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SUSCRIBITEMientras los Gobernadores llevan una propuesta de reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fuerte impronta federal que incorpore 1 supremo por provincia y respete la paridad de género, Carlos Rosenkrantz adelanta, desde Chile, como puede fallar el organismo en relación al conflicto entre CABA y el gobierno nacional por la coparticipación que Macri le triplicó a su ciudad, a expensas del resto del país.
El derecho de las provincias a los aportes del Tesoro Nacional quizá esté entre los que negó el Cortista en su exposición en la inauguración del año académico de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El título de la charla era "Justicia, Derecho y Populismo". Pero la frase más sonada del discurso, deja bien en claro lo que el juez entiende por populismo. "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad", apuntó, desandando el concepto de Eva Perón, “donde hay una necesidad nace un derecho".
Pese a que aventuró sobre "populismos de derecha y de izquierda", poco a poco fue demostrando que, donde dice populismo, diga peronismo.
Rosenkrantz reafirmó su perfil de hombre del derecho liberal planteando el excesivo costo de los “derechos” que la población reclama. "El populismo es relativamente insensible a la cuestión del costo que involucran las reformas que proponen, porque la urgencia del cambio solo es posible cuando los costos del cambio no se hacen explícitos o no se identifica con precisión quienes son los que pagarán dichos costos”, señaló.
“La insensibilidad al costo se sintetiza de modo patente en una afirmación muy insistente en mi país que yo veo como un síntoma innegable de fe populista según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho", repitió.
Es la palabra de un integrante de la Corte cuyo estipendio mensual debe rondar el millón de pesos, y por el que no abona un centavo en concepto de Ganancias, dineros que quizá ayudarían a mitigar esos “costos” de las transformaciones que parece dispuesto a vetar.
Rosenkrantz niega, o se desentiende, de la obligación de la Corte Suprema de defender derechos como el desarrollo humano, el progreso económico con inclusión social, la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación, la gratuidad de la educación pública estatal, el derecho a una vivienda digna, todos derechos constitucionales que la Nación, y las provincias, deben promover, en parte, con recursos coparticipables. Y que, claro, tienen un costo.
Rosenkranzts, abogado de grandes grupos económicos, con Clarín como cliente más importante, es uno de los dos Supremos que aceptó ser nombrado en la Corte a través de un decreto de Mauricio Macri, violando en flagrancia a la Constitución que debe salvaguardar.
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