Florencia Kirchner apeló hoy el embargo judicial sobre los más de 5,6 millones de dólares que posee en cajas de seguridad y cuentas bancarias, en el marco de la causa que investiga si se trata de fondos que provinieron de maniobras ilícitas.
Fuentes judiciales informaron que la hija de Cristina Kirchner apeló la medida dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa Hotesur, tanto sobre su caja de seguridad en la casa matriz del Banco Galicia así como dinero encontrado en cuentas a su nombre.
Se trata de los 4.664.000 de dólares que posee en sus cajas de seguridad del Banco Galicia, las cuales fueron abiertas poco antes de que su madre tuviera que presentarse en abril pasado en declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa dólar futuro, en la que finalmente fue procesada.
Pero además la medida apunta a las dos cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner: la 4004168-8198-1 con un saldo de 1.032.144,91 de dólares; y la 4021118-4198-7 que tiene unos 53.280,24 pesos.
El abogado de Florencia Kirchner, Alberto Beraldi, recurrió a la Cámara Federal la decisión de Ercolini: indicó que no está "justificado" el embargo puesto que no hay una imputación concreta contra la hija de la exmandataria, y que todo el dinero encontrado estaba declarado.
El pasado viernes en el marco de la causa Hotesur donde se investiga a Cristina Kirchner por lavado de dinero, el juez Ercolini -haciendo lugar a un planteo del fiscal Gerardo Pollicita- había dictado los embargos "a los fines de impedir que puedan verse alterados o modificados los valores hallados".
Para la Justicia, ese movimiento de dinero -investigado a partir de una denuncia de la líder del GEN Margarita Stolbizer- tuvo que ver con una maniobra de Cristina Kirchner para evitar eventuales embargos o inhibiciones, y el fiscal Pollicita advirtió que si bien "resulta irrelevante" si los fondos "se encuentran debidamente declarados, lo que se encuentra controvertido es el origen de los mismos".
Por esta investigación, la expresidenta Kirchner denunció a su vez a la diputada Stolbizer y al juez federal Claudio Bonadio: sostuvo que lo informado por la líder del GEN a la Justicia sobre sus movimientos bancarios resulta el producto de "un acto vil de tráfico ilegítimo de información -además distorsionada de manera dolosa-", que tuvo su inicio con motivo del allanamiento dispuesto por el magistrado al domicilio del contador de la familia, Víctor Alejandro Manzanares, en Río Gallegos, en el marco de la causa "Los Sauces".
