El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, vetó una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que establecía un convenio entre la Municipalidad y la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia. El objetivo del acuerdo era facilitar la regularización legal de las instituciones intermedias del departamento, como clubes, asociaciones civiles y fundaciones.
El veto se basó en una argumentación llamativa: según el documento firmado por Carbajal, la ordenanza “no especifica ni fundamenta el gasto que puede llevar el acompañamiento y seguimiento del cumplimiento de la demarcación y cartelería de dichas demarcaciones”. Sin embargo, el texto aprobado por el Concejo no hace mención a ningún tipo de cartelería ni demarcación.
La ordenanza apuntaba a brindar asistencia técnica y administrativa para que las instituciones pudieran completar trámites ante Personería Jurídica, lo cual se complica por la lejanía del departamento con la ciudad de San Juan, y mantener su personería al día, condición necesaria para acceder a programas oficiales y subsidios.
Desde el cuerpo deliberativo señalaron que el convenio no generaba gastos específicos ni incluía elementos físicos como carteles, por lo que no encuentran relación entre el argumento del Ejecutivo y el contenido de la norma.