Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Alberto Fernández había declarado, días atrás y en el marco de la interminable batalla de gobiernos peronistas contra las entidades rurales, que "si el campo no entiende, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación”.
La advertencia, "albertencia", bromean desde sectores incluso del oficialismo, tenía que ver con la necesidad de que los productores de materias primas alimenticias bajen los precios, y los desanclen del valor de los commodities, que en virtud de la pandemia siguen subiendo en los mercados internacionales.
"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales", había dicho el presidente.
La postura de Fernández fue saludada efusivamente por acólitos del oficialismo, y castigada por dirigentes y medios opositores calificándola como una declaración de guerra contra el sector que genera la mayor cantidad de dólares, al tiempo que reconocía en una entrevista con Página 12, la necesidad del menguado fisco nacional de las divisas que liquida el sector: “Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales”.
La Mesa de Enlace respondió, rápidamente, con un comunicado en el que aseguró que "pocas veces en la historia democrática se vio a un Presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos”.
La patronal campera consideró que los dichos de Fernández fueron una amenaza pública "frente al resto de sus compatriotas y al mundo, a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento, humillándolos, una vez más, con una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación”.
Tras el ida y vuelta entre Campo y Gobierno, y la gestión del encuentro, la Mesa de Enlace se retiró del cónclave de la Rosada con una promesa de acuerdo bajo el brazo, y sin la aplicación de los derechos de exportación, al menos, en el horizonte cercano ya que, según palabras del propio presidente a los productores en la reunión, "no es mi voluntad o intención aplicarlas".
El grupo integrado por los principales directivos de Coninagro, la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, y la Sociedad Rural Argentina logró lo que quería, instalar ante el Gobierno que su participación en la cadena de costos de alimentos es baja, y que no justifica medidas de impacto fiscal contra el sector.
En consonancia, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, prometió que los equipos técnicos de la cartera analizarán los eslabones de la cadena de comercialización para precisar las estructuras de costos.
Mientras tanto, voces opositoras a la patronal campera se alzan desde los mismos sectores de la producción agropecuaria, y critican el permanente intento negociador de Alberto Fernández.
Pedro Peretti, dirigente rural y productor cordobés, aseguró hoy en una entrevista radial, que “con los monopolios no se negocia. Se los enfrenta porque históricamente fueron enemigos de todo lo que sea el campo nacional y popular".
En la nota denunció que ese sector “es el responsable del mayor contrabando que se realiza en la Argentina”, por el cual se evaden impuestos por exportación de granos, sólo en la Hidrovía, por 10.000 millones de dólares.
Peretti defendió el sistema de retenciones, pero "segmentadas, donde la carga impacte en los grandes productores y alivie a los más pequeños", una de las cosas que se le cuestionó al proyecto de Martín Lousteau cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y que se desató lo que se llamó, en 2008, "la guerra del campo".