Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEFue gracias a una reparación de $15 millones que ofreció su abogado Joaquín Moine y que aceptó el fiscal Fernando Alcaraz. Tras el acuerdo, la jueza Eliana Rattá dictó la resolución y el imputado fue sobreseído, cuando estaba todo dispuesto para el inicio del juicio.
El reconocido empresario sanjuanino Jorge Coll, propietario de Farmacia San Martín y procesado por contrabando tras un resonante episodio ocurrido en 2017 en el paso de Agua Negra, logró evitar el juicio y una eventual condena al acceder a una salida alternativa: ofreció una reparación económica de 15 millones de pesos, propuesta que fue aceptada por la fiscalía y finalmente homologada por la jueza interviniente.
La resolución que dictó la jueza Eliana Rattá implica la extinción de la acción penal en su contra, en el marco de un acuerdo basado en la reparación integral del daño, contemplada en el Código Penal como un criterio de oportunidad para casos de menor relevancia político-criminal.
Coll había sido procesado por la Justicia Federal luego de que el 31 de marzo de 2017 fuera interceptado cuando ingresaba a San Juan desde Chile con dos camionetas cargadas con motos de alta gama, televisores y otros productos electrónicos.
El procedimiento, llevado adelante por Gendarmería Nacional y personal de Aduana, se concretó en un contexto particular: un efectivo se subió a uno de los vehículos para acompañarlo hasta el control de Las Flores, ante el riesgo de que el empresario desviara su recorrido por caminos alternativos y evitara la fiscalización aduanera.
La investigación concluyó que, de no haber mediado ese control, Coll podría haber eludido el paso oficial, lo que derivó en su procesamiento por tentativa de contrabando, en infracción a la Ley 22.415. Incluso, la Cámara Federal de Mendoza confirmó ese procesamiento años después.
En ese marco, la causa que recayó en el Área de Transición de la Unidad Fiscal se disponía al comienzo del juicio, 9 años más tarde del escándalo. Sin embargo, lLa defensa del empresario, a cargo del abogado Joaquín Moine, presentó un pedido de solución alternativa que resultó determinante para cerrar el caso sin condena. En su planteo, ofreció una reparación económica de $15 millones, o su equivalente en moneda extranjera, como forma de resarcir el daño.
Además, propuso la imposición de reglas de conducta, entre ellas la realización de trabajos no remunerados a favor del Estado, como una medida complementaria de carácter simbólico. En su fundamentación, el defensor sostuvo que la aplicación de este mecanismo busca “evitar las consecuencias negativas del proceso penal sobre el imputado” y, al mismo tiempo, satisfacer los intereses reparatorios del Estado. También remarcó que este tipo de soluciones contribuyen a “racionalizar la persecución penal”, evitando el desgaste judicial en causas que no revisten alta gravedad institucional.
Moine también puso el acento en la conducta posterior de su defendido, su predisposición ante la Justicia y la finalidad resocializadora de la pena, en línea con principios como el “pro homine” y el “in dubio pro reo”.
Con el aval del Ministerio Público Fiscal, representado por Fernando Alcaraz, y la posterior homologación de Rattá, el acuerdo quedó firme y permitió a Coll cerrar una causa que se extendió durante años, sin llegar a instancia de juicio. De esta manera, uno de los casos de contrabando más comentados en la provincia tuvo un desenlace inesperado: sin condena, pero con una reparación económica millonaria como condición para extinguir la acción penal.