POR LA FUGA DE OLIVERA Y DE MARCHI

El juez Gálvez, sobre la citación: “Pregunte al senador Godoy, él está motorizando esto”

Con esa declaración, el titular del Juzgado Federal N° 1 de San Juan apuntó a una cuestión política su citación, y la de su par Rago Gallo, ante el Consejo de la Magistratura. Por Gustavo Martínez Puga.
lunes, 19 de octubre de 2015 · 07:08
Por Gustavo Martínez Puga

El juez federal Miguel Ángel Gálvez habló con Tiempo de San Juan de su citación al Consejo de la Magistratura, donde está en marcha una investigación por la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi veintiún días después de haber sido condenados a reclusión perpetua y 25 años de reclusión, respectivamente, por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura militar.

"Pregunte al senador Godoy, él está motorizando esto”, se limitó a responder a Tiempo de San Juan el titular del Juzgado Federal N° 1 de San Juan, dando a entender que hay una intencionalidad política detrás de la citación que se decidió en el Consejo de la Magistratura.

Aún no hay una fecha confirmada para la citación, pero no irá más allá del 20 de noviembre, ya que la decisión se tomó el 8 de octubre y el plazo máximo es de 30 días hábiles. Los jueces federales aún no fueron notificados de esa decisión, pero el Consejo de la Magistratura tiene hasta 10 días hábiles antes del vencimiento para formalizar esa medida.

La citación fue decidida por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Está integrada por 13 miembros (7 del Frente para la Victoria, entre ellos el senador Ruperto Godoy). Los jueces pueden ir y defenderse verbalmente, o presentar su versión por escrito o ni siquiera ir ni presentar su versión.

El juez Gálvez tendría la intención de ir a la comisión y presentar su defensa por escrito.

Esa Comisión de Disciplina y Acusación elaborará un proyecto de dictamen en el que se decidirá cómo sigue el caso de Gálvez y Rago Gallo. Puede decidir por archivar el caso o aplicar una sanción, que puede ser desde una advertencia, un apercibimiento o hasta una multa de hasta el 30 por ciento de su salario. También puede elevar al plenario del Consejo de la Magistratura un dictamen con el pedido de suspensión o remoción del juez en cuestión.

Para que haya sesión, deben concurrir 10 de los 13 miembros de la Comisión de Disciplina y Acusación. Y para tomar una decisión debe haber mayoría absoluta en esa sesión, según precisó una fuente vinculada a esa comisión.  

El juez Gálvez, al igual que Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, fueron denunciados ante ése órgano nacional por el fiscal federal general, Dante Vega, quien pidió que se los investigue para ver si cometieron o no un "mal desempeño en sus funciones” al autorizar a los represores Olivera y De Marchi a ser trasladados al Hospital Militar Central, donde se fugaron el 25 de julio de 2013.

Otra arista que encierra la declaración del juez federal Gálvez para apuntar a una cuestión política su citación al Consejo de la Magistratura, se basa en un punto oscuro.

Es que nunca se explicó públicamente por qué se decidió investigar a los jueces Gálvez y Rago Gallo y no al Tribunal Oral Federal (TOF), quien también estaba al tanto del traslado de los represores y así lo autorizaron, ya que al momento de la fuga la sentencia no estaba firme y aún los represores dependían del TOF.

Tras ser condenado por el TOF, Olivera y De Marchi quedaron a disposición de Rago Gallo por otros delitos de lesa humanidad. Rago Gallo inició el trámite ante el pedido del traslado para hacerse atender en el Hospital Militar, pero Gálvez lo terminó autorizando porque Rago Gallo se tomó licencia.

Sin embargo, la acusación y la sospecha se cortaron en los dos jueces de primera instancia.

Finalmente, en febrero último, cuando el caso de los jueces federales sanjuanino iba a ser archivado, fue el senador Ruperto Godoy quien argumentó la postura de seguir adelante con la causa y citar a los jueces ante la Comisión de Disciplina y Acusación. Y esa acción mantuvo viva la causa y evitó que se archivara.

La investigación penal

El 20 de mayo último, la Cámara Federal de Capital Federal procesó a directores y agentes del Servicio Penitenciario Federal, quienes tuvieron a su cargo el traslado de los represores Olivera y De Marchi, quienes se les escaparon increíblemente. Antes habían sido procesados jefes penitenciarios. "Inclumplieron las normas" y "las decisiones que tomaron incrementaron los riesgos inherentes a la escasez de los recursos humanos con los que contaban", falló la justicia porteña. 

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