La desazón de los empleados de la Electrometalúrgica Andina se coló en el acto de inauguración del nuevo edificio de la Subsecretaría de Trabajo. Un grupo de empleados encabezados por el titular del gremio de Químicos, José Gordillo, estuvo reunido con el gobernador Sergio Uñac y le pidieron que interceda ante los dueños de la firma para destrabar el pago de sus sueldos adeudados y llegar a buen puerto con el rescate de la empresa y lograr la continuidad de los puestos de trabajo, a través de la compra de la fábrica por parte de inversores norteamericanos. El gobernador los escuchó y, pese a que es un conflicto entre privados, prometió mediar en lo que esté a su alcance.
Gordillo dijo que el miércoles vendrán representantes de estos inversores extranjeros y que si no logran acuerdo ya tienen decidido hacerle una denuncia penal a Patricia Carmona por estafa. Es que le reclaman a ella como cabeza de la familia propietaria de la firma que dé la cara ante los trabajadores ya que manda emisarios sin poder de decisión a las audiencias.
Los 270 empleados esperan que tras medio año de inactividad, se concrete el cambio de manos de la empresa y se reactive el funcionamiento de la histórica fábrica de carburo ubicada en Chimbas: El miércoles de la semana próxima estaba prevista una audiencia de conciliación voluntaria en la Subsecretaría. Hay un representante del grupo inversor que sería de capitales estadounidenses, que esperan que la semana que viene defina la compra de la empresa que está hoy en manos de la familia Carmona, indicó el subsecretario de Trabajo local, Roberto Correa Esbry.
“Hay una cuestión jurídica porque la EMA está en concurso, en un concurso muy viejo que nunca se movió entonces se necesita el dictamen del síndico dándole lugar a la venta y que se haga cargo el nuevo comprador de las acreencias”, agregó Correa Esbry. Ayer se celebró una audiencia y “los empleados están con una angustia notable, no cobran sus salarios desde hace 6 meses y tampoco están trabajando la idea es que se regularice lo antes posible. La idea es que regularice el traspaso de la empresa al grupo inversor”.
Por su parte, el sindicalista Gordillo dijo que ellos esperan que los 500 trabajadores “queden adentro”, hablando de 270 puestos directos y el resto indirectos entre proveedores y trabajadores de canteras, entre otros. A cada uno de los 270 empleados le deben en promedio 260.000 pesos en sueldos atrasados, apuntó el titular de Quimicos.
“Hubo mala administración no se puede manejar una empresa por teléfono. Esta gente del grupo inversor a través de la Fundación Minera Argentina que son los que están haciendo las gestiones nos dijeron que es imposible que una empresa de esta envergadura no tuviera un gerente de recursos humanos”, se quejó Gordillo.
“La inversión de 8 millones de dólares ellos (los Carmona) no recibirían un peso porque hay un pasivo considerable y contempla el pago de sueldos. A su vez recibirían un préstamo a través del Ministerio de Economía, lo van a recibir los inversores. Si se arregla la semana que viene se arregla les hemos dicho que como mucho en 60 días puede estar de nuevo andando la empresa. La gente está dispuesta a trabajar. Sabemos que son un grupo inversor yanqui pero no nos dicen el nombre porque hay un pacto de confidencialidad”.