El otorgamiento de la prisión domiciliaria a presos de todo el país se convirtió en un tema de debate nacional. En San Juan se conoció que hubo 200 solicitudes de personas privadas de su libertad que le pidieron a la Justicia la domiciliaria. Todo se da en este contexto de pandemia. La mayoría de los pedidos argumentan sobrepoblación carcelaria y problemas de salud preexistentes. Por el momento, la justicia local no ha tomado ninguna decisión al respecto y la Federal concedió una de las solicitudes. Qué opinan referentes sanjuaninos sobre este tema, que se encuentra en el centro de la polémica.
"El principio general es que deben permanecer detenidos los que tienen prisión preventiva o están condenados y que reciban asistencia convenientemente en las cárceles, o tener un hospital para detenidos. Cuando excepcionalmente no se le pueda brindar asistencia sanitaria, ahí si se lo puede dar domiciliaria. Hay veces que hay confusiones, no es lo mismo una persona que tenga prisión preventiva a una que tenga condena, el juez de garantía tiene que disponer la libertad de una persona cuando ha cumplido más de dos tercios de la condena, la ley 27.372 establece los derechos de las víctimas entonces también hay que escuchar ahí y ver en cada caso de que el juez de ejecución penal que la aplique escuche a las víctimas en los estadios procesales que manda la ley, especialmente cuando se hace parte querellante o actor civil a la víctima. La prisión preventiva es otra cosa, es una medida procesal tendiente a que mientras dure el proceso, de acuerdo a la gravedad del delito. Otra confusiones en que se suele concurrir es la intervención del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que excepcionalmente tienen facultades para el indulto en el caso del presidente y el dictado de una ley de amnistía en caso del Congreso".
-Juan Bautista Bueno, abogado
"Seria prudente, cuando se refieren a "presos" entender que no se habla de culpabilidad, excepto que digamos sentenciados. En Argentina, aproximadamente existen la cantidad de 69.000 internos, y no todos tienen sentencias, incluso muchos de ellos sentencias firmes. En este orden en San Juan, se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial estimativamente 1.800 internos y es indudable que debe analizarse caso por caso, las presentaciones que se lleven a cabo, existiendo para ello un Fiscal y un Juez de Ejecución, quienes tienen que conforme a derecho ocuparse de cada caso, como se viene haciendo. El Servicio de Salud de la Provincia, para el caso de producirse algún síntoma en el penal y que pueda tener incidencia en los internos y los aproximadamente 1.000 agentes penitenciarios, haría que el sistema colapse automáticamente. En consecuencia, no es un tema menor, tomar las precauciones. De hecho que se suspendieron las visitas, pero no obsta, que el COVID 19 pueda ingresar en el mismo. Para aquellos casos que corresponda, se puede obtener el beneficio y con ello descomprimir la población carcelaria. No obstante, tiene que extremarse los cuidados, para no incurrir en un acto de injusticia".
-Conrado Suárez Jofré – Alejandra Rojo Sanz, abogados
"Las resoluciones judiciales que a pedido de parte otorguen prisiones domiciliarias con motivo de la pandemia de COVID-19 deben invocar las razones específicas para su otorgamiento, debidamente articuladas con las constancias de la causa y/o elementos probatorios incorporados al efecto. Siempre deben ser fruto de una reflexión concreta expresada por los magistrados para justificar la medida de excepción. Asimismo, en todos los casos debe asegurarse la efectividad del cumplimiento de la medida a los efectos de que la condición de encierro de la pena, en este caso domiciliaria, no sea vulnerada ni extremadamente costosa y a su vez permita cumplir con las restricciones propias de la cuarentena vigente. Por tanto, estos beneficios provisorios siempre deberían concederse de manera restrictiva, con el debido seguimiento, y nunca en forma general. Entendemos que los operadores del Poder Judicial están compelidos a lograr un equilibrio en cada uno de los casos de vulnerabilidad entre los derechos individuales a la salud de los ciudadanos encarcelados y a la seguridad de la/s víctima/s del delito; entre el derecho colectivo a la salud pública, que también se ve amenazado por el riesgo de contagio de un numeroso grupo de personas por las condiciones de hacinamiento de la población carcelaria, y el cumplimiento del mandato de seguridad pública propio del Estado de Derecho, que compromete la acción del Poder Ejecutivo. Nada sencillo. Este arduo trabajo de ponderación es otro de los desafíos de esta pandemia que pone a prueba la maquinaria institucional y nos obliga a recurrir a la creatividad para encontrar otras soluciones alternativas a la excarcelación, siempre en defensa de los derechos humanos ahora en emergencia común".
-Federico Sanna, abogado
"Primero que todo, aclarar que la disposición sobre otorgar prisión domiciliaria le corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo. En términos generales, la situación carcelaria en el país es bastante mala, hay situaciones de hacinamiento y además es un foco importante de contagio. Las recomendaciones de los organismos competentes internacionales buscan evitar eso. Hay que saber distinguir las situaciones en las que por delitos menores se pueda otorgar la domiciliaria y demás, sin que eso ponga en riesgo a las víctimas, teniendo en cuenta todo lo que es violencia de género, abuso y demás. A su vez, estamos hablando de delitos menores, no delitos graves como violaciones, asesinatos, de lesa humanidad, etc, en los que considero que no es oportuna la prisión domiciliaria".
-Filomena Noriega, abogada
"Si cumplen con los requisitos, me parece acertado el pedido por parte de los presos. En la pandemia corren peligro adentro del Penal. Hay sobrepoblación, donde tienen que dormir cinco duermen quince. Además hay población de riesgo. Siempre que estén controlados, no va a producirse ninguna ola de delitos por otorgar las domiciliarias. Además va a servir para descomprimir el Servicio Penitenciario no solo a nivel población sino también a nivel ánimo".
-Sabrina Giménez, abogada
"Por un lado la ONU recomienda en liberar a los presos en situación de riesgo para evitar la propagación del virus en las cárceles, teniendo en cuenta que en muchos países las cárceles están sobrepobladas y no manejan las pautas de higiene. Pero no estoy de acuerdo que se libere a condenados por delitos contra la integridad sexual, femicidios o cualquier delito agravado por ejercer violencia de género porque es importante que se resguarde a la víctima. En esos delitos generalmente la víctima vive cerca del condenado, de manera tal que ponemos en peligro a la víctima. No estoy de acuerdo con esta campaña que dice que el Gobierno está impulsando la liberación masiva de presos, el Ejecutivo no tiene facultades para determinar la liberación de un preso".
-Santiago Riveros, presidente de CEPEL
"Si bien el tema merece ser atendido por especialistas del derecho y de derechos humanos, me parece que el gobierno de Alberto, que venía teniendo cierta legitimidad con esto, es corrido por izquierdas y por derechas. Por izquierda porque, siempre tiene una visión un poco más humanista, y se enfoca en el estado sanitario de las cárceles y la reinclusión social, y por otro lado de la derecha, que quiere deshacerse de un sector de la población que ha incurrido algún delito, sabiendo que hay gente inocente o sin sentencia. Va a tener un costo político muy fuerte porque hay un conflicto de derechos entre promover la salubridad de los ciudadanos y como contrapartida la seguridad en materia física. El ejecutivo tiene que definir qué es más importante, en materia de seguridad penal y en materia de salud. Hay una complejidad que hay que ver, si no hay un suficiente control sobre los reclusos para que cumplan la pena en el domicilio realmente es un problema. De lo que sí estoy seguro es que toda sociedad tiene su chivo expiatorio y en gran medida la gente que está cumpliendo penas y encierro son los grandes chivos expiatorios de nuestra sociedad, como si nadie más pudiera cometer un delito y terminar en la cárcel".
-Eduardo Castro, UCR
"La Unión Cívica Radical institucionalmente rechazó a la concesión de prisiones domiciliarias masivas. Entendemos que vulnera los derechos de las víctimas de delitos y constituye un riesgo la seguridad de los ciudadanos. No hay orden social justo si se vulneran los derechos de las víctimas".
-Gustavo De la Fuente, abogado
"Hay muchas peticiones que son justas. No creo que vaya a haber una ola de delitos masivos por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a quienes están en su derecho de pedirla. El Estado es el que tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cárceles que tienen una sobrepoblación superior al 170% de su capacidad no veo para nada descabellado que haya presos que soliciten la domiciliaria".
-César Jofré, abogado
"Estoy de acuerdo con los pedidos de prisión domiciliaria a los internos que tienen un problema de salud o son mayores de 60 años. Eso es nuevo en cuanto a los pedidos por la pandemia, entiendo que hay circunstancias en las que se puede dar en base a la sobrepoblación penitenciaria y porque hay problemas en la protección. Pido que se resuelvan rápido los pedidos, no es una excarcelación sino cumplir la condena en su domicilio. A su vez, entiendo que a esas personas que están cerca de obtener un beneficio como una salida transitoria sería importante que le den el beneficio. Hay veces que corresponde y otras que no, hay veces que tienen perpetua y quieren la domiciliaria. Pero si se tienen en cuenta los criterios de razonabilidad es necesario. Muchas veces este beneficio se le da a las mujeres que tienen hijos menores de cinco años o amamantan. Soy de la idea que aquellos condenados que tienen penas menores, que las penas no se cumplan en el Penal. Todo teniendo en cuenta la sobrepoblación carcelaria".
