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Revuelo político

Afiliaciones "truchas" a Ideas de la Libertad en San Juan: qué dice la Justicia Federal

El secretario Electoral de San Juan, Edgardo Benítez, habló sobre la situación en la que ya hay cuatro figuras del PJ de San Juan que aparecieron entre los afiliados de Ideas de la Libertad y dijeron no haber prestado consentimiento para eso.

Por Redacción Tiempo de San Juan

En San Juan se conoció en los últimos días una seguidilla de casos de importantes dirigentes del PJ que dijeron haber sido afiliados al partido Ideas de la Libertad sin el debido consentimiento. Desde la Justicia Federal donde funciona la Secretaría Electoral, hablaron sobre este llamativo asunto y dijeron que "no es frecuente" y que ha sucedido esporádicamente a lo largo de los años. El secretario Electoral, Edgardo Benítez, explicó que ellos llegan hasta el subsanamiento de los datos en las planillas y que de cualquier delito debe ocuparse el fuero penal de la Justicia Federal.

Los que aparecen como perjudicados son la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Analía Ponce, y su hijo, el ex candidato a intendente de Rawson, Eduardo Camus. Son los últimos conocidos ya que antes aparecieron enrolados en Ideas de la Libertad, que conduce Carlos Montiveros, otros dos conocidos pejotistas. Se trata del el exdirector de la Juventud, Emiliano Paradiso, y la concejal de Rivadavia, Romina Albarracín. La edil incluso dio su versión y dijo que integra el PJ desde 2009 y que hubo "falsificación de mi firma y uso indebido de mi identidad".

Los de Albarracín y Paradiso son casos que la Justicia Federal a través de la Secretaría Electoral manejan por denuncias de los supuestos damnificados. La vicerrectora acudió también para pedir que la borren y no descarta hacer la denuncia penal, según dijo a TIEMPO DE SAN JUAN.

"No nos sorprende, porque estas cuestiones pueden ocurrir. Sí, debo aclarar que por ahí no es tan frecuente que ocurra esto, como por ahí se puede deducir a partir de estos casos. Esta situación yo, en los 15 años que llevo acá, la he visto en otras ocasiones, muy pocas veces. O por lo menos muy pocas veces ha venido la gente a manifestarse acá o a denunciarlo", dijo Benítez en diálogo con Canal 13 San Juan.

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Edgardo Benítez, secretario Electoral de la Justicia Federal en San Juan.

Edgardo Benítez, secretario Electoral de la Justicia Federal en San Juan.

El secretario Electoral describió cómo se manejan en su oficina en la conformación de partidos políticos. "Nosotros en la Justicia Electoral llevamos el registro de afiliados de todos los partidos políticos de orden nacional acá, en la provincia de San Juan. Todos, absolutamente todos. Y nosotros trabajamos con los partidos políticos a través de los apoderados de cada partido, que son los que acompañan, en su momento, debidamente, todas las fichas que llamamos nosotros de afiliado, que son los formularios, entre otros documentos".

Además, explicó que "desde el año 2015, nosotros también hemos establecido que cada partido político presente un certificante, es decir, una persona en el partido político responsable de chequear y certificar estas cuestiones. Los datos que vienen en complemento en cada formulario y las firmas. Es decir, cada partido político tiene una persona responsable. Algunos partidos políticos tienen una persona, algunos tienen dos y hasta tres certificantes y algunos partidos políticos coinciden la persona del certificante con el apoderado".

Por otro lado, sostuvo que "cuando se acompaña una ficha de afiliación a la Justicia Electoral, nosotros en la mano tenemos por lo menos cinco documentos donde consta la firma de la persona que quiere afiliarse. Tenemos cuatro formularios que la ley lo establece, uno de esos formularios queda en mano del afiliado, otro formulario en mano del partido político y los otros dos formularios o fichas quedan en manos nuestras como registro, que es lo que tenemos nosotros acá guardado. Y además de eso se acompaña fotocopia del documento donde consta la firma de la persona, que es ahí donde nosotros hacemos el chequeo, y también si la persona que se está afiliando llegare a ser afiliada a otro partido político debe acompañar también la renuncia a ese anterior partido político para que puedan ser afiliados al nuevo. Es decir, tenemos una serie de documentos donde podemos testear las firmas. Claro, también hay que aclarar, nosotros no somos profesionales, no somos peritos calígrafos".

Agregó que "nosotros cuando detectamos algún error, ya sea porque esté mal consignado el nombre o el domicilio o incluso la propia firma, cuando alguna vez sospechamos, nosotros devolvemos la ficha al acoderado partidario y le decimos que la vuelva a traer si quieren, pero corregido. Es la única manera de tomarla". Pero a la par resaltó que "a veces un partido político requiere un mínimo de 2.435 fichas multiplicadas por 4, entonces ustedes se imaginarán cuando llega un partido político con todo ese material para que nosotros lo chequeemos, estamos hablando de cajas".

¿Y el presunto delito?

Sobre la cuestión presuntamente delictual detrás de estas denuncias, Benítez aclaró que "nosotros somos Justicia Electoral, no tenemos competencia para intervenir en lo que va a ser esta cuestión que es de orden penal".

¿Cómo actua la Secretaría Electoral en estas situaciones si detectan una o si recibieron una advertencia por parte de la persona perjudicada? "Separamos esa ficha y nosotros le pedimos a la persona si quiere, en primer término, renunciar al partido. Más allá de lo que es estar o no fraguado, porque por ahí la persona quiere estar afiliada a ese partido, entonces se subsanaría y seguiría afiliada. Del caso contrario, se toma la renuncia y por lo pronto se saca de ese partido político y nosotros apartamos esa documental, esas fichas y demás. Hasta ahí podemos llegar".

Luego, lo que sigue es que la persona que se sienta víctima, debe hacer la denuncia en la Justicia Federa pero en el sistema penal. "Aquella persona que tenga este tipo de problemática va a tener que dirigirse a la Fiscalía Federal a los efectos de hacer la denuncia y se hará la investigación pertinente. Ahí participarán seguramente los profesionales, que son los peritos calígrafos, y ellos interpretarán y ellos debatirán y serán en definitiva los que informen al juez si efectivamente esas firmas han sido fraguadas o no. Y de serlo, el responsable puede ser pasible la aplicación del artículo 239 que establece el delito, en el Código Penal de la Nación, que establece la falsificación de instrumento público, a la que puede caber una pena de dos meses hasta dos años incluso".

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