Diputados debatió la reducción de la jornada laboral: argumentos a favor y en contra

La reducción de la jornada laboral fue un tema que estuvo ya en debate el año pasado, pero sin avances. Ahora, además de las propuestas de Unión por la Patria, el socialismo y el Frente de Izquierda se sumó una de la UCR, en cabeza de Martín Tetaz, quien justamente preside la comisión. Su texto fue acompañado también por legisladores del Pro y Hacemos Coalición Federal.

El proyecto promovido por Tetaz plantea la creación de la “Jornada Laboral Alternativa”, permitiendo que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad.

Este sistema “tendrá una duración máxima de 48 horas semanales en las que cada sector, en función de las características de la actividad, definirá cómo distribuirlas, pudiendo existir jornadas diarias más largas durante menos días de la semana o bien jornadas más cortas durante mas días de la semana”, reza uno de sus artículos.

Por su parte, el proyecto impulsado por Hugo Yasky (UP) establece que la jornada no deberá exceder las 8 horas diarias o las 40 semanales; mientras que los propuestos por Sergio Palazzo y Julia Strada (UP) hablan de 6 horas diarias o 36 semanales, al tiempo que fijan límites a la jornada de trabajo nocturna e insalubre.

La iniciativa del diputado Nicolás del Caño (FIT) habla de 6 horas diarias como máximo y 30 semanales.

Por otro lado, un proyecto de Vanesa Siley (UP) establece el derecho a la “desconexión digital”, referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.

En el arranque de la reunión informativa, Tetaz aclaró que todos los oradores no iban a exponer este jueves, porque además algunos de ellos se encuentran participando de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual concurrirán a otro encuentro que se realizará el próximo 25 de junio.

La ronda se abrió con la participación virtual de Gonzalo Iparraguirre, antropólogo e investigador de la Universidad de San Andrés, quien señaló que en el mundo este tema se enmarca dentro de “las políticas del tiempo, que incluyen todos los usos que las personas tenemos en nuestra vida cotidiana, no solamente lo laboral, entra en juego nuestra vida familiar, recreativa, el ocio, el esparcimiento, la educación”.

En Argentina, “nos estamos regulando por una política que es totalmente anacrónica, que no responde a la época que estamos viviendo. Las políticas del tiempo, sobre todo en Europa, hace ya 30 años que se vienen discutiendo”, agregó.

El antropólogo también subrayó que “ya no tiene sentido la jornada laboral de ocho horas pensada en un ambiente fabril” porque “hoy en día los teléfonos, las computadoras, los mails ponen el trabajo permanentemente ‘en línea’. Pareciera que nunca terminamos de trabajar. Y eso tiene un impacto en la salud”.

En contra de las propuestas, Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, sostuvo: “Nosotros creemos que no debe modificarse el régimen de jornada laboral, salvo en lo tocante al contrato de trabajo a tiempo parcial”. “No hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción de la jornada”, dijo y aseguró que sí “van a aumentar los costos laborales, en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo”.

Sobre las iniciativas que hablan de reducir a 6 horas diarias y 36 o 30 semanales, “sin que esto implique reducción salarial, significa aumentar el costo de la hora trabajada para el empleador”, aseveró Juárez Ferrer y consideró que “deben desecharse los proyectos que reducen la jornada laboral sin reducción de coste salarial”.

En la misma línea, Virginia Giordano, jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, afirmó que “ya dos de cada tres trabajadores en Argentina hacen una jornada laboral reducida, con lo cual un punto a favor es que la ley se adecuaría a algo que ya está sucediendo”. Sin embargo, “solamente un tercio de los trabajadores tienen empleo asalariado registrado”, indicó.

La economista precisó que los trabajadores argentinos trabajan en promedio “40,2 horas semanales”. “Los potenciales beneficiados por un cambio en la legislación van a ser un 15% de los ocupados”, apuntó y estimó que “pasar de ocho a seis horas tendría un costo laboral de 33% para las empresas”.

Giordano insistió que estos cambios “no van a tener muchos efectos e incluso pueden traer dolores de cabeza a las empresas”; aunque sí se mostró a favor que se fomente el teletrabajo, “que sí tiene evidencias de mejorar la productividad”.

A su turno, Julián Marchisotti, de la Comisión Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, expresó que a este tema “no hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad, sino de un punto de vista social y humano, porque atrás de esto hay personas, que no son consideradas mercancía -por suerte- desde hace siglos”. “Hay que buscar medidas para que la calidad de vida vaya en aumento y no en retroceso. Un trabajador fatigado es más propenso a sufrir accidentes de trabajo. Una jornada reducida va a tener un trabajador más predispuesto”, añadió.

Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, disintió con Juárez Ferrer y Giordano, al observar que “se analiza a la jornada de trabajo simplemente como un instrumento de política de empleo o de mejora de la productividad. Bueno, no es eso. La jornada de trabajo es una garantía constitucional y convencional, elevada a la categoría de derecho humano básico“.

En el mismo sentido, Analía García, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, resaltó que “es el trabajador o la trabajadora el sujeto de preferencia en tutela constitucional” y “el mercado se debe sujetar a los trabajadores y no al revés”, basado en fallos como Vizzotti o Aquino de la Corte Suprema.

“Es necesario modificar el régimen de jornada laboral porque no se puede pretender sostener una carga horaria igual a aquella prevista hace 100 años, pero esta modernización debe realizarse dentro de un marco constitucional y respetando los convenios de la OIT suscriptos”, expresó.

En la reunión también expuso María Agustina Chaves, delegada de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, quien arrancó: “La derecha y la clase empresarial, a través de los distintos gobiernos que la representan, como es el caso del gobierno de Javier Milei, intentan quitar derechos a la clase trabajadora, que los ha conseguido a través de los años con lucha y organización, para de esta manera seguir favoreciendo a un puñado de multimillonarios”.

Recordó que en 2003 el gremio logró la reducción de la jornada laboral a seis horas para el sector de tráfico y un año después para el sector de boleterías, lo que otorgó a los trabajadores “tiempo para estudiar, tiempo de ocio, tiempo con los hijos e hijas”. “Todo eso que decían de que la empresa se iba a fundir y se iba a ir, era una mera extorsión, porque la empresa no sólo se quedó y tuvo que contratar muchísima gente, sino que hoy, a 21 años, sigue al frente de la concesión del subte”, subrayó.

En referencia al proyecto de “desconexión digital”, Alelí Prevignano, del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, celebró esta iniciativa porque “en este concepto de ‘Onlife’ que se está estableciendo en el marco de las relaciones de trabajo, el trabajador está todo el día a disposición del empleador. No importa qué límite de jornada tenga”. “El WhatsApp lo tenemos todos 7×24 y hay una mala adecuación y mala responsabilidad empresaria de no prohibir el uso de esa herramienta, que es tan común y humana, en el marco de las relaciones laborales”, señaló.

Avanzado el encuentro, el abogado Jorge Samouelian expresó: “Mi convencimiento es que con estos proyectos lo que producimos es lo contrario a reducción de costos”. “Hoy el tema es mejor dejarlo como está y respetar los regímenes vigentes y la autonomía colectiva. La jornada ha sido adecuada a la realidad de cada actividad por la negociación entre sindicatos, quienes defienden los derechos de los trabajadores, entidades empresarias y avaladas por el Ministerio. Cuando queremos hacerlo por ley, abarcando a todos los trabajadores y sectores, pecamos por los hechos“, opinó.