Este lunes, se reactivó la negociación entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, en el marco de la conciliación obligatoria dictada semanas atrás. La audiencia comenzó a las 17.30 en la Subsecretaría de Trabajo, con la presencia del subsecretario Franco Marchese, y se extendió por seis intensas horas hasta pasadas las 23.30. Hubo una nueva propuesta oficial que dividió la opinión de los gremios: dos dijeron que no y uno aceptó. Se volverán a ver las caras el 11 de abril. Mientras tanto, la paritaria de abril espera para ser abierta porque no puede pasar hasta que no cierre la conciliación.
En una ardua jornada, este lunes por la tarde el Gobierno, ante el rechazo de 100.000 pesos como suma no remunerativa ni bonificable, realizó una nueva propuesta superadora con relación a los meses febrero y marzo de 2025 consistente en sumar 8 puntos totales a todos los cargos del nomenclador docente, procediendo a reliquidar el mes de marzo de 2025 y acreditar los valores resultantes con el mes de abril 2025. Además, la inmediata apertura de las paritarias para acordar los salario del mes de abril dejando claro que es intención lograr un acuerdo para todo el año 2025, es decir, hasta diciembre.
La patronal aclaró que "esta propuesta implica el máximo esfuerzo posible del Gobierno, teniendo en cuenta la línea solicitada en reuniones anteriores por la parte Sindical, otorgando aumentos remunerativos a los docentes".
Tras escuchar la oferta, UDAP, comandado por Patricia Quiroga, expresó que dado que la propuesta de blanquear los 100.000 pesos bajo la forma de E66 o Conectividad no ha sido receptada por el Gobierno de modo suficiente según lo debatido y facultado por el plenario de UDAP y viendo que el Gobierno propuso un incremento de 8 puntos, a todos los cargos del nomenclador docente, también lo consideraron "insuficiente". Este gremio pidió un cuarto intermedio para el 11 de abril del 2025 con el objeto de consultar a las bases: si prefieren los 8 puntos al nomenclador, o los 100.000 pesos, o rechazan. Esto, entendiendo que la propuesta del Gobierno contiene el no descuento del día de huelga del 5 de marzo.
Por su parte, desde AMET que lidera Daniel Quiroga, en la reunión expresaron que independientemente de pedir el cuarto intermedio para el 11 de abril, dejaba constancia que tiene mandato de sus afiliados de rechazar el pago por única vez para la recomposición del salario del mes de febrero y marzo de un bono de 100.000 pesos no remunerativos ni bonificables. Luego, sobre la propuesta de la patronal, comunicó que la rechaza, bajo dos argumentos: por comprender una reparación solo del mes de marzo cuando debiera comprender una recomposición de los meses de febrero y marzo que es el objeto de la conciliación obligatoria; y segundo, por no distribuir la masa de 2.000 millones de pesos aproximadamente en el ítem E66 y Conectividad San Juan.
En el caso de UDA, que conduce Karina Navarro, comunicó que, luego de una extensa y compleja reunión, se tomó la decisión de considerar "aceptable" esta nueva propuesta, ya que permite lograr que se incorporen 8 puntos en todos los cargos del escalafón docente (A01), lo cual ha sido una demanda histórica de la docencia. "Si bien no se puede decir que esta sea la óptima propuesta esperada pero no se puede negar que representa un avance aunque limitado", consta en el acta de la reunión.
Qué pasa con el paro del 10 de abril
Pero la discusión no fue solo económica. Otro de los temas sensibles fue la posible adhesión al paro nacional convocado por CTERA y CGT, previsto para esta semana. Desde el Ejecutivo advirtieron que una medida de fuerza en el actual contexto podría significar una infracción a la conciliación obligatoria vigente, lo que abrió un nuevo foco de tensión.
“El tema está muy dividido todo, sí, es una discusión de antaño siempre, que cuando es un paro nacional, la adhesión a la Nación, los sindicatos alegan que no somos competentes nosotros en la provincia”, dijo Marchese a Tiempo de San Juan, y agregó: “Está muy zanjado el tema en qué sentido, hay bibliotecas para un lado y para el otro, como todo en el derecho. Nosotros estimamos que sí somos competentes porque somos competentes según la ley en todo conflicto que se dé en la provincia, en el territorio de la provincia de San Juan”.
Marchese fue aún más claro al afirmar que una medida de fuerza de carácter laboral “tiene características de un conflicto laboral” y, por ende, debe ser abordada por las autoridades provinciales. “Más sobre todo si están parando servicios que se prestan en la provincia y servicios del calibre de educación y demás, que son servicios importantísimos”, sostuvo.
