DERRAME DE CIANURO

Causa Veladero: antecedentes pro San Juan y anti porteños

Los fallos de la máxima autoridad judicial del país que sentaron jurisprudencia y despejan dudas acerca de por qué la investigación debe seguir en Jáchal y no saltar a la órbita de Capital Federal. Por Gustavo Martínez Puga.
lunes, 5 de octubre de 2015 · 07:18
Por Gustavo Martínez Puga

Ante la aparición de dos jueces porteños (Sebastián Casanello y Marcelo Martínez Di Giorgi) que iniciaron investigaciones paralelas a las del juez natural en la zona del conflicto, el jachallero Pablo Oritja, por el derrame de cianuro en la mina Veladero, por desconocimiento o por mala intención se intentó generar dudas acerca de quién tiene que investigar: la Provincia o la Nación. Además de estar aclarado en la Ley General del Ambiente y en la Constitución de San Juan, la más reciente publicación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (el máximo órgano judicial del país), sentó jurisprudencia al respecto y lo publicó en una revista editada el 5 de junio último, cuyo prólogo está escrito por el ministro nacional más especializado en temas ambientales, el actual presidente Ricardo Luis Lorenzetti.

RIACHUELO

Una de porteños y bonaerenses. En un fallo del 20 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) falló en una causa histórica sobre la contaminación de las industrias en el Río Matanza-Riachuelo. La causa se caratuló "Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra el Estado Nacional y otros”. Fueron 17 las personas que iniciaron una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, por los daños y perjuicios que les han ocasionado. Pretendían una condena a los demandados y que les fijaran una recomposición ambiental.

Esa cuenca Río Matanza – Riachuelo tiene una población de tres millones de habitantes y abarca parte de la Capital Federal y 11 partidos bonaerenses.

La Corte Suprema sentó jurisprudencia. En el punto II resolvió "declarar la competencia originaria del Tribunal con respecto a las pretensiones concernientes a la prevención, recomposición y resarcimiento del daño colectivo”. Mientras que en el punto III la CSJN resolvió "declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en su instancia originaria con respecto a la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales”.

BOSQUES SALTEÑOS

Los bosques nativos salteños. Otro antecedente de jurisdicción que marcó la CSJN fue en el caso caratulado "Salas, Dino y otros contra Salta y el Estado Nacional” en un recurso de amparo presentado para frenar los desmontes y talas indiscriminadas de bosques.

Allí se pidió la intervención de la máxima autoridad judicial del país y de la Universidad de Buenos Aires para determinar los daños. La CSJN falló el 13 de diciembre de 2011 en el punto I que "el cese de la intervención de la Secretaría de Ambiente de la Nación; en el punto II resolvió "denegar el pedido de intervención de la Universidad Nacional de Buenos Aires”; y en el punto IV determinó "declarar que esta causa no es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Citando el prólogo de la revista de publicaciones de fallos ambientales, Ricardo Luis Lorenzetti, en carácter de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, escribió el 5 de junio último que "rol de los poderes judiciales es central, porque son los denominados , es decir, aquellos que no dependen de las elecciones”.

Y agrega que "es por eso que presentamos distintas decisiones de la CSJN (.) que permiten armonizar conflictos, superar dificultades, promover nuevas instituciones y generar un mundo mejor para las generaciones futuras”.

ASSUPA

Además de esa jurisprudencia publicada en junio último por la CSJN, existen otros antecedentes judiciales de ése máximo órgano judicial del país que determinaron que son los tribunales provinciales los que deben intervenir en los conflictos ambientales que no afecten otras jurisdicciones.

Entre ellos está el caso ASSUPA (Asociación de Superficiarios de la Patagonia), o los casos Flores y Zeballos  (todos ellos contra la provincia de San Juan), en los que ni siquiera la CSJN entró a la cuestión de fondo y rechazó su intervención, delegando los planteos al fuero local.

Mientras tanto, el juez Oritja ya envió dos exhortos a los jueces porteños Casanello y Di Giorgi para que cesen en sus investigaciones paralelas.

Nación y provincia

Una ley nacional y un artículo de la Constitución de San Juan también regulan que es la Provincia y no la Nación la que debe investigar judicialmente los conflictos ambientales que se generen.

La Ley General del Ambiente 25.675 regula la competencia judicial, donde queda claro que sólo intervendrá la Justicia Federal cuando se produzca un daño o un conflicto que abarque a dos jurisdicciones (dos provincias, países).

Dice en el artículo 7° que "la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”.

Además, en el caso de que un conflicto ambiental producido en San Juan afectara a otra provincia, quien debe intervenir es la Justicia Federal de San Juan, por el origen del conflicto.

También el artículo 58 de la Constitución de la Provincia de San Juan regula que es la provincia la que debe intervenir en sus conflictos ambientales: "Corresponde al Estado Provincial por sí o mediante apelación a iniciativas populares: prevenir y controlar la contaminación y sus efectos”.

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