “En esta sala no estamos juzgando el accionar de un ciudadano común. Estamos juzgando el accionar de un funcionario de aduana que cometió a criterio de este ministerio público fiscal un delito de contrabando agravado justamente por su intervención en el hecho”, sostuvo.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Tolotti se valió de su experiencia y de su posición institucional para intentar eludir los controles fronterizos. Por eso mismo, destacó que la maniobra no podía ser reducida a una mera infracción administrativa vinculada con exceso de equipaje, sino que se trató de una conducta deliberada destinada a impedir el adecuado control estatal.
La auxiliar fiscal señaló que Tolotti omitió declarar bienes cuyo ingreso debía ser informado y sometido al pago correspondiente de manera intencional y remarcó que “hubo una decisión de ocultar la existencia de la mercadería para así engañar al control aduanero”. En ese sentido, enfatizó que no podía ser considerado un acto de negligencia, ya que en su carácter de agente aduanero, el imputado conocía cuál era la normativa de control vigente.