Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa operación, amparada por la Ley de Mercado de Capitales, se realizó por 27 millones de dólares.
En una maniobra que ha despertado fuertes interrogantes por su sincronía, el grupo liderado por Javier Madanes Quintanilla concretó un importante movimiento de activos apenas días antes de anunciar el cierre definitivo de la planta de neumáticos Fate. A través de una operación de 27 millones de dólares, la productora de aluminio Aluar adquirió una fracción de 12,7 hectáreas del predio que la fabricante de neumáticos posee en San Fernando.
Sincronía bajo la lupa
Lo que más llama la atención de esta transacción no es solo el monto, sino el cronograma de ejecución. Mientras el conflicto sindical y la crisis de competitividad de Fate escalaban, la operación se gestaba en silencio:
Esta fracción de tierra representa aproximadamente el 30% del predio industrial total de 40 hectáreas que Fate ocupa en la calle Blanco Encalada al 3000.
Activos estratégicos y refugio de infraestructura
Desde Aluar se justificó la compra argumentando que el terreno ya albergaba funciones críticas de la empresa bajo régimen de alquiler. Al pasar de inquilina a propietaria, Aluar se asegura el control de su Centro de Cómputos (nodo clave para la logística y administración del grupo), sus oficinas administrativas y el Centro de Capacitación de Carpinteros.
Además, la adquisición responde a necesidades futuras. Aluar debe cumplir con compromisos de la convocatoria “Almacenamiento AlmaGBA” de la Secretaría de Energía, lo que requiere espacio propio para instalar equipamiento de almacenamiento energético. La empresa también proyecta utilizar las áreas libres para nodos logísticos y generación de energía renovable, como paneles fotovoltaicos.
El contraste: Cierre y conflicto social
Mientras Aluar fortalece su patrimonio inmobiliario y estratégico, el panorama en Fate es desolador. El cierre de la planta de neumáticos radiales implica el despido de 920 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la pérdida de competitividad, la presión sindical del gremio SUTNA y la apertura de importaciones.
Ante la magnitud del impacto social, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Esta medida obliga a las partes a retrotraer la situación, suspendiendo los despidos momentáneamente para abrir una instancia de negociación en el Ministerio de Capital Humano.
Legalidad de la maniobra
Al ser empresas del mismo grupo económico, la transacción fue analizada bajo la Ley de Mercado de Capitales (N° 26.831). Un Comité de Auditoría y tasadores independientes (como RG Crende y L.J. Ramos) dictaminaron que el precio de US$ 211 por metro cuadrado se ajusta a los valores de mercado, calificando la operación como "razonable" y acorde a las prácticas habituales entre partes independientes. El acuerdo incluye, además, un pacto de retroventa por cinco años, permitiendo a Fate recomprar el terreno bajo ciertas condiciones escalonadas.