El Gobierno de San Juan ya encabeza acciones legales para recuperar terrenos fiscales ubicados en Médano de Oro, Rawson, que estaban destinados exclusivamente al uso agrícola y fueron usurpados y loteados irregularmente, con la particularidad de que en parte de ellos se construyeron viviendas de clase media, algunas con quinchos y piletas, según confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN el ministro de la Producción, Gustavo Fernández. El funcionario dijo que puede haber responsabilidad de las gestiones municipal y provincial anteriores en lo que calificó como "inacción".
Para el Gobierno, la situación salió a la luz al inicio de la gestión orreguista, cuando Fernández se encontró con más de 40 solicitudes de escrituración de lotes que, tras una primera verificación, revelaron ser parte de una subdivisión irregular y no inscripta de una parcela de tierra fiscal. Estos terrenos, propiedad del Estado, fueron desadjudicados en 2014 a su adjudicatario original por incumplimiento de proyecto, volviendo así a posesión estatal.
Según informó Fernández, entre 2014 y 2023, se detectó un proceso de usurpación en estas parcelas. El personal permanente del área de tierras fiscales del Ministerio de Producción dejó constancia en inspecciones de la ocupación irregular y dio aviso a las autoridades. Entre mayo y julio de 2023, previo a las elecciones generales para gobernador en San Juan, se produjo un ingreso masivo de solicitudes de escrituración a a cartera oficial.
Lo llamativo es que las ocupaciones no corresponden a familias vulnerables. "Son casas de fin de semana, algunas tienen piletas, quincho, o sea, de clase media", señaló el funcionario. Se han identificado más de 160 lotes de 500 m2 promedio cada uno, en una propiedad de aproximadamente 7 hectáreas. Al menos 40 de ellos presentan construcciones.
En la Justicia
Los ocupantes se presentaron ante el Ministerio con boletos de compraventa, cuyas firmas fueron certificadas por escribano, otorgados por quienes les vendieron los terrenos. Estos boletos, sin embargo, no pueden derivar en una escritura legítima ya que el loteo es irregular y no está inscripto en ningún registro oficial, señaló Fernández.
La actual gestión ministerial rechazó los pedidos de escrituración e intimó a los ocupantes a desalojar los terrenos, dado que no estaban destinados a ese uso. Ante la falta de respuesta, la situación fue derivada a la Fiscalía de Estado para su intervención. En paralelo, algunos de los adquirentes de los terrenos presentado una denuncia penal contra los vendedores de los lotes, y la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante en esa causa, dado que los terrenos son, en definitiva, propiedad del Estado. Ya se ha imputado a los vendedores de estos terrenos, que es lo que tomó estado público este miércoles.
image
Las personas que están en la mira son: Estela Juana Capelli, Víctor Dávila, Alexiana Díaz, José Alberto Díaz, Martín Gastón Díaz y Oscar Ramón Díaz (uno de ellos no aparece en la foto porque estuvo a través de Zoom).
Recuperar las tierras y establecer responsabilidades
El Estado busca recuperar los terrenos. Según señaló Fernández, existe una ley de tierras fiscales que impide la subdivisión de estos lotes para uso no agrícola. La primera etapa legal es establecer las responsabilidades penales de quienes vendieron los lotes y determinar si los adquirentes actuaron de buena fe o son cómplices.
Sobre la responsabilidad de la gestión anterior en esta situación, consultado por TIEMPO DE SAN JUAN Fernández señaló que hay una "inacción". Esto es así porque hubo avisos de usurpación al municipio y al Ministerio de Producción. Incluso, la Municipalidad en la gestión anterior, que estaba a cargo del justicialista Rubén García, "les ha entregado servicio, les ha dado permisos para que instalen servicio" en estos lotes irregulares. Y respecto a la gestión provincial previa, el funcionario orreguista sostuvo que "durante la gestión de Uñac no se ha hecho nada con eso" a pesar de tener conocimiento de la situación y haber recibido pedidos de escrituración.
"La gestión de Gioja en su momento recuperó el terreno. Ahora, durante el periodo Uñac se ha ocupado ese terreno, y lo que apareció es el pedido de los compradores escriturando, al Ministerio de la Producción de la época. Conocimiento de la situación tenían, por supuesto, porque de hecho están las constancias donde dan aviso de que los terrenos están usurpados y recibieron además el pedido de los propios usurpadores pidiendo que les estructuren el terreno".
Desde el punto de vista orreguista, el proceso judicial recién comienza, buscando "dilucidar la situación penal" para luego definir los pasos a seguir en el ámbito civil, reafirmando la intención del Estado de recuperar su patrimonio y garantizar el cumplimiento de la ley sobre el uso del suelo.
¿Qué escenarios se manejan en lo que se anticipa como un tironeo por estas tierras? Según comentaron fuentes especializadas, si se demostrara que los adquirentes obraron de buena fe, se abriría una instancia para buscar una solución legal, aunque esta sería compleja y costosa. Implicaría primero una desafectación de los terrenos del uso fiscal y agrícola exclusivo mediante una ley, un proceso de loteo y urbanización, inscripción del mismo, tasación de los terrenos y, finalmente, el pago por parte de los adquirentes. En cualquier escenario, el Estado es la parte perjudicada que no ha cobrado por el uso de su tierra. Si los adquirentes ya pagaron, deberían demandar a los que cobraron por haberle vendido de manera irregular.
¿Cómo llegó a venderse esta tierra fiscal?
En tribunales se pudo conocer que en el informe que surgió en agosto de 2023 de la inspección desde el Área de Tierras y Colonias Fiscales de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para constatar el estado de dichas tierras, se estableció que:
"El lote 90 hasta el día de la fecha continúa bajo dominio privado del Gobierno de San Juan. Hasta el año 1997 se encontraba baldío, libre de ocupantes y sin mejora alguna, es por ello que se decide llamar a Licitación, la que es ganada por el Sr. Carlos Cerda, según Resolución N° 1116 emitida el 13 de noviembre de 1997.
En el año 2014 se le desadjudicó a Carlos Cerda luego de corroborar, mediante inspecciones que no había realizado las correspondientes mejoras que, según su proyecto productivo, prometió realizar, según Resolución N° 218. Desde la fecha de la Resolución N° 218 de 2014 desadjudicación, no se volvió a adjudicar a persona alguna, según los registros que tenemos en esta área.
Los ocupantes del lote 90 alegan que las Sra. Estela Juana Capelli, fue quien le habría vendido a José Alberto Díaz, y éste último seria quien habría realzado la división del lote 90, vendiendo pequeñas porciones de terreno. En estas ventas resaltó también, la participación de los Sres. Victor Javier Dávila Jofré y Claudio Javier Sosa, en el carácter de vendedores. Resalto que los datos personales que aquí denuncio surgen de los boletos de compraventa con firma certificada, que los compradores acompañan.
Estela Juana Capelli habría alegado ser única heredera del Sr. José Hugo Capelli, a quien ella señala como adjudicatario del lote 90. Este supuesto adjudicatario, según nuestros registros nunca fue tal y falleció en el año 1994. Por lo que difícilmente se le podría haber adjudicado el lote 90, ya que hasta el año 1997 estaba libre de ocupantes y sin mejoras, por lo que luego de inspecciones y un llamado a licitación se adjudica al Sr. Cerda, quien detentó esa calidad hasta el 2014.
Los ocupantes del lote 90, le habrían comprado a quien carecía del derecho de venderles, ya que en el supuesto derecho a hacerlo viene, no solo de alguien a quien nunca el Estado de la Provincia de San Juan le transmitió dicho título de dominio, sino de alguien a quien jamás se le adjudicó el inmueble".
