Oscar Parrilli sería procesado mañana por encubrir a Ibar
Esteban Pérez Corradi. La Justicia tiene indicios de que el ex jefe de
inteligencia del kirchnerismo tenía datos precisos sobre el lugar en donde se
escondía el empresario señalado como autor intelectual del triple crimen de
General Rodríguez y no hizo nada para detenerlo pese a que era buscado por la
Justicia. Pero no es su situación procesal lo que más le preocupa al ex jefe de
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Lo que le quita el sueño es la
posibilidad de que se filtren más conversaciones con su jefa. En esta nota hay
malas noticias para él.
Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae
que hay nuevas escuchas en donde se oye a Cristina Elisabet Kirchner impartir
instrucciones rayanas con la ilegalidad. En el expediente que instruye el juez
federal Ariel Lijo e interviene el fiscal Guillermo Marijuan, hay
transcripciones que le atribuyen a la ex Presidente algunas frases inquietantes.
"Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín
y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a (Antonio)
Stiuso", es una de las directivas que la ex mandataria le bajó a su hombre
de confianza en una de las conversaciones.
Los 88 CDS con grabaciones -que aún están en poder de la
AFI- aportan otros datos que llamaron particularmente la atención de los
empleados del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4. Por ejemplo, en una de
las llamadas se escucha a una CFK muy enojada hacer referencia a Miguel Ángel
Pichetto como "un traidor hijo de puta".
Pichetto fue líder del bloque del Frente para la Victoria en
el Senado durante la gestión de Cristina Kirchner. Aún hoy lidera la bancada
integrada en parte por legisladores que responden a la ex Presidente. Sin
embargo, cada vez que le preguntan por su ex jefa habla de un "ciclo
agotado".
Aparentemente Pichetto no es el único peronista con el que
la ex mandataria está enojada. De otra manera no podría entenderse otro diálogo
que está en la causa. "¿Vas a ir al Congreso del PJ? Lo eligieron a Gioja
Presidente", interpeló Parrilli. Y la ex jefa de Estado contestó: "Ni
en pedo, que se suturen el orto".
Las escuchas fueron autorizadas por Lijo el año pasado en el
marco de la causa que investiga la protección que habría recibido Pérez Corradi
desde el gobierno kirchnerista. La denuncia que impulsó la pesquisa, realizada
por Graciela Ocaña, indicaba que la AFI de Parrilli había recibido información
sobre el paradero del empresario que estaba prófugo en Paraguay y no hizo nada
para ir a buscarlo. Cuando Pérez Corradi fue detenido -ya durante la gestión de
Cambiemos-, se corroboró la veracidad de los datos que la ex Side había
desestimado.
Días atrás se divulgó uno de los audios en el que CFK trata
a su hombre de confianza de "pelotudo". Tras la filtración, Parrilli
y la ex Presidente denunciaron que son víctimas de espionaje ilegal. Sin
embargo, el ex jefe de la AFI conocía la existencia de las grabaciones desde el
21 de octubre de 2016 cuando una de sus abogadas retiró del juzgado una copia
de 50 compactos con las escuchas. Una semana más tarde la misma abogada se
llevó los otros 38 discos. Desde ese día el otrora secretario general de la
Presidencia sabía que habían interceptado sus comunicaciones y no se pronunció
al respecto.
Actualmente los letrados del ex funcionario presionan para
que las grabaciones sean destruidas. Dicen que pasaron más de 90 días desde que
la línea telefónica del asistente de Cristina Kirchner dejó de estar intervenida
y alegan que la jurisprudencia avala la solicitud porque se trata de una
precausa. Fuentes judiciales rechazaron el argumento porque es evidente que hay
una investigación judicial en marcha y están convencidos que de las grabaciones
podrían surgir datos relevantes para otras investigaciones.
De hecho, el diálogo revelado por Infobae en esta nota donde
CFK pide "apretar" jueces y fiscales podría ser interpretado como un
elemento de entorpecimiento del accionar de la Justicia por otros magistrados
que ya procesaron a la ex mandataria pero descartaron dictarle la prisión
preventiva.
Tal es el grado de relevancia que Lijo le da a estas
grabaciones que en los próximos días tiene previsto entregarle una copia a su
colega Sebastián Casanello, que entiende en una denuncia realizada por Marijuán
para que se investigue si Cristina Kirchner incurrió en los delitos de
"abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" en
virtud de la charla en la que pregunta por las causas que le
"armaron" a Stiuso. En este expediente la ex jefa de Estado recibió
un guiño del destino: su ex colaborador Franco Picardi será el fiscal encargado
de determinar si la imputa o no.
