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Preguntas sin respuesta

El misterioso silencio del exintendente de Rawson por la expropiación de La Superiora

Carlos Munisaga cargó contra la gestión anterior por la falta de responsabilidad en defender los recursos del departamento. Rubén García eligió no hablar con la prensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Hay nuevas repercusiones del caso de expropiación de la exbodega La Superiora, en Rawson. Este diario reflejó el fallo de la Corte de Justicia de San Juan que pone contra las cuerdas a las cuentas de la Municipalidad. La gestión de Carlos Munisaga deberá pagar al grupo empresario Cuyo Inversores, de Matías Pallito, 371 millones de pesos, por una llamativa tasación a valor actual. En la puja legal, la nueva administración departamental tiene pocas herramientas para dilatar el pago millonario. ¿Se podría haber evitado? Hay más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el exintendente Rubén García eligió el silencio.

El origen del conflicto que atraviesa el municipio de Rawson está en la expropiación de La Superiora que hizo Juan Carlos Gioja. El exjefe comunal llevó adelante el proceso en el 2012 con el objetivo de transformar el predio de la bodega en un espacio que tenga un eje deportivo, social y cultural. Incluso con la instalación del Museo Arqueológico Mariano Gambier, recientemente reinaugurado en Rawson.

En ese momento, no hubo un acuerdo entre la firma propietaria, sociedad Cuyo Inversores, presidida por el empresario Matías Pallito -hermano de Cristian, un contador de reconocidas apariciones en círculos políticos y mediáticos en los últimos meses- y la Municipalidad, sobre el precio del inmueble. Gioja demostró la utilidad pública del predio y recurrió al Tribunal de Tasaciones que valuó todo en 5 millones 800 mil pesos. El entonces intendente pagó de forma expedita y la Municipalidad se transformó el dueña de la exbodega, que supo ser emblema del sector.

Sin embargo, la sociedad reclamó el revalúo del inmueble y persistió en la queja hasta que el tribunal de la expropiación redefinió el precio en un total de 6 millones 800 pesos. Es decir, la gestión Gioja dejó un saldo negativo de un millón de pesos, que Pallito reclamó por los andariveles judiciales. La causa cayó en la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. La jueza resolvió que se pague el saldo adeudado. La cuestión se demoró y las distintas presentaciones de la sociedad de responsabilidad limitada llevaron la causa hasta la Corte de Justicia, que no sólo le dio la razón sino que ordenó una nueva valuación que hizo saltar el valor. Encima, el municipio no apeló y el fallo quedó firme.

Según el secretario de Modernización de la gestión de Munisaga, Adriel Fernández, la causa se empantanó en 2020, durante el mandato de Rubén García. La semana pasada, el propio intendente dijo que "vamos a agotar todas las posibilidades de defensa para que ese daño no se materialice. Y a la par, todos los responsables tendrán que tener su cauce y hacerse cargo. Pero concentrar todas las energías ante la urgencia de encontrar las instancias de defensa en el proceso judicial. Lo hemos hecho y ahora tiene que resolver la Cámara un pedido de queja que esperemos que esta semana nos lo abra".

En ese sentido, este diario consultó al exjefe comunal sobre la razón que lo llevó a no apelar el fallo de la Corte o presentar un recurso extraordinario a la Corte Suprema. Sin embargo, García no respondió a los intentos de comunicación por parte del medio. Justamente en un momento en las acusaciones recaen sobre sus hombros.

Adriel Fernández aclaró cuál es el camino de investigaciones sobre el caso: "En principio tenemos que impulsar un análisis administrativo interno. Que obviamente yo ya tengo mis conclusiones, pero prefiero esperar a que se expida de manera formal el organismo que corresponde internamente. También está haciendo lo propio el Concejo Deliberante de Rawson y eventualmente, a raíz de las conclusiones a las que se arriben, vamos a impulsar los procesos penales que consideremos oportunos. En caso de que estas conclusiones nos lleven a plantear que existe algún tipo de situación irregular que tenga que ver con el fuero penal".

Otro de los señalados por el caso es el abogado Pablo Manzur, que ocupó la Asesoría Letrada durante buena parte de la gestión de García. Sobre él, el funcionario de Munisaga dijo a Estación Claridad que "evidentemente sí (hubo impericia), porque habiendo sido notificado del resultado de la tasación, no le importa en ningún momento. Cuando uno es funcionario público, no importa si es burro o si tuvo mala intención. Es lo mismo, porque el resultado corrupto es exactamente igual. Al vecino no le importa si yo me quise robar la plata o si no me importó el resultado del expediente y por eso lo perjudico a ese vecino. Es decir, todos los días nosotros recibimos reclamos de necesidades, de cambiar luces, etcétera. Para el vecino va a ser igual, porque esa plata no va a estar para poder llevar a cabo esa mejora".

Uno de los jefes de Manzur, el asesor político y armador principal de García, Ricardo "Cacho" Pintos, tomó el mismo camino que su exjefe y no habló con la prensa. Pintos ocupó un papel protagónico durante el 2023 en Rawson. Operó a favor del entonces intendente en relación con el resto de los sectores del peronismo y con los medios de comunicación. En ausencia de García, tomó la posta de la Municipalidad en medio de la interna con el giojismo.

De momento, el municipio presentó una queja ante la Cámara de Apelaciones porque no participó de la segunda tasación. Es decir, la Municipalidad no se hizo parte. Munisaga apuntó contra las autoridades de las gestiones pasadas. "Acá va a haber investigaciones con respecto a las responsabilidades de los profesionales actuantes y también de los responsables políticos por no instar a la defensa plena del patrimonio municipal", manifestó.

En tanto, la presentación judicial tiene el objetivo de lograr una revisión del valor establecido y evitar el pago de una suma que podría afectar seriamente la capacidad del municipio para brindar servicios esenciales a la comunidad. "Estamos agotando todas las instancias posibles para defender el patrimonio del municipio y garantizar la prestación de servicios a los vecinos", afirmó Munisaga. "No vamos a permitir que una tasación desmedida ponga en riesgo las finanzas de la ciudad", dijo.

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Foto: gentileza Diario de Cuyo.

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