En San Juan se acaban de conocer algunos datos preliminares del Primer Censo Provincial de la Población Carcelaria de la Provincia, que surgieron de las 4º Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan.
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SUSCRIBITESan Juan ya tiene estadísticas de su Primer Censo de Población Carcelaria. Se trata de un hito en la gestión penitenciaria. Qué descubrieron y para qué sirve.
En San Juan se acaban de conocer algunos datos preliminares del Primer Censo Provincial de la Población Carcelaria de la Provincia, que surgieron de las 4º Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan.
Se trata de un trabajo iniciado en mayo de este año, en forma conjunta entre la Secretaría de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Provincial, con el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, en un equipo liderado por Gabriela Tomsig.
"Ahora, cada dato se va a trabajar de acuerdo, por ejemplo, en el punto de vista educacional, en el punto de vista laboral, en el punto de vista de la salud. Desde el Servicio Penitenciario cada área va a tener el dato preciso y vamos a fortalecer el trabajo que seguimos realizando", evaluó el director del SPP, Enrique Delgado.
"Si tenemos que cambiar alguna de las políticas penitenciarias, lo vamos a hacer. También, como dijo Gabriela, vamos a colaborar con cada ministerio que lo requiera, estos datos, ¿para qué? Para poder evitar que se cumpla este ciclo delictivo, este ciclo en el conflicto con la ley penal, que es que una persona, si uno lo aborda de forma temprana, cuando ella empieza en un instituto que tiene ya un conflicto con la sociedad, quizás ahí puede evitar que termine en el servicio penitenciario, que ese es un poco el gran objetivo", destacó en rueda de prensa el funcionario.
Por su parte, Tomsig analizó que "un poco de lo que reflejó este censo es que justamente dentro del Servicio Penitenciario nos encontramos con una población eminentemente masculina, jóvenes de 18 a 32 años. Al mismo tiempo, algunos de los datos reflejados por este censo implican el tema del consumo de sustancias que inicia en edades tempranas, como así también el inicio laboral en edades infantiles".
Para este importante censo fueron entrevistadas alrededor de 1.600 personas. "Logramos una cobertura de campo del 95%", destacó la especialista.
Dentro del relevamiento se abordó a las internas del Penal de Chimbas. "El 92% de las mujeres tienen hijos dentro y el trabajo con ellas fue a veces con sus hijos dentro, el encuestarlas fue con sus hijos ahí en brazos. El abordaje fue exactamente el mismo que transitaron los varones, esta instancia de diálogo y de reflexión mutua en el cual se fueron contando las historias de vida de cada uno", recordó Tomsig.
El perfil sociodemográfico apunta hacia una población excluida estructuralmente en múltiples dimensiones en las últimas décadas. La combinación de juventudes, masculinidades precarias y vínculos familiares debilitados, sugiere que la privación de libertad es, en gran medida, la culminación de procesos de marginalización previos.
En total, residen en la Unidad un 97% de varones y 3% de mujeres; siendo el 78% menores de 42 años, mientras el 53% tiene entre 18 y 32 años. El 75% de los varones tiene hijos, mientras el 92% de las mujeres son madres.
Si bien un 93% declara haber asistido a la educación formal, un 86% del total de la población penal oscila entre el primario y secundario incompletos; un 7% afirmó estar en absoluto analfabetismo. La baja culminación de los estudios refleja un problema de acceso y de continuidad educativa en contextos vulnerables, marcando una necesidad de políticas que intervengan antes de que se produzca la exclusión escolar definitiva. La relación entre la interrupción de las trayectorias educativas y el aumento de las probabilidades de participación en conductas delictivas puede ser un factor a considerar en futuros estudios.
Los datos permiten observar cómo la exclusión educativa previa al ingreso al sistema penal y la baja escolarización dentro del mismo son factores que perpetúan las desigualdades sociales. Las trayectorias educativas truncas están asociadas con la marginación social y la pobreza, lo que implica que las políticas públicas deben enfocarse en evitar que las personas en riesgo de exclusión escolar queden fuera del sistema educativo formal.
El acceso a la educación en el contexto carcelario debe ser priorizado no solo como un derecho humano, sino también como un mecanismo para reducir la reincidencia. La implementación de estrategias que aumenten la culminación de estudios dentro del SPP es fundamental para maximizar el impacto de las intervenciones educativas y facilitar la reintegración laboral y social de la población carcelaria.
La persona privada de su libertad logra continuar sus estudios dentro del SPP y asimismo pensar a la educación como herramienta transformadora de realidades.
La baja cobertura de salud previa al ingreso (26%) sugiere una vinculación limitada de la población carcelaria a empleos formales o sistemas de seguridad social antes de su encarcelamiento. Esto puede señalar una historia de marginalidad o trabajos informales, donde el acceso a recursos de salud preventiva es mínimo. Las mujeres presentan una leve ventaja en acceso a obra social, pero esta diferencia es menor y parece insuficiente para garantizar atención continua. Este panorama subraya una desconexión de la población carcelaria con sistemas de apoyo social previos, que pueden afectar sus expectativas de atención dentro del sistema penitenciario.
El análisis muestra una alta tasa de inserción laboral temprana, entre los 5 y 14 años. Esto refleja un contexto de vulnerabilidad y desigualdad social, donde la necesidad de contribuir económicamente desde temprana edad puede estar relacionada con la falta de acceso a educación y oportunidades de desarrollo, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
De la población con enfermedades crónicas (con mayor impacto en mujeres), indica una carga de salud que requiere atención sostenida y específica, especialmente en el tratamiento de hipertensión y diabetes. Esto puede ser indicativo de condiciones de vida previas que contribuyen a la aparición de enfermedades en edades tempranas, especialmente si estas personas experimentaron limitaciones en recursos alimentarios, de actividad física y acceso a atención médica. Las mujeres presentan además condiciones como el tiroidismo, reflejando posiblemente una exposición desigual a factores de riesgo relacionados con su contexto social y roles previos, como las demandas de trabajo informal o cuidado.
Un breve repaso por las trayectorias laborales de los PPL demuestra, asimismo, empleos precarios. Es decir, mayormente sin registración, escaso o nulo acceso a beneficios laborales y pluriinserción laboral, entre otros aspectos.
Este análisis muestra una situación de consumo de sustancias en edades que tradicionalmente están asociadas a la consolidación laboral y social, pero en este contexto reflejan un perfil de marginalidad y riesgo. La mayor incidencia en hombres y en adultos jóvenes resalta la posible necesidad de intervenciones preventivas en estas etapas críticas de desarrollo. La prevalencia del consumo de drogas sugiere que esta población probablemente enfrentó contextos de vulnerabilidad y carencias previas. Esto puede señalar una conexión entre el consumo de sustancias y la integración social, donde la falta de redes de contención o un sistema de apoyo.
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