La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti fue quien trazó un paralelismo entre lo que sucede con Vicentín y lo que pasó en la década del '80 con el grupo empresario Greco. El consorcio mendocino, que manejaba el 70% del mercado vitivinícola del país, quebró luego de recibir salvatajes estatales polémicos que terminaron incluso con el cierre definitivo del banco de la vecina provincia. En San Juan, la caída del grupo Greco dejó a firmas como Estornell en la cuerda floja y obligó a varias bodegas a cerrar. Greco fue confiscada por el gobierno militar pero los desmanejos terminaron con pérdidas totales para el Estado. La intervención y expropiación de Vicentín ahora está en manos del Congreso. La cesación de pagos de la cerealera ha dejado productores al borde de la quiebra y pone en duda la continuidad laboral de 6.000 trabajadores. A esto se le suma, una deuda de 18.000 mil millones de pesos con el Banco Nación.
El grupo Greco llegó a convertirse entre 1976 y 1979 en un holding que controlaba la bodega Arizu, Aguas Villavicencio y otras 40 firmas en el país. La bodega Resero, ubicada en San Juan, también pertenecía el grupo. Llegó a concentrar más de la mitad del mercado vitivinícola del país. Pero su poderío económico provenía del Banco de los Andes. Como sucedió con el mercado financiero durante la Dictadura, los bancos prometían altísimas tasas de interés a los ahorristas. A fines del '79 el modelo de la plata dulce estalló por una creciente inflación y por el intento de retiro en masa del dinero por parte de los ahorristas. El Banco de los Andes quebró, al igual que cientos en el país. La entidad crediticia supo ofrecer las tasas de interés más altas del país. Éste fue el inicio de la debacle del grupo Greco.
El crecimiento de Greco fue meteórico. En el ascenso, el Estado tuvo un rol muy importante. De una casa de créditos, el grupo pasó a construir un monopolio vitivinícola. Además del dinero de los ahorristas, el grupo Greco consiguió financiamiento gracias a llamativas transferencias del Banco Nación por más de 1.800 millones de dólares. Los hermanos Greco y el empresario Jorge Basil negociaron un nuevo aporte financiero del Banco Central para intentar salvarse pero la ayuda finalmente no se terminó entregando. Fue así como se dispuso la confiscación de la empresa en 1980. Los hermanos Greco fueron encarcelados.
Con la quiebra del holding, San Juan tuvo consecuencias devastadoras. La bodega Resero sufrió un duro golpe, al igual que las empresas que le vendían a los hermanos Greco. Entre éstas se encontraban la bodega Estornell (que perdió muchísimo dinero); la bodega Maravilla, la bodega Del Bono (que no pudo recuperarse y terminó cerrando) y la bodega CAVIC, que estaba en manos de los militares, a cargo del coronel Delfino, quien fue procesado por daño económico justamente por este caso.
El gobierno militar ordenó la intervención de 37 empresas del grupo, nombró gerentes en cada una de ellas y el manejo de dichas compañías terminó siendo escandaloso. Todas terminaron fundidas. Los gerentes compraban y vendían vino sin ningún criterio comercial acertado. Las medidas que tomaron terminaron favoreciendo a los amigos del régimen de facto. Compraban vinos de mala calidad a los empresarios cercanos a precios altísimos y así terminaron vaciando una a una las bodegas confiscadas. Se vendió todo el patrimonio de las empresas, no dejaron nada: vendieron camiones, tractores y toda la maquinaria valiosa. El dinero nunca ingresó a las arcas estatales.
En julio de 1984, ahora con un gobierno democrático en Argentina, Héctor Greco fue liberado. El empresario arrancó una negociación con el Estado. En 1987 hubo un acuerdo que le permitió al país mantener el grueso de las empresas. El objetivo era privatizarlas para recuperar algo de los 1.800 millones de dólares que el Banco Nación le prestó a los hermanos Greco desde 1976 a 1978. Finalmente, Greco terminó recibiendo 11 empresas, entre ellas Resero, la bodeha Arizu, entre otras. Al comprobar el estado de las mismas, vaciadas y destruidas, solo logró salvar a la sanjuanina Resero, que se la vendió a Cartellone. En este punto, Greco le inició juicio al Estado por corrupción y administración desleal.
En diciembre de 1988 Greco murió en un accidente automovilístico en Buenos Aires. Su hermano y su socio Basil quedaron al frente de los reclamos judiciales. En el 2006 el Estado casi termina pagando 600 millones de pesos de indemnización. El caso incluso llegó nuevamente a los medios de comunicación porque se descubrió que no hubo defensa estatal, no se presentaron pruebas, lo que termina casi costándole al país los 600 millones de pesos en cuestión.
Entre la quiebra del grupo Greco y la situación de Vicentín hay varias similitudes. Ambos grupos empresariales recibieron ayudas millonarias del Estado. Greco 1.800 millones de dólares y la cerealera 18.000 millones de pesos. En el caso de los hermanos Greco, el consorcio empresarial dejó deudas en todo el país, productores afectados que no recibieron ni un peso, bodegas que tuvieron que cerrar. En total 6.000 trabajadores quedaron en la calle. En el caso de Vicentín, hay 2.638 acreedores que esperan ser compensados por sus deudas. Al igual que los Greco, son 6.000 los empleados que dependen de la cerealera.
En la lista de acreedores figuran cinco firmas sanjuaninas, entre ellas un banco. Por su parte, ENAV, le debe a dos empresarios cerealeros. Las firmas sanjuaninas que figuran en la lista de acreedores son: Agroconsulta SRL, Agroganadera Central SRL, el Banco San Juan, Femalego SA y una particular cuyo nombre es Silvia Beatriz Ponzi. La deuda a los sanjuaninos asciende a $2.292.497,19; un monto bastante bajo en comparación con lo que sucede en otras provincias o regiones, tal es el caso de Santa Fe y de Córdoba, donde la compañía condensa más del 75% de su deuda, dejando fundidas a empresas proveedoras por la falta de pagos.
La intervención de Vicentín será debatida por diputados y senadores y su futura y posible expropiación.
