El lunes el Poder Ejecutivo enviará a Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia en materias infraestructura y tecnológica tanto en el Servicio Penitenciario como en la Policía. Esto en la práctica implicará que el Ministerio de Gobierno tendrá más solidez presupuestaria para obras en esas dos áreas, en función de que autoriza al Ministerio de Hacienda a hacer las readecuaciones de partidas de fondos necesarias y un trámite más sencillo, todas las obras hasta un determinado monto se podrán hacer mediante contratación directa con cotejo de precios y con montos más elevados a través de una licitación abreviada, según explicó el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi.
Oficialmente argumentan que hay sobrepoblación en el Penal de Chimbas. Según explicó el ministro, quien hizo el anuncio durante la apertura de sobres de la licitación para construir un nuevo penal en Ullum, “esto es en función de que si bien venimos trabajando fuertemente en la infraestructura penitenciaria y provincial, nos cuesta mucho avanzar. Hoy en el Penal de Chimbas tenemos en construcción tres pabellones con capacidad para 210 personas a entregar entre enero y febrero de 2019, y un sistema de Casa por Cárcel que son pabellones para los internos con salidas transitorias para 160 personas, con lo que vamos a llegar a una capacidad de 960 internos, y hoy tenemos 1.500 internos”.
La primera etapa del nuevo penal en Ullum que hoy avanzó en su licitación sumará capacidad para 610 internos, y con la segunda etapa se totalizará para 1.220. Con los dos complejos –Chimbas y Ullum- se está planificando a 10 o 15 años la población de reos, subrayó el Ministro.
Agregó que al Penal de Chimbas, según un plan confeccionado por el Ministerio de Gobierno, quieren sumarle una escuela, una cocina porque está obsoleta la actual, un pabellón de mujeres con capacidad para 160, dejando así al edificio con una capacidad instalada de 1.060 internos y el nuevo para 1.220, con un total de 2.300 en San Juan. “Si hoy contamos con 1.500 en función de la cantidad de gente que entra, y de la que sale, nos da que hemos proyectado un servicio penitenciario para 15 o 20 años”.
Baistrocchi analizó “con herramientas de Justicia ágiles como son Flagrancia, el nuevo Código Procesal Penal y si se legisla en el narcomenudeo seguramente tendremos más internos”. Y dio un dato revelador: “Con Flagrancia en 7 meses hubo 106 personas que fueron directamente al penal de Chimbas, cuando en un año se penaba a 33 por ejemplo en 2016 y 45 en 2017, se ha triplicado la cantidad de personas que entran en una condena”.
Otro tema complicado es el de los presos federales, por cuyo alojamiento en Chimbas Nación registra una deuda millonaria, y la provincia quiere que los trasladen a Mendoza. “Hoy la provincia no tiene más capacidad para alojar los presos federales, Nación va a tener que ver qué hace. Casi un 20 % de los internos de Chimbas son procesados y penados federales. Nación no ha invertido un centavo en materia penitenciaria y hoy nos está pagando una cuarta parte de lo que gasta la provincia y además hay deuda. De donde se mire hay un problema histórico. Hay complejos federales que se están construyendo en otras partes del país, de manera que le vamos a pedir a Nación que se haga cargo de la parte que les toque”. Hoy se paga por cada interno federal unos 350 pesos al día, es decir entre 10 y 11 mil pesos al mes, mientras que el costo para la provincia es de unos 30 mil pesos al mes por interno, por lo que se considera insuficiente el canon.
