¿Cambios en el Gabinete nacional?: los que se irían, los que llegarían

Claro que según quien cuente o interprete, las versiones difieren, y los nombres que seguirían, los que abandonarían y los que ingresarían, cambian.

La intención sería la que se viene anunciando desde hace mucho tiempo: darle mayor volumen político al conjunto de colaboradores presidenciales, acercando dirigentes de mayor peso y trayectoria que los técnicos del Grupo Callao, que predominaron estos dos años y medio de gestión.

Un movimiento que muchos aseguran que ya está firmado es la vuelta a su Tucumán natal de Juan Manzur, donde es gobernador en uso de licencia, para dejarle la Jefatura de Gabinete a Sergio Massa.

Pero podría haber otro destino para Manzur, en el ministerio del Interior, donde haría pesar su camaradería con los gobernadores. Claro que esto significaría desplazar de ese cargo a Wado de Pedro, un soldado de Cristina que difícilmente podría ser ubicado en un sitio de similar relevancia. Podría ser Justicia, pero Martín Soria está firme en esa cartera.

Otra opción para la Jefatura de Gabinete sería la de Milton Capitanich, otro gobernador de buena relación con sus pares, incluso los opositores, cuyo nombramiento Cristina Kirchner vería con mejores ojos que el de Massa, y que la continuidad de Manzur.

La obsesión por mantener a Manzur en el gobierno Nacional, afirman algunos analistas, no tiene que ver con la capacidad de gestión del tucumano, que se fue desinflando rápidamente desde que asumió, sino con que el presidente “se siente en deuda”.

El que parecería tener todos los boletos del tren de partida comprados es el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Moroni es el único de aquellos “funcionarios que no funcionan” que permanecen en el cargo. Ya se fueron Bielsa, Kulfas, Losardo, Guzmán, se lo movió a Cafiero a Cancillería, y queda Moroni.

Otro que podría salir por cierto enojo presidencial reciente es el ministro de Agroindustria Julián Domínguez. En el círculo íntimo de Fernández le reclaman no haber cruzado al campo luego de que el presidente acusara al sector de intentar un golpe de mercado reteniendo “20.000 millones de dólares en cereal sin liquidar”. El silencio de Domínguez podría costarle el cargo.

El mismo camino podría seguir su segundo, el secretario de Agricultura Matías Lestani que, en un episodio que solo puede ocurrir en un gobierno de Alberto Fernández contradijo al mismísimo presidente, (y vivió –políticamente- para contarlo) señalando que "acusar al productor de especular por esta cuestión es desconocer la dinámica del campo".

Para completarla, en la muestra de la Rural, prácticamente cerró filas con la patronal campera contra el impuesto a la renta inesperada al sostener que el productor no pudo captarla “porque subió el valor del producto, pero también el de los insumos”.