Las autoridades centrales decidieron intervenir en la delegación local de la Comisión Médica 26, la entidad que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y que se encarga de controlar las incapacidades de trabajo, y separar por treinta días a los empleados de sus tareas, además de disparar una investigación para determinar si alguno de ellos cometía irregularidades en sus funciones.
Todo surge a través de una maniobra, en la cual los trabajadores que iban a dicha Comisión para obtener el dictamen médico por una incapacidad laboral, habrían recibido pensiones o recomendaciones para que fueran asesorados por algunos de los abogados de la Comisión, cuando no es obligación, y así conseguir ‘resultados favorables’. También se investiga si desde la entidad se elevaba el porcentaje de discapacidad a través de dichas intervenciones.
La medida fue ordenada por el titular de la SRT, Gustavo Morón, en la Fiscalía Federal, a través de un comunicado oficial, en el cual se señala que la decisión apunta a asegurar el resguardo de la información relacionada a los trámites médicos.
En el año 2014, Tiempo de San Juan publicó en exclusivo un
caso emblemático de características similares, en el cual cuatro abogados, tres médicos y un obrero calero fueron procesados por formaron una asociación ilícita para saquear al Estado nacional.
