El sistema judicial argentino está concebido para reinsertar socialmente a personas que delinquen. Cuando se empezó a diseñar flagrancia en San Juan, los profesionales tuvieron en cuenta este mandato legal argentino y armaron la Oficina de Medidas Alternativas.La función de esta oficina pasa por firmar convenios con municipios, con distintas áreas del Estado y con ONG para que aquellas personas que delinquen por primera vez tengan la posibilidad de trabajar o de ayudar con dinero a instituciones sociales. Hasta ahora, el 34% de los imputados de flagrancia gozó de la suspensión de juicio a prueba, también llamada “probation”, en la que deben realizar, entre otras reglas de conducta, trabajos comunitarios gratis. Una vez cumplido con lo establecido, quien cometió el delito queda con un legajo limpio, sin antecedentes.
Matías Senatore, a cargo de la Dirección de la Oficina de Gestión de Audiencias y de la Oficina de Medidas Alternativas, contó que el trabajo arrancó acordando con municipios e instituciones. Hay convenio con las municipalidades de Santa Lucía, Rawson, Rivadavia y Chimbas. Quienes caen por cometer un delito por primera vez pueden quedar libres si aceptan trabajar en alguno de estos municipios realizando tareas múltiples. También se puede acompañar el trabajo con la entrega de dinero a una institución como SAHNI, FUNDAME, entre otras.
A la labor con municipios y ONG, flagrancia sumó capacitaciones. Recientemente la Corte de Justicia firmó un convenio con el Sindicato Empleados de Comercio para que los condenados aprendan a ser cajeros, vendedores o repositores. También se firmó un convenio con la Iglesia Católica para ayudar en este proceso de reinserción.
¿Cómo se decide adónde se va a desempeñar cada condenado? No es al azar. Un equipo interdisciplinario, formado por asistentes sociales, psicólogos y analistas en Recursos Humanos, define el perfil de cada uno. Con estos datos, se elige la institución, municipio o área de gobierno que se ajusta mejor al perfil del condenado.
Hasta junio, 276 personas cumplieron su condena trabajando, capacitándose o haciendo un aporte monetario a una institución social. Sobre el nivel de educación de los condenados, el 12% no no terminó la primaria y el 33% no empezó la secundaria.
"Los resultados han sido increíbles. El desafío que tenemos es lograr una Responsabilidad Social Gubernamental. Hemos tenido casos emblemáticos de condenados que han terminado encontrando trabajo, que los han tomado en el lugar donde cumplieron condena", contó Senatore.
En general, quienes caen por primera vez es por robos o por drogas (en pequeñas cantidades). La mayor parte tiene entre 18 a 24 años. En muchas ocasiones, los familiares piden ayuda para que sean tratados por sus adicciones.
Casos emblemáticos
Braian Fabián Molina (19). El joven, juzgado por el delito de hurto simple, tuvo que cumplir con el pago de 600 pesos en total para las dos víctimas. Durante los trabajos comunitarios en el C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) en Médano de Oro, Molina participó de talleres sobre violencia a la mujer y drogadicción. Por su buena conducta y predisposición, el C.I.C. lo incorporó al “Plan Joven” a través de la Oficina de Empleo de la Muncipalidad. Y, además, fue incluido en el programa de Alfabetización “Yo sí puedo”, a través del cual aprendió a escribir su apellido.
Por su parte, Maximiliano Rodríguez (21) y su pareja Maira Nair Ortiz (20) también fueron juzgados en Flagrancia, por el delito de hurto simple cometido en Changomás. Ambos cumplieron con las tareas comunitarias impuestas por el juez en el perímetro del Servicio Penitenciario Provincia (SPP) y en el Municipio de Ullúm y el pago de 400 pesos cada uno a favor del supermercado. Rodríguez, luego de esa actividad, consiguió trabajo en la empresa “Federico Construcciones”. La mujer, trabajó como promotora en la última Fiesta Nacional del Sol y concluyó los estudios secundarios. Actualmente, los jóvenes tienen fecha de casamiento para el mes de septiembre y así se lo hicieron saber a personal de la OMA.
