El diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, ha presentado un proyecto de ley que busca establecer una prohibición taxativa, por un plazo de cinco años, a la importación de prendas y artículos textiles usados en Argentina. La iniciativa surge en un contexto donde, según datos citados en el proyecto, el ingreso de este tipo de mercadería alcanzó un récord de más de 4,6 millones de kilos en 2025, lo que representa un crecimiento exponencial y una amenaza directa para la producción local.
Los tres pilares de la prohibición
El proyecto, que ya fue girado a las comisiones de Industria y Economía de la Cámara de Diputados, se fundamenta en tres ejes críticos:
- Emergencia Sanitaria: Castagneto advierte que las prendas de segunda mano pueden ser portadoras de bacterias, hongos, parásitos y residuos químicos. La fiscalización de estos riesgos resulta casi imposible debido a los masivos volúmenes que ingresan por las fronteras.
- Impacto Ambiental: Se denuncia que muchas de estas prendas poseen fibras sintéticas que liberan microplásticos durante su uso y lavado, elementos que no se reciclan con facilidad. El diputado sostiene que Argentina se está convirtiendo en el destino de los excedentes textiles de otros países, en lo que define como un proceso de “exportación de residuos”.
- Defensa de la Industria y el Empleo: La "avalancha" de importaciones, facilitada por un tipo de cambio congelado y políticas de apertura comercial, ha generado un escenario de competencia desleal. Esto se traduce en una pérdida de fuentes de trabajo en talleres y fábricas nacionales, así como en una caída de la producción textil en diversas regiones del país.
Excepciones bajo estricto control
La normativa contempla una única excepción: las donaciones destinadas a entidades públicas, religiosas y organizaciones sin fines de lucro. No obstante, estas operaciones estarán sujetas a controles rigurosos, incluyendo la inscripción en registros oficiales, acreditación de antigüedad de las instituciones y la prohibición absoluta de que dichas prendas sean comercializadas posteriormente. El objetivo es evitar que la ayuda humanitaria sea utilizada como un "atajo" para el ingreso de ropa con fines de lucro.
