El reciente accionar del ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis, quien firmó una resolución que incluye el ascenso de su propia hija - Eva Graciela De Sanctis Sánchez- generó críticas y cuestionamientos éticos en el ámbito judicial sanjuanino. Este medio consultó a abogados locales para analizar la legalidad del hecho, que desató un debate sobre los límites de la discrecionalidad y la transparencia en el Poder Judicial. Hay opiniones divididas entre legalidad y ética.
Marcelo Fernández, el abogado que representa a Santiago Graffigna en la mega causa expropiaciones, afirmó que, aunque no exista una norma concreta que prohíba el acto, el Código de Ética del Poder Judicial sanjuanino establece parámetros claros que habrían sido vulnerados. "Entiendo que no hay una norma legal concreta que implique que sea una ilegalidad. Aunque sí entiendo que en el ámbito de lo ético, no podría haberlo hecho nunca", sostuvo el letrado, en contra de la decisión de De Sanctis.
Fernández citó el artículo 56 del Código de Ética (Acuerdo Nº 98), que establece que la transparencia en las actuaciones de un juez es esencial para garantizar la justicia en sus decisiones. Además, hizo referencia al artículo 80, que prohíbe a los jueces recibir beneficios al margen de lo que les corresponde por derecho y utilizar abusivamente los recursos que se les confían para el ejercicio de sus funciones. "El juez debe comportarse de manera que ningún observador razonable pueda entender que se aprovecha de manera ilegítima, irregular o incorrecta del trabajo de los demás integrantes de la oficina judicial", remarcó.
El letrado, que patrocina a Graffigna en el juicio por las expropiaciones, en el que denunció a De Sanctis y otros actores vinculados a la Fiscalía de Estado por presentación de documentación falsa, tuvo declaraciones contundentes contra el cortista por firmar el ascenso de su hija: "Me resulta indignante, repugnante y es la muestra clara de su impunidad".
En contraste, Nasser Uzair, abogado penalista, argumentó que el acto de De Sanctis se encuentra dentro del marco legal, debido al principio de reserva legal establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. "Todo lo que no está prohibido está permitido. Si no hay una norma que prohíba eso, entonces está dentro de la legalidad", explicó.
Uzair enfatizó que ni la Ley Orgánica de Tribunales ni el Código de Ética sancionado en 2018 incluyen disposiciones específicas que prohíban este tipo de actuaciones. "No hay ninguna norma que lo impida. Si existiera, entonces estaría incumpliendo con la ley, pero no es el caso", subrayó.
En tanto, una abogada -que prefirió mantenerse en el anonimato- apuntó contra el supuesto privilegio que tienen los familiares de figuras influyentes en el Poder Judicial. "Para aquellos que están en el poder, todo es legal. Se habla de la hija de De Sanctis, pero también están el hijo de (Rolando) Lozano y los familiares de (Eduardo) Quattropani. Hacen lo que quieren", manifestó. La letrada también cuestionó la falta de meritocracia en los concursos, señalando que han ingresado personas sin experiencia pero con vínculos políticos.
Finalmente, Marcelo Arancibia, expresidente del Foro de Abogados, cuestionó duramente la decisión de De Sanctis desde una perspectiva ética y de representatividad. "Debió haberse abstenido de firmar la acordada, por una cuestión de decoro y ética. Estas cosas profundizan la crisis de representatividad entre los órganos de poder y la ciudadanía", afirmó.
Arancibia subrayó que los ascensos deberían realizarse mediante concursos internos basados en mérito e idoneidad, en lugar de continuar con una lógica discrecional. "En un Estado de derecho democrático, la única manera de ascender es a través de un concurso. Al no hacerlo, se perpetúan privilegios y la percepción de que existe una casta en San Juan", concluyó.
