La designación de cortistas de Javier Milei unió a los juristas sanjuaninos

Martín Zuleta, abogado penalista con alto nivel de exposición y cercano al espacio de ADN, sostuvo que si bien el procedimiento está avalado por la Constitución Nacional, la cuestión política empaña la historia dado que una de las figuras elegidas resulta controversial y bastante resistida en la opinión pública, como lo es el juez federal Lijo.

"Comprendo que es una decisión que se encuentra para amparada por la Constitución Nacional, ya que faculta al presidente para nombrar jueces en comisión. O sea, no es un nombramiento definitivo, no es que haya convertido de manera irreversible en jueces de la Corte Suprema a ambos, sino que es para suplir una situación de anormalidad, que es la que ha invocado el Poder Ejecutivo", señaló a modo de justificación de la maniobra.

Más allá de la legalidad que -según afirma- no se habría visto afectada, ni generaría ningún tipo de reproche constitucional, el tema político resulta cuestionable. "Desde mi punto de vista, es bastante cuestionable que Lijo pueda ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque podrían haber otras personas con más solvencia moral", argumentó y añadió: " Creo que hay que separar lo legal de lo político, desde lo político puede ser muy cuestionable, pueden ser inclusive otros nombres quizás, pero desde un punto de vista legal creo que es una figura que está permitida por la Constitución".

Para dejar clara su posición, concluyó: "Yo entiendo que no hay un reparo legal. Sí puede haber un reparo moral o de otra naturaleza, pero no comparto lo que expresan por ahí muchos colegas o he escuchado también en muchas dirigencias políticas sobre que esto es una aberración y un ataque contra la Constitución y la institucionalidad. Me parece Está ahora que es una crítica exagerada".

Por su parte, Oscar Cuadros, reconocido abogado constitucionalista, se refirió al impacto del decreto en el sistema democrático local. "Puedo decir que se ha tensionado el sistema político de un modo muy importante con la designación particularmente del juez Lijo; no así con la designación del juez García Mansilla porque su pliego no había obtenido la mayoría necesaria en la comisión de acuerdos, por lo tanto no estaba evaluándose", indicó.

Sin embargo, agregó: "Pero en el caso de Lijo, que es un juez que ha llegado con más de 300 impugnaciones, que es un juez que no exhibe mayores méritos desde el punto de vista de la gestión de su de su juzgado ni académicos y que digamos un fuerte rechazo en la opinión pública se suman algunas circunstancias que son muy particulares".

Sobre la situación del juez federal, destacó la evaluación de su pliego en el Senado y la posibilidad de que los legisladores lo rechace. "Estaba en tratamiento en el Senado, con lo cual la primera cuestión que puede ocurrir es que rechace el pliego. Puede haber lugar a una situación absolutamente inédita en la vida en la historia constitucional de Argentina, ya que sería el rechazo de un pliego posterior a la designación de un juez por decreto del Poder Ejecutivo", advirtió.

Además de esa primera cuestión, mencionó una segunda que refiere a que no va a renunciar a su cargo como juez federal y ello sería una complicación; y como tercera situación a considerar remarcó la posibilidad de que los actuales miembros de la Corte no le quieran tomar juramento por no renunciar a su cargo como juez federal, lo que daría acción a otro hecho inédito.

"Lo de Lijo es realmente una situación muy compleja que estresa al sistema político y que es desafortunada como práctica constitucional", aseveró.

Rubén Pontoriero, abogado penalista de alto perfil público, tampoco le esquivó al bulto y opinó sobre el tema. Si bien aclaró que se trata de una acción provisoria y que sólo sería definitiva si el Senado lo acepta de manera tácita, señaló que el Senado tiene los mecanismos constitucionales para que ese decreto siga en vigencia o no.

No obstante, su foco se centró en la falta de necesidad que había en cubrir las vacantes cuanto antes, siendo que el máximo organismo de Justicia puede funcionar con tres integrantes sin problema. "Dónde está la necesidad de cubrir vacantes (se preguntó). Ahora, si vos me preguntás si es bueno o es malo, hay mecanismos institucionales que se podrían haber utilizado sin necesidad de llegar al decreto", manifestó.

En ese marco, amplió su exposición: "Originalmente la Corte tenía tres miembros, después se amplió a cinco y después se amplió nueve. Después volvió cinco. Bueno, ahora ahora con tres miembros podría haber funcionado y ya lo dijo que pueden funcionar perfectamente con tres miembros. Entonces, sí, esto es una decisión política". Más allá de la decisión política, recalcó: "Los costos los asumirá quien quien haya firmado el decreto".

El abogado sanjuanino que integra la Federación Argentina de Colegio de Abogados, José Becerra, quien también ha sido postulante en diversos comicios del Foro de Abogados, se metió de lleno a la discusión y criticó con dureza el decreto de Milei. Sin titubeos expresó: "Es un atajo, es un aprovechar una una posible grieta que hay en el sistema. Considero que lo que se ha hecho no es no respetar la Constitución, no es respetar los canales normales, institucionales y ordinarios".

En la misma línea, apuntó contra Lijo y las polémicas que hay a su alrededor. "Está tan resistido porque para algo hay un sistema establecido de de oposiciones y de impugnaciones, donde realmente Lijo ha recaudado el récord nacional de impugnaciones y de oposiciones. No reúne las condiciones morales y técnicas para ser miembro de la Corte Suprema de la Nación", expresó.

Por otro lado, destacó la cuestión de género y el desinterés que habría existido en la decisión del presidente. "La perspectiva de género se ha impuesto en la agenda nacional de hace ya más de una década y debe ser respetado. Respetado como una posibilidad que ya está establecida en todos los órdenes hasta las actividades privadas. Por ejemplo, las asociaciones profesionales y los gremios", aseguró.

Marcelo Arancibia, ex presidente del Foro de Abogado y figura de relevancia en el ámbito de la política y justicia local, tampoco tuvo medias tintas con el debate y sobre el presidente sentenció: "En términos libertarios, es un degenerado constitucional". Fiel a su estilo polémico, cuestionó los argumentos que sostienen el DNU, por lo que expresó: "Seguramente su pretensión es controlar a la Corte, como en la época menemista, para que avalen con fallos judiciales la destrucción del Estado o medidas que, a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes, no funcionan".

El precandidato a gobernador en las elecciones pasadas, incluso, elucubró un trasfondo político todavía más grande, por lo que advirtió: "Yo no dejo de lado la posibilidad de un pacto oscuro con el kirchnerismo para que todos sean impunes. Porque Lijo ha sido funcional a esa estrategia desde que es juez federal".

En contra parte con aquellos que dicen que el decreto no está fuera de la ley, explicó que sí lo está porque no se encuentra contemplado en la Constitución. "Es inconstitucional, esto afecta a nuestro régimen de gobierno representativo republicano, nuestra forma de estado federal. ¿Por qué? Porque bueno, el presidente puede, como dice el artículo 99 designar, mientras el Congreso está en receso, empleados en comisión. Un juez no es un empleado del Poder Ejecutivo. El juez no es empleado de nadie", dictaminó.

Quien fuera también presidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, tomó la misma vía que su colega que lo antecedió y esgrimió: "Si bien el artículo 99, inciso 19, le permite al Ejecutivo nombrar en comisión "empleados" por el término que dure la legislativa, entiendo que jueces de Corte Suprema son los titulares de uno de los poderes del Estado". Es por eso que remarcó que es fundamental y necesario que se mantenga la independencia de poderes.

En ese sentido, puso énfasis en que la designación "a dedo" hace difícil que, al momento de fallar, los jueces lo hagan con la independencia que el cargo requiere. "Estas decisiones no le hacen bien al estado constitucional de derecho, más aún cuando se viene discutiendo en el Senado y no se lograron los acuerdos; no hay urgencia ya que la CSJN puede continuar funcionando con 3 miembros", declaró.

Para el especialista consultado, la designación de dos jueces era una oportunidad para que la política se sentara a debatir, a intercambiar opiniones y lograr los consensos necesarios. "La Constitución es casi perfecta, cada artículo tiene su razón de ser, por eso debemos respetarla, pero constantemente estamos viendo la forma de apartarnos de ella, delegando facultades del Legislativo al Ejecutivo o salteando los procedimientos establecidos, en pos de sentirnos victoriosos y lograr un objetivo", cerró.