Hay dos cargos clave de fiscales en San Juan que si bien son inamovibles con el recambio de Gobierno que se viene generaron algunas suspicacias sobre si también quedarán vacantes de una u otra manera. Se trata de la Fiscalía de Estado y de la Fiscalía General de la Corte de Justicia de San Juan. El primero está ocupado por Jorge Alvo, que fue designado durante la gestión de Sergio Uñac. El otro cargo lo ejerce Eduardo "Jimmy" Quattropani que acumula tres décadas de función, designado durante la gestión de Juan Carlos Rojas. Ninguno planea irse con la llegada de Marcelo Orrego.
Ambos cargos, a pesar de ser vitalicios, generaron especulaciones porque representan importantes espacios de poder. En particular, el del Fiscal de Estado se asocia más con el gobernador de turno y en el caso de Alvo más porque está identificado con el PJ. Es que antes de asumir en el puesto actual, era un abogado litigante con una extensa trayectoria en la asesoría legal en el municipio de Pocito. Ante este escenario, el propio funcionario salió a despejar dudas.
Alvo recordó que su puesto "tiene base constitucional y se ciñe exclusivamente a la defensa de los intereses de la Provincia, que no tiene nada que ver con los intereses políticos o partidarios que tuviera el nuevo gobernador o la nueva cabeza del Poder Ejecutivo". El funcionario remarcó, este miércoles en diálogo con Canal 13 San Juan, que hay que recordar que la Fiscalía de Estado ejerce el control de la legalidad administrativa de la administración pública en general y que por sus importantes funciones -establecidas por la Constitución Provincial-, tiene la garantía de la inamovilidad.
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Jorge Alvo, Fiscal de Estado de San Juan.
Se esforzó Alvo en aclarar que lo de él es cuidar los intereses de la provincia y que, para la defensa de los intereses de un gobernador en particular, está el asesor letrado de Gobierno, que es una persona de confianza, designada por el propio primer mandatario. En este marco, remarcó que "para la defensa los intereses de la Provincia el nuevo gobernador, Marcelo Orrego, tendrá un aliado incondicional en este fiscal de Estado".
Por su parte está el Fiscal General de la Corte de Justicia, que es el jefe de todos los fiscales de San Juan. En tribunales se corrió la voz que antes de las elecciones, Quattropani expresó, en reuniones con funcionarios de los tres poderes, que en diciembre "a Uñac lo sacan y yo me voy". No obstante, otras fuentes de su entorno cercano echaron por tierra este escenario y aseguraron que para él, con la llegada de Orrego, no cambia absolutamente nada, porque "no depende del Ejecutivo", esté quién esté.
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Eduardo Quattropani, fiscal General de San Juan.
Tanto Alvo como Quattropani podrán estar en funciones hasta que los remuevan por mala conducta. También pueden renunciar por diferentes razones como la jubilación, Ninguno de los dos tiene en mente retirarse, dijeron fuentes de su entorno.
Qué dice la Constitución sobre ambos cargos
El Fiscal General de la Corte y el Fiscal de Estado sólo pueden ser denunciados ante la Cámara de Diputados por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes. Cualquier ciudadano podrá denuncia el delito o falta, para que se promueva la acusación. Esto es así para ellos y para los cargos de gobernador, vice y ministros de la Corte local.
El Fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio de la Provincia. Es parte legítima y necesaria en los juicios contenciosos-administrativos, en toda controversia judicial en que se afecten intereses de aquel patrimonio. La Ley determina los casos y la forma en que ejerce sus funciones. Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser miembro de la Corte de Justicia. Es nombrado por la Cámara de Diputados a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura, y no puede ejercer la profesión de abogado mientras desempeñe esta función. Es inamovible mientras dure su buena conducta, estando sujeto al juicio político. Tiene facultad para peticionar ante la Corte de Justicia que se declare la constitucionalidad de toda ley o decreto.
El Fiscal General de la Corte es nombrado por la Cámara de Diputados a propuesta de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Los magistrados y representantes del Ministerio Público conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan sus obligaciones legales conforme a las disposiciones de la Constitución. Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores.
