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Decreto

Javier Milei vetó la ley de ATN

Javier Milei vetó la ley que promovieron los gobernadores, y fue aprobada por amplia mayoría parlamentaria. Lo hizo minutos después de que sus funcionarios mantuvieran reuniones con varios mandatarios provinciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El presidente Javier Milei firmó este jueves el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una decisión que se produce horas después de que gobernadores aliados se reunieran en la Casa Rosada con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. La medida es interpretada como una "humillación feroz" para los mandatarios provinciales, quienes buscaban precisamente evitar el rechazo presidencial a la normativa.

Gobernadores como Rogelio Frigerio –redactor del proyecto–, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, fueron los que participaron en el encuentro con el ministro Catalán. Según trascendió, los ministros asistieron a la Casa Rosada con el objetivo de lograr que el presidente no vetara una ley que, según la perspectiva de las provincias, carece de impacto fiscal significativo. Habían prometido incluir los ATN en la ley de Presupuesto junto con la ley de Combustibles.

Fuentes cercanas a los gobernadores sostienen que la ley "no tiene impacto fiscal", representando apenas el 0.05% del PBI para 2025 y el 0.15% para 2026, por lo que "no afecta el superávit fiscal". Además, argumentan que el Gobierno estaría utilizando esos fondos, que "pertenecen a las provincias", para su propio ejercicio fiscal, razón por la cual no querría negociar.

Sin embargo, la comunicación oficial del veto ya fue enviada al Senado y se espera su publicación en el Boletín Oficial en las próximas horas. El Ejecutivo esgrime que el proyecto aprobado por el Congreso "altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional". Además, señala que la ley privaría al Estado de "una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto". La decisión presidencial agudiza la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias por la distribución de recursos.

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