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SUSCRIBITE Los diputados cubrieron la vacante de Defensor del Pueblo de San Juan, que había dejado al morir Julio Orihuela en diciembre de 2018. Se trata de un puesto que trajo polémica porque Orihuela estuvo por más de 30 años en el cargo, desde que fue creado por la Constitución Provincial de 1986 con carácter vitalicio, lo que desde hace pocos días fue reformado. El elegido para el emblemático lugar es un justicialista cuyo nombre sonaba hace semanas: Pablo García Nieto.
Se trata de quien era diputado y jefe del bloque PJ en la Cámara hasta esta semana. En marzo se presentó para la interna del Frente Todos como precandidato a intendente de Rawson, pero perdió ante el giojista Rubén García, quien luego se consagró jefe comunal. García Nieto tiene su propio espacio político activo en Rawson y es hombre de confianza de Sergio Uñac, hermano de la ministra de la Corte de Justicia Adriana García Nieto e hijo de la histórica ministra de Educación Ana María Nieto de García. El flamante funcionario en pocos días cumplirá 50 años y posee un vasto currículum desde que se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, siendo dos períodos concejal y dos períodos legislador.
La Cámara tiene la iniciativa de la nominación para este cargo, y el designado debe jurar ante los Diputados. Así, el PJ propuso a García Nieto, moción que fue acompañada por Producción y Trabajo y el Partido Bloquista, todos con elogios hacia el ex legislador. La designación salió por unanimidad entre los diputados, que este jueves se estrenaron sesionando en extraordinaria, tras asumir el 10 de diciembre.
El defensor del Pueblo se encarga de defender a los ciudadanos buscando respuesta a sus planteos en la administración pública provincial, en los Ejecutivos provincial y municipales.
Cuestionado cargo
Esta cualidad de vitalicia fue cuestionada por anacrónica y hubo varios intentos fallidos en la Legislatura por modificar la ley orgánica con la meta de darle periodicidad. El más recordado combate fue el del justicialista Eduardo Leonardelli, quien falleció siendo diputado provincial esperando que se sancione su ley, resistida porque Orihuela era bloquista y pesaba la sociedad con el PJ. El espinoso tema fue tocado con ajustes legislativos apenas murió el funcionario del PB, pero no se debatió la cuestión de fondo. Luego, se mantuvo en el freezer hasta el 28 de noviembre último, cuando finalmente la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo se modificó.
Esta reforma le dio a este puesto estratégico la periodicidad de 5 años con la posibilidad de renovarse por 5 años más, es decir que quien sea designado podrá estar como máximo 10 años al frente del organismo que defiende los intereses de los ciudadanos. Por otro lado, también hubo cambios en el mecanismo de remoción, ya que el defensor podrá ser sacado del puesto a través de un Jury de Enjuiciamiento, el mismo procedimiento que opera para los jueces y no mediante un juicio político como era históricamente.