Comienza el año y comienzan también las negociaciones paritarias.
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Los trabajadores que vieron muy afectados sus salarios en el último quinquenio de recesión y altísima inflación quieren recuperar lo perdido, y pretenden que se recurra a un elemento que dio buenos resultados en años anteriores: la cláusula gatillo.
Todas las fuentes confirman que desde el gobierno nacional no quieren saber nada sobre el tema. Y lo que Casa Rosada disponga es replicado, casi sin excepción ni modificaciones, por los gobiernos provinciales, especialmente los del mismo signo político.
La única paritaria que se cerró hasta el momento es la que lleva adelante el “sindicalista soñado” por todos los trabajadores, el bancario Sergio Palazzo, que firmó un aumento del 29% en tres tramos (acorde con la inflación presentada por Martín Guzmán en el proyecto de presupuesto) más una revisión dentro de 6 meses, si es que la inflación se desborda.
Un salario inicial de ese sector, (que quedaría incluso fuera de Ganancias de aprobarse el proyecto que anunció Sergio Massa) sería en enero de casi 92 mil pesos, de 101 mil en abril y de 106 mil en agosto. Una utopía para la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos.
Pero no todos son los referentes de uno de los sectores más beneficiados por años de incentivo a la política financiera, que mantuvo, mucho mejor que otros, el poder adquisitivo del salario.
Muchos gremios saben que no podrán recuperar lo perdido en los últimos tiempos, (para algunos más del 40%) en capacidad de compra.
El gobierno nacional ya adelantó que pretende un techo paritario del 30%, en línea con el Presupuesto, aceptando así una recuperación salarial (de concretarse una inflación del 29%, lo que casi todos los especialistas descartan) de apenas el 1%.
La misma CGT, a quien no conducen los representantes más combativos del sindicalismo argentino, se sentará mañana con el gobierno y empresarios, en la primera reunión formal del Acuerdo de Precios y Salarios, con la prioridad de garantizarse la actualización automática de las remuneraciones, en caso de una disparada inflacionaria.
Fuentes del oficialismo dejaron trascender principios de acuerdo para el encuentro en el que se espera también las presencia de las dos CTA, pero referentes sindicales adelantaron que el ajuste de salarios por inflación será una condición no negociable para aceptar el límite que propone el Ejecutivo.
No es la primera vez que los gremios imponen la cláusula gatillo contra las expectativas presidenciales. Mauricio Macri, durante todo su mandato, buscó prohibirlas expresamente.
Este acuerdo de precios y salarios, una versión disminuida del hasta ahora prometido Consejo Económico y Social (hecho a medida del reciente “desertor” Roberto Lavagna), es una esperanza de Alberto Fernández y su sector, que esperan que se advierta como una respuesta a lo que muchos consideraron una “marcada de cancha” de Cristina Fernández, cuando a fines del 2020 señaló que la principal tarea del gobierno nacional para el año que venía era “alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas".
La ortodoxia monetarista del palacio de Hacienda sobre el tema (que llevó al fin del IFE) y las pretensiones sindicales parecen llevar a este encuentro de mañana, esperanza del albertismo, por aguas agitadas. El resultado es, por ahora una moneda al aire.
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