El Gobierno nacional decidió establecer nuevos controles aduaneros a la importación de ropa usada, luego de que un informe revelara que el ingreso de estas prendas de "segunda mano" se multiplicó por 40 en los primeros ocho meses del año. La medida, que busca restringir fuertemente el procedimiento sin llegar a prohibirlo, responde a la necesidad de evitar eventuales riesgos sanitarios.
La decisión fue tomada luego de que se revelara la explosión en la operatoria, que, según reportes, multiplicó sus montos de importación por cuarenta en los primeros ocho meses de 2025 respecto a todo 2024. Tras la difusión pública de esta problemática, se generaron consultas internas en el Gobierno y reclamos por parte de cámaras empresariales del sector textil e indumentaria.
El mecanismo de control
Los nuevos controles se establecen para las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90, que comprenden la ropa usada y otros productos. Según una comunicación interna de la Aduana, se requerirá documentación extra para este tipo de mercadería.
Específicamente, se solicitará un nuevo documento, denominado "AUTO-ROPA-USADA", al momento del registro de las destinaciones aduaneras. Las autoridades consideran esta acción "necesaria para poder evaluar los eventuales impactos que las importaciones de dichas mercaderías pudieran causar en materia ambiental y otros aspectos referidos a la salud pública". Este nuevo formulario se suma al certificado de desinfección que ya es obligatorio.
Si bien la medida evita la prohibición, la cual "sería algo incómodo para el discurso de este Gobierno en materia de política comercial", el objetivo es claramente restrictivo. Una fuente explicó que lo que se verá hacia adelante es una "fuerte caída del volumen", ya que, al poner este tipo de controles, se apunta a trámites que no son sencillos de completar, sobre todo cuando se evalúa el potencial riesgo sanitario.
La necesidad de endurecer los controles surgió a partir de una advertencia del Ministerio de Salud. Un informe confirmó que la importación de ropa usada puede traer aparejados riesgos sanitarios para la salud pública. La evaluación indicó que "los efectos son especialmente graves en poblaciones vulnerables, como bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas".
Históricamente, la operatoria de importación de ropa usada estuvo prohibida entre 1999 y 2022. Gran parte de la mercadería que llega a Argentina proviene de Estados Unidos, ya que allí existen regulaciones ambientales y costos crecientes que prohíben su incineración.
Esta escalada en la importación se da en el marco de una profunda crisis sectorial para los industriales textiles locales. En octubre pasado, las fábricas del sector utilizaron apenas el 33% de su capacidad instalada, registrando el desempeño más bajo de toda la industria en ese indicador.
Según la Fundación Protejer, el sector lideró la destrucción de empleo privado registrado, perdiendo 14.000 puestos de trabajo en el rubro textil, confecciones, cuero y calzado desde noviembre de 2023. Las empresas del sector hablan de una "Doble Nelson" producida por la caída del mercado interno y una apertura comercial acelerada en condiciones adversas para competir. Además de los riesgos sanitarios, los industriales venían alertando sobre potenciales estragos ambientales, citando el ejemplo del desierto de Atacama en Chile, donde se descarta alrededor del 40% de la mercadería que ingresa.