En un giro que marca un fuerte retroceso en su peso político, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) perdió la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. Durante la reunión constitutiva de esta semana, el oficialismo decidió no ratificarla en el cargo que ocupó durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, proponiendo en su lugar al mendocino Facundo Correa Llano.
El desplazamiento es interpretado como una señal de que el "karinismo" ya no la considera para puestos de relevancia en el Congreso. Llama la atención que, durante el encuentro donde asumieron las nuevas autoridades, no hubo menciones ni agradecimientos hacia la gestión saliente de la rionegrina, quien ahora continuará en la comisión únicamente en calidad de vocal.
Presiones y "prontuario" bajo la lupa
La salida de Villaverde no fue sorpresiva para el arco legislativo. Desde el año pasado, diversos bloques habían solicitado su remoción debido a su supuesta relación con tramas vinculadas al narcotráfico. En particular, se la vinculó estrechamente con Claudio Ciccarelli, presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, un narco extraditado a Estados Unidos.
Diputados como Ana Clara Romero (PRO) habían calificado de inadmisible que una figura con tales cuestionamientos presidiera un área tan sensible. "No podemos tener a una chanta en un lugar tan estratégico; su prontuario dista de brindar estabilidad y confianza", sentenció Romero en su pedido de resolución. En la misma línea, el diputado Esteban Paulón (Socialismo) y el exdiputado Facundo Manes habían reclamado su exclusión por considerar que sus vínculos inhabilitaban su continuidad al frente de la comisión.
El frente judicial: embargos millonarios en Río Negro
A la pérdida de poder político se le suma un panorama judicial cada vez más complejo en su provincia. Recientemente, la Justicia de Río Negro ordenó un embargo por 31 millones de pesos contra Villaverde en una causa por daños y perjuicios vinculada a la venta de terrenos en el loteo Tajamar.
Este caso se suma a otros fallos similares:
- En diciembre pasado, un juez de Bariloche dispuso el embargo de su dieta como diputada y su aguinaldo por un monto de 40 millones de pesos.
- En agosto de 2025, se dictó otro embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos.
- Para evitar juicios adicionales, la legisladora debió homologar acuerdos para pagar 22 millones de pesos a otras damnificadas por incumplimientos contractuales en sus desarrollos inmobiliarios.
Aunque Villaverde intentó justificar las demoras en las entregas de los lotes por el impacto de la pandemia, los fallos judiciales subrayan el incumplimiento contractual y la falta de servicios básicos (luz, agua y calles) que habían sido pactados hace años.
Mientras la comisión ahora bajo el mando de Correa Llano comienza a debatir temas clave para el desarrollo del país, Villaverde queda relegada a un papel secundario, cercada por las demandas de quienes aseguran haber sido estafados por sus negocios privados en Las Grutas.