La Corte Suprema y el PRO, contra el Impuesto a las Ganancias para jueces y fiscales

De votarse afirmativamente la modificación en el pleno parlamentario, la Nación embolsaría en 2023 un extra de 273.000 millones de pesos, un 0.16% del Presupuesto, o el equivalente a lo que se recaudó por el “aporte solidario de las grandes fortunas”, llamado también impuesto a la riqueza.

Desde la Corte Suprema se activaron los resortes de una manera inusualmente veloz, en vista del colosal atraso en la prestación del servicio, y ya se reunieron para planificar como echar por tierra la intentona del Frente de Todos.

Los Supremos se reunieron fuera del acuerdo pata tratar temas judiciales (su trabajo) y se abocaron solamente a la iniciativa tributaria del Gobierno, aunque aún no pueden realizar maniobras legales porque aún no hay caso.

Los Cortistas sostienen, en la intimidad, que el proyecto es otra “avanzada del kirchnerismo” contra la Justicia, y la suman al sistema de modificación de las jubilaciones, al intento de ampliación del número de jueces de la Corte Suprema (que reduciría notablemente el poder de cada uno), y a las críticas a la permanencia en la procuración Federal del eternamente interino Eduardo Casal.

Es por una decisión de la misma Corte Suprema, la de 1996, que hoy jueces y fiscales tienen el inexplicable privilegio de tributar distinto al resto de los mortales nacidos en esta tierra, con el agravante de que sus salarios están varias veces por encima de los sueldos medios, y de los altos, de la población.

Decimos “inexplicable privilegio” porque si bien tiene una fundamentación, esta es inaceptable. El argumento es que los jueces y fiscales necesitan la “intangibilidad de sus salarios” para fallar con independencia. Es decir, por la plata falla el juez. Por un lado, esto hace dudar de la estima en la que el propio sistema tiene la decencia de sus funcionarios. Según el argumento, podrían ser susceptibles de recibir coimas y participar en contubernios si tuvieran estipendios más modestos. No les alcanzaría, al parecer, la vocación, el amor por el servicio de justicia, o el imperativo moral.

Por el lado de la política (partidaria) desde el PRO se anticipa un voto negativo a la propuesta oficialista que iguala a jueces y fiscales con el resto de los ciudadanos de la República.

Lo hizo en la voz del diputado nacional Pablo Tonelli, quien aseguró que “el artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los jueces deben recibir por sus servicios una remuneración fijada por la ley, y agrega: ‘la que no puede ser disminuida de manera alguna durante el desempeño de esos servicios'”.

Tonelli salva su conciencia, pero se inviste de institucionalidad para salir en defensa de los gordos bolsillos judiciales: “Más allá de la justicia o injusticia de que los jueces paguen Ganancias, yo creo que es muy justo que paguen, siempre se ha considerado que empezar a aplicarle el impuesto a jueces implicaría una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110″.

Finalmente, sale pour la galerie y apela al argumento de la lucha política para no innovar: “Lo que el kirchnerismo quiere y busca es someter la Justicia, doblegar a los jueces para que los jueces resuelvan de la manera que ellos desean, y fundamentalmente en las múltiples causas de corrupción”.

“Si tanto les preocupa el funcionamiento de la Justicia, ¿por qué el presidente lleva un año sin proponer a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema?”, concluyó, y nobleza obliga, plantea un interrogante que se hacen también miembros del oficialismo, ante la inactividad presidencial en torno a la modificación no ya del sistema de Justicia, sino al menos de algunos tribunales.