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SUSCRIBITECuyo Inversiones solicitó una medida cautelar sobre el terreno de la exbodega, impidiendo cualquier tipo de mejora o construcción hasta que se defina el juicio.
En un episodio más de la tensa disputa por la expropiación de la exbodega La Superiora, la Sala IV de la Cámara Civil fue acusada de favorecer “una vez más” al Estado y a un municipio “incumplidor y violador de las normas constitucionales”. Cuyo Inversiones denunció que la Cámara aceptó tratar una queja “extemporánea” del municipio de Rawson sobre la nueva tasación del inmueble, retrasando aún más la resolución del conflicto que ya lleva doce años sin resultados.
En su escrito, la empresa sostuvo que debido a esta situación, los expropiados “no pueden recuperar su debida integral indemnización”. Acusan a ciertos jueces de propiciar la violación del Estado de Derecho, permitiendo que los políticos “avasallen todo sistema constitucional”. Tal como anticipó Tiempo, el descargo judicial fue presentado a finales el jueves de la semana pasada, justo antes del inicio de la feria judicial.
En el documento, Cuyo Inversiones solicitó una medida cautelar sobre el terreno de la exbodega, impidiendo cualquier tipo de mejora o construcción hasta que se defina el juicio. Este pedido surgió porque, según argumentaron, el municipio de Rawson no cumplió con el objetivo de la expropiación al ceder parte del predio para la construcción de un barrio, lo que no estaba previsto en el plan original.
El excandidato a gobernador y referente de Javier Milei en San Juan, Martín Turcumán, patrocinador de Cuyo Inversiones, firmó la presentación judicial. Según fuentes judiciales, la medida cautelar deberá ser resuelta en los próximos días por la Sala de Feria, compuesta por los camaristas civiles Ernesto Escobar, Carlos Fernández Collado y Germán Parra. Si la medida es aceptada, el municipio será notificado de una orden de no innovar, lo que le prohibirá realizar cualquier obra en el predio hasta la resolución del juicio.
La disputa por la expropiación de La Superiora comenzó en 2012, durante la gestión del intendente Juan Carlos Gioja. En aquel momento, el Tribunal de Tasaciones valuó el predio en 6.800.000 pesos, y el municipio debía pagar poco más de un millón de pesos, el equivalente al 15% del total. Tanto el municipio como los exdueños apelaron, y el caso llegó a la Corte de Justicia, que ordenó una nueva tasación según la ley de expropiaciones vigente. Esta nueva valuación aumentó el valor del inmueble a casi 1.500 millones de pesos, elevando la deuda de Rawson a 370 millones de pesos, incluyendo intereses.
Aunque la administración municipal anterior, de Rubén García, no cuestionó ni el fallo de la Corte ni la nueva tasación, la actual gestión de Carlos Munisaga solicitó la nulidad del proceso. La Sala IV de la Cámara Civil accedió a analizar el planteo, suspendiendo la ejecución de la sentencia hasta tomar una decisión definitiva. Esta postura fue calificada por Cuyo Inversiones como un “escándalo jurídico”, dado que Rawson no se opuso al nuevo valor de la tasación en su momento, y ahora intenta impugnarlo seis meses después bajo el argumento de la “conocida” nueva administración municipal.
La empresa también criticó duramente a Munisaga por sus declaraciones públicas, en las que subraya que la deuda original en 2012 era de $1.022.400 y ahora supera los $200.000.000. Según Cuyo Inversiones, hace 12 años la deuda ascendía a 200 mil dólares, y la nueva tasación arroja un monto similar en moneda extranjera, manteniendo su valor pese a la inflación y las fluctuaciones económicas.
Finalmente, la empresa denunció la falta de responsabilidad de las sucesivas administraciones municipales, acusándolas de evitar el pago de la deuda y perpetuar el conflicto legal para posponer indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones. “Los años pasan, las administraciones pasan, y los propietarios miran incrédulos como ninguna intendencia quiere abonar la deuda”, sentenciaron, añadiendo que la justicia parece favorecer a quienes buscan litigar sin fundamentos sólidos.
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