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Opinión

Pelambres ya pidió permiso para solucionar el daño en San Juan: ¿Habrá arreglo?

La minera chilena que dejó un botadero de roca por “error” solicitó autorización para ingresar al país con un helicóptero o por una huella minera. Lo hizo luego de que la justicia la intimara para que cumpliera con los plazos de la remediación. Por Sebastián Saharrea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos días después de recibir la notificación de la Justicia Federal argentina poniéndole plazos para cumplir con la remediación del botadero de escombros y la pila de neumáticos que arrojó del lado argentino, la minera chilena Pelambres solicitó autorización para intervenir en el suelo argentino y comenzar a trabajar.

La respuesta de su contraparte, la minera Glencore Pachón que la enjuició por los daños, fue que los permisos ya los tenía desde hace tiempo. Pero lo que hizo la comunicación fue abrir la posibilidad de un acuerdo en medio de un proceso complicado entre dos gigantes mineros mundiales por escombros sin tratamiento del lado argentino, producto de una mina del lado chileno del límite.

El contacto ocurrió en la semana, que se inició el lunes con la notificación en Chile a Pelambres –manejada por la compañía Antofagasta Minerals, del grupo Lucsik- de la Justicia Federal argentina intimándola a cumplir con los plazos. Lo hizo el juez Miguel Galvez y le puso tres términos. En 10 días, le exigió que presentara los resultados de un monitoreo de las aguas de la zona sometida a la acción de la escombrera, en 20 días le exigió que presentara las constancias de solicitudes de las autorizaciones para solucionar el problema –tanto en el manejo de la situación como en el retiro de la escombrera- y en 30 días le exigió que le presentara una ingeniería de detalle del plan de manejo.

Pelambres respondió el miércoles con el citado permiso para operar, tanto sea con la posibilidad de hacerlo vía aérea con un helicóptero como vía terrestre internándose en territorio argentino por las huellas mineras. Se trata de un primer contacto para dar solución al problema, aunque aún es muy incipiente.

Los dos gigantes mineros están cruzando espadas en los tribunales argentinos desde el año pasado. Por un lado, Glencore es una compañía suiza de escala mundial que compró Pachón y se encontró con el botadero de su vecina del lado chileno en su propio espacio. Por el otro, Antofagasta Minerals –del grupo Luksic- opera justo al otro lado del límite con San Juan una de las minas de cobre más importantes del mundo, Pelambres.

El choque entre estos dos gigantes se dio porque Pelambres depositó unos 50 millones de toneladas de roca triturada para el emprendimiento chileno del lado argentino, y ese botadero está en la naciente de los ríos sanjuaninos y significa un peligro potencial. Además, hay 500  neumáticos en desuso de los fuera de borda también arrojados del lado sanjuanino por un "error”.

Ese error, según se defendió la compañía chilena, ocurrió porque el Instituto Geográfico Militar chileno le informó incorrectamente las coordenadas del límite entre Argentina y Chile, y que incluso luego se corrieron los hitos. La empresa argentina se defendió sosteniendo que no existe ninguna modificación en los hitos limítrofes, y por eso intimó a los chilenos para que remediaran en daño ambiental que ocasionan en su territorio.

El asunto llegó a los tribunales porque los chilenos no mostraron voluntad de dialogar, y se plantaron señalando que lo que buscan sus colegas argentinos es una suma importante de dinero en concepto de reparación de daño y alquiler. Así fue como se vieron las caras en Tribunales, y este mismo año se produjo la primera audiencia de conciliación en uno de los dos procesos iniciados: el civil, de Glencore-Pachón contra Pelambres, y otro penal en el que se apuntó a ejecutivos de la firma chilena por su conducta para determinar si hubo un delito.

El propósito de la orden del juez federal con asiento en San Juan es que durante el tiempo en que se tramite el juicio, que recién comienza, sean implementadas "sin más demoras ni escusas” las medidas para asegurar la protección ambiental de la zona, evitando que produzcan mayores daños.

El pedido de la Fiscalía de Estado, que representa los intereses de la provincia de San Juan en el litigio, fue que esos residuos de riesgo potencial sean tratados lo antes posible, y que luego se proceda a su remoción total. Es decir, que la compañía chilena que tiró el material del lado chileno por este "error” sea la que finalmente lo retire.
Y allí parece estar el nudo del problema, porque Pelambres en ningún momento había mostrado gestos de estar dispuesta a realizar este trabajo, que por otro lado es muy costoso. Se calculó que el traslado de los residuos del lado argentino al chileno tiene un valor inicial de unos 20 millones de dólares.

El conflicto se sustancia en San Juan e implicó el traslado de un completo equipo de abogados que está a cargo de la defensa de minera chilena, encabezada por el prestigioso jurista argentino Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia de la Nación. También se prevé que si avanzan esas causas deban presentarse los principales responsables a nivel global de la compañía. Se los acusó de posible daño ambiental y desvío de las aguas del lado argentino.
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