A lo largo de casi 32 años, Eduardo “Jimmy” Quattropani ejerció el poder con una impronta distintiva dentro de la Justicia de San Juan. De ser el líder de un Ministerio Público Fiscal magro pasó a ser el hombre que definía la política criminal, a controlar un ejército de 448 empleados más lo defensores oficiales (615), a estar facultado a designar personal sin que haya rendido ningún concurso y a tener un peso sustancial en las definiciones electorales made in San Juan. Ese cargo quedó vacante el 21 de julio, cuando Quattropani falleció después de una larga lucha. Hoy, su lugar es terreno de disputa política, aunque todas las partes se pongan coloradas y no quieran reconocerlo públicamente. El Consejo de la Magistratura deberá definir la terna de profesionales el próximo 29 de septiembre, de la cual saldrá el próximo Fiscal General de la Provincia. El verdadero capital que administrará el reemplazante del Jimmy y la última cruzada que le quedó pendiente a Quattropani.
Según datos oficiales, el Poder Judicial tiene 2.061 empleados. De ese total, 1.446 responden a la Corte de Justicia; 448 reportan al Ministerio Público (entre fiscalías y asesorías) y 167 a la defensa pública (legalmente dependen de la Fiscalía General, pero gozan de cierta autonomía). Una de las facultades del Fiscal General es nombrar personal sin haber concursado, también designa a los secretarios relatores y jerarquiza a los trabajadores que están bajo su órbita.
El Fiscal General está a cargo del Tribunal Electoral de la Provincia, que autoriza desde el adelantamiento de elecciones y hasta puede impugnar listas. Si bien dos miembros de la Corte integran el Tribunal Electoral, es el Fiscal General quien lo preside y dirige. Por lo bajo, siempre el Fiscal es fuente de consulta cuando se quieren cambiar las reglas del juego electorales. En los últimos años, hubo cambios diversos, entre los que se destacan la eliminación de las PASO y la resurrección de la Ley de Lemas (Sistema de Participación Democrática).
Hasta el 2019, en San Juan los jueces se encargaban de guiar las investigaciones y de juzgar, pero con la puesta en marcha del sistema acusatorio en agosto, la investigación pasó a ser guiada por los fiscales, ampliando la estructura de personal del Ministerio Público Fiscal (siendo CAVIG la más grande). Después de la implementación del Procedimiento Especial de Flagrancia, en febrero del 2021, se puso en marcha el Sistema Acusatorio para determinados delitos en la primera Circunscripción Judicial. En agosto del 2023, se implementó el Sistema Acusatorio en la Segunda Circunscripción - Jáchal e Iglesia-. Concluyó en febrero del 2024 con la puesta en funcionamiento del Sistema Acusatorio Adversarial Penal de manera integral (todos los delitos) para ambas circunscripciones judiciales de la Provincia.
Llevar adelante el sistema acusatorio, implica también que el Fiscal General fije la política criminal de la provincia. Un ejemplo es lo que sucedió en pandemia: todas las faltas a la normativa fueron juzgadas por flagrancia, por ende, las investigaciones fueron encaradas por Fiscalía.
Una de las disputas que le quedó pendiente a Quattropani fue conseguir manejar presupuesto propio y funcionar como órgano extra poder, como sucede en otras provincias del país como Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. En San Juan, el Poder Judicial se financia con recursos del Presupuesto General de la Provincia y es la Corte de Justicia la que administra ese dinero. El Ministerio Público Fiscal se maneja con los recursos que le asigna el máximo tribunal. Para pedir reintegros o para montar alguna actividad, Fiscalía debe presentar un expediente, que necesita la aprobación de la Corte de Justicia. Es infrecuente, según indicaron, que sean rechazados las solicitudes del Ministerio Público. Tiempo de San Juan preguntó cuántos recursos se destinan al funcionamiento de la Fiscalía General, pero informaron que no está especificado de esa manera en el presupuesto de la Justicia.
¿Es posible una reforma judicial de este tipo? La Corte tiene la sartén por el mango porque solo el tribunal posee el poder de la iniciativa legislativa.
Según consta en el artículo 206 de la Constitución Provincial, la vacante debería ser cubierta dentro de los noventa días de producida, es decir, que los plazos vencerían exactamente el 19 de octubre, puesto que falleció el 21 de julio pasado. El fiscal Daniel Galvani es quien subroga la Fiscalía General hasta que se elija su reemplazante.
El martes 16 de septiembre el cuerpo compuesto por Juan José Victoria (presidente, en representación de la Corte), la ministra Palma (por el Ejecutivo), la diputada Fernanda Paredes (por el Legislativo) y los abogados del Foro Raúl Acosta y Valeria Torres concluyó la etapa de entrevistas a los 33 aspirantes que buscan ocupar el puesto vitalicio. Ahora solo resta que definan la terna.
