Zulma Dora Ledesma presentó una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Especiales contra el juez Comercial Javier Antonio Vázquez, el procurador Francisco Bataller y otros involucrados, por presuntos delitos de estafa procesal, abuso de autoridad, prevaricato y defraudación en grado de tentativa. Ledesma realizó la presentación en su carácter de cesionaria de derechos de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 5 de Diciembre, entidad que, según afirma, es la legítima propietaria del inmueble que está en el centro del conflicto.
La acusación sostiene que el magistrado habría impulsado un “plan maestro” para desapoderar a la cooperativa de su único bien, ubicado detrás del Hiper Libertad, con el fin de utilizarlo para cubrir deudas de la quiebra de Pahome S.A., un expediente abierto en 1995. De acuerdo con la denunciante, el hecho más grave ocurrió recientemente, cuando el juez Vázquez habría promovido una resolución para anular los asientos registrales del inmueble en el Registro General Inmobiliario. Con esa acción, sostiene, se buscaba borrar la inscripción definitiva de la cooperativa y retroceder al estado registral anterior, donde Pahome figuraba como propietaria, lo que permitiría concretar una venta directa del bien. Incluso mencionó un intento reciente de venta al empresario Francisco Paolini, quien —según Ledesma— podría haber actuado como comprador de buena fe.
La denunciante advirtió que esta maniobra podría inducir a error tanto a un potencial adquirente como al Registro de la Propiedad, utilizando lo que calificó como un ardid para concretar la operación.
El conflicto tiene una raíz judicial antigua. La cooperativa compró el terreno en 1987 y lo transfirió a Pahome en 1992 con la obligación de construir viviendas, pero la empresa quebró en 1995 sin cumplir. En 1998, el juez Gutiérrez Gallo dictó una sentencia firme que ordenó devolver el inmueble a la cooperativa. La escritura de restitución se formalizó en 1999 y, tras varios intentos fallidos de inscripción, Ledesma logró la inscripción definitiva a nombre de la cooperativa en 2019.
La denuncia también apunta al procurador Francisco Bataller. Ledesma sostiene que mantuvo un conflicto de intereses debido a su rol como exdirector de Cooperativas y exapoderado de la misma entidad. Además, lo acusó de haber adquirido un terreno lindero en una subasta en el año 2000 y de presentar en 2017 un escrito en la quiebra afirmando que la escritura de devolución nunca se consolidó, algo que la denunciante califica como falso. Según su acusación, esa declaración fue tomada por el juez Vázquez para ordenar la subasta del inmueble cuestionado.
Ledesma aseguró que conoce a fondo la documentación del caso y que tuvo que impulsar esta denuncia penal tras agotar todas las vías de reclamo. Indicó que ya había presentado la denuncia el 15 de febrero de 2024, pero que “desapareció como arte de magia”, lo que la obligó a insistir con una nueva presentación. Además, reservó el derecho de ampliar la acusación si se comprobara que el inmueble fue vendido después de esta última denuncia.
Qué dice ahora la Fiscalía
Consultado por Tiempo de San Juan, el fiscal de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, confirmó que la denuncia está bajo análisis. Explicó que aún estudian si existe mérito suficiente para avanzar formalmente con la investigación, ya que en casos de conflicto entre partes pueden existir excepciones que habiliten una venta directa dentro de un proceso de quiebra. Sin embargo, aclaró que nada está definido y la situación continúa en revisión.
La causa sigue en etapa preliminar, a la espera de que la Fiscalía determine si corresponde abrir una investigación penal formal o descartar la acusación.
