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SUSCRIBITE El Gobierno de San Juan tomó la decisión de suspender el aumento de sueldo que habían acordado con los estatales sanjuaninos. Así lo anunció la ministra de Hacienda Marisa López este miércoles en una conferencia en la que detalló la situación de las cuentas provinciales, que aseguró se encuentran en una situación grave porque a la pandemia agravó los problemas preexistentes en el país.
De esta manera, los estatales de la provincia no cobrarán el 8% restante del aumento que acordaron en marzo hasta que "no vuelvan los niveles de recaudación provinciales", que tanto por impuestos internos como por la coparticipación ha sufrido una merma importante. Las mejoras salariales suspendidas son las que estaban pendientes para mayo, del 3.5%, y la de julio del 4.5%.
La ministra explicó durante la conferencia que tomaron la decisión luego de discutir con los sindicatos estatales sobre lo que está pasando. "Esta situación ha venido a cambiar las condiciones existentes al momento de la negociación salarial, imposibilitando de cumplir con los compromisos asumidos" aseguró López.
El aumento salarial de 2020 acordado en marzo era del 13.5% para todos los trabajadores estatales de la provincia. Hasta el momento los trabajadores han recibido de este porcentaje el 5.5% de aumento de marzo y una suma fija de $1350 todos los meses.
Antes de anunciar la medida de mayor impacto, la suspensión del aumento salarial, Marisa López explicó detalló cuáles han sido los esfuerzos realizados por la provincia durante la actual crisis por la pandemia. La funcionaria resumió la situación con la frase "sobre llovido mojado", en referencia a que la provincia estaba acumulando desafíos fiscales desde los mese anteriores, con la crisis económica nacional, y cuando empezaban a organizar las cuentas apareció el coronavirus para complicar aun más la situación.
Si bien dijo que la provincia tenía sus cuentas ordenadas, y comparó con que "del total de las provincias, 20 siguen con los salarios de 2019" aseguró que por el arrastre nacional San Juan se encontraba en recesión antes de la llegada de la pandemia, que sumó al escenario la emergencia económica. Esto significó una caída de la recaudación por el confinamiento y paralización de la economía, sino también mayores gastos en las áreas de Salud, Seguridad y Asistencia Social. La provincia, aseguró, ha tenido que tomar medidas drásticas no sólo para "volver al camino del crecimiento ecónimico" como dijo, sino sobre todo con la prioridad de "salvar las vidas de los sanjuaninos".
En cuanto a las medidas, Marisa López aseguró que se ha reforzado el "el control y contención del gasto corriente, que se tradujo en un 30% de reducción en todas las áreas de Gobierno a excepción de Salud, Seguridad y Asistencia Social. Además se redujeron las partidas de deporte y turismo, a la vez que suspendieron los gastos en bienes de capital.
En cuanto a la obra pública, tanto la ministra como el Secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, explicaron que se realizó un plan por el cual relantizaron algunos proyectos y aceleraron los que tenían que ver con la Salud Pública o los que estaban más cerca de terminar. Esto último con vistas a mantener la cantidad de empleo en el sector de construcción. Todas estas medidas, calculan, generaron un 10% de ahorro para las cuentas provinciales. A esto se suman que comenzaron a trabajar en cambios en el presupuesto provincial para el segundo semestre.
La provincia a su vez recuperó un 25% de la deuda que tenía Nación a través de Vialidad Nacional por las obras que realizó la institución y que pagó la provincia en la anterior gestión presidencial. A su vez, San Juan ya solicitó la prórroga del Fondo de Sustentabilidad que próximamente tenía vencimientos.
En cuanto las formas que tiene la provincia de refinanciarse, por un lado López aseguró que no descartan en las próximas semanas utilizar finalmente parte del fondo anticíclico, además que no descartan tomar deuda tanto a través de la emisión de bonos como de pedir un préstamo a entidades bancarias u organismos. La provincia necesitaría, en una primera instancia, cerca de $3000 millones de pesos.