El fiscal de la Corte "requirió" que desalojaran de manifestantes la fiscalía y el municipio

El llamado tiene que ver con la ocupación que manifestantes antimineros hacen de la oficina del fiscal jachallero, tras el reinicio de la actividad en la mina Veladero.

"Una cosa es protestar en la calle”, evaluó Quattropani, y "otra es que no se permita trabajar para administrar correctamente la justicia”.

"El fiscal me informa que un grupo mínimo de manifestantes impide el acceso al edificio. Lo mismo informó el juez de paz de iglesia a cargo del juzgado de Jáchal, que no ha podido acceder a prestar el servicio de justicia por estar ocupado el municipio”, señaló.

"El ministerio público no tiene posiciones mineras ni antimineras, sino que nos ocupamos de realizar la justicia, y los temas de políticas de estado son temas que les corresponden a los gobernantes”, explicitó.

"Hoy la administración de justicia en la 2º Circunscripción Jáchal no ha funcionado por 20 o 30 personas que impiden el acceso a los funcionarios”, precisó.

"Quienes tienen a cargo el servicio de seguridad han sido enormemente prudentes a la espera de que los manifestantes reflexionen, y realicen la protesta sin causar daño”, analizó.

"A las 8 de la mañana presenté una nota al presidente de la Corte con esta situación, minutos después le mandé toda la documentación al ministro de gobierno. Y quiero que entiendan bien, el Fiscal General de la Corte le ha requerido al Ejecutivo, por intermedio del ministerio e Gobierno que provea las medidas necesarias para que el ministerio Público pueda abrir las puertas de su oficina y prestar el servicio de justicia”, relató.

"El fiscal de la 2º Circunscripción por instrucciones mías se constituyó en el juzgado de paz de Rodeo donde ha fijado su despacho quien está a cargo de juzgado de Jáchal, y está haciendo un requerimiento de instrucción solicitándole al juez el desalojo, que individualice autores cómplices y encubridores y que las fuerzas de seguridad hagan cesar el impedimento para administrar el servicio de justicia”, explicó.

"Hubo protestas, carpas y todo el mundo lo analizó como un posible derecho a la protesta, pero no permitir que funcionen los poderes, arrogarse la facultad de exigirle a las autoridades una toma de posición so pena de que no dejar funcionar a las instituciones  se parece bastante a un delito de coacción gravada que tiene una pena bastante grande, incluso no excarcelable”, informó.

"En el mismo escrito pedimos que la policía no porte armas de fuego o cualquier elemento contundente, porque no queremos que quienes son victimarios mañana aparezcan como víctimas. No hay posibilidad de que el estado utilice una fuerza desmedida. Queremos que se preserve la integridad física y los bienes de los manifestantes”, agregó.

"No hay violaciones a medias de la Constitución. Hoy en Jáchal no se pudo brindar el servicio e de Justicia”, recalcó Quattropani.

"Esto es como si ocupan sus lugares de trabajo, los medios, y nos los dejan salir al aire con sus programas. Es igual”, ejemplificó.