La interna policial apretó fuerte de nuevo. Pero esta vez, a diferencia de lo de diciembre último, el tiro salió por la culata: lejos de producirse los cambios que pretendían desde las fibras más íntimas de la fuerza de seguridad pública, la decisión oficial fue ir más al hueso. Y hubo una frase que así lo marcó, con total claridad, como para que no queden dudas hasta en los efectivos de más bajo rango: "No necesitamos ni policía dura ni policías blandas, necesitamos policías que cumplan con la ley”, afirmó el gobernador Gioja, mirando a la cara de los nuevos jefes de la Policía de San Juan, en el preciso momento que los ponía en esa función junto al Secretario de Seguridad.
Traducido para el objetivo de la interna policial: el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, más firme que nunca. Así, la nueva movida en la fuerza que terminó devorando a otro Jefe y otro Subjefe recibió un duro revés, lo contrario de lo que ocurrió con el acuartelamiento de diciembre a cambio de reajuste salarial.
Por si había alguna duda en si iba a cambiar o no la línea política de la seguridad, Cuevas también fue claro en el mensaje público que envió el lunes último a esa interna policial: "Los controles no le tienen que molestar a nadie. Se van a seguir profundizando los puntos del plan de seguridad, entre ellos el control, no se va a admitir bajo ningún concepto los excesos, como ciudadanos nos merecemos que las fuerzas de seguridad nos atiendan con respeto, sin excesos. No nos tienen que molestar los controles”.
DE MATRIZ
¿Qué desató la interna esta vez? Básicamente, un cambio en la matriz de la organización de la Policía. No fue algo puntual, fue un cúmulo de pequeños frentes de batalla que de a poco se fueron cambiando y que, visto en el tiempo, suman un gran cambio.
Esos cambios pasan por una transformación en la forma de gobernar la fuerza de seguridad pública. Tal vez hayan ejemplos que son más claros: la compra de patrulleros; las contrataciones para las modificaciones o construcciones edilicias; el control sobre el consumo de combustible; la exigencia de una preparación superior para poder ser un policía; un mayor cuidado a la hora de los ascensos; el control del personal de guardia en horarios nocturnos en las comisarías y puestos alejados más remotos; la inspección a los efectivos en los operativos viales; la apertura de vías de comunicación para que la gente tenga una llegada directa a las autoridades sobre el trato en las comisarías, etc.
Como se puede ver, algunos de esos cambios tienen que ver con el poder que antes administraba la Policía como institución y que de a poco fue perdiendo en manos de civiles que responden a las autoridades políticas que llegan al gobierno por el voto de la gente.
Alguno de los puntos mencionados sobre la forma de gobierno de la Policía, antes eran eternos nichos de poder que pertenecían a los uniformados y era impensable que un civil se atreviera siquiera a husmear a ver qué pasaba con ellos.
En esta última interna policial los uniformados hicieron trascender, con el claro objetivo de presionar a las autoridades políticas, que el "malestar” era por la "forma” en que ejercían los controles desde la Subsecretaría de Control de Gestión de la Seguridad, la repartición creada por el gobierno provincial para seguir de cerca la calidad del servicio de la seguridad pública.
Esta vez desde la policía hacían llegar vía SMS, WhatsApp o de boca en boca a los periodistas distintos hechos de supuestos malos tratos por parte del personal policial afectado a esa oficina del gobierno que controla a la Policía. Pero ninguno de esos supuestos hechos eran denunciados formalmente, como corresponde, y para lo que están las vías legales establecidas.
Detrás de esa "forma” que en la policía dicen estar en desacuerdo por supuestos abusos, también se esconde el hecho concreto que atenta contra la naturaleza misma de un policía: el que los controle un civil, el que tengan que rendir cuentas, el que les revisen los libros de guardias para ver si es verdad que están trabajando donde fueron asignados; el que no pasen como hechos "accidentales” irregularidades como policías conduciendo borrachos, o policías que se cuelan a los partidos de fútbol usando el uniforme oficial sin estar afectados a esa tarea.
"El tema de los controles es el 0,1 % de los que realmente parece haber molestado”, precisó una fuente gubernamental, desde donde aseguraron que la presión interna para con el renunciante jefe Abel Hernández llegó a niveles impensados, extremadamente bajos, pero que terminaron desgastando al saliente Jefe de Policía, quien tenía buena relación con las autoridades políticas y quien pareció encontrar en esos supuestos "malos tratos” a los que aducen internamente los policías una puerta de salida para escapar a una situación agobiante en el plano estrictamente personal e íntimo.
CASO IRAZOQUE
Tal vez el botón de la muestra sea lo que pasó con el caso Irazoque. Es un cabo de la Policía que está afectado a cumplir funciones en la Subsecretaría de Control de Gestión de la Seguridad Pública. Como era de esperar, en poco tiempo fue puesto como "el malo de la película” por la interna policial, donde le atribuyen ser el actor principal de esos presuntos malos tratos durante las inspecciones.
En las últimas semanas, en la Policía habían hecho uso de su poder para "sacar” a Irazoque de esa oficina que controla a los policías y mandarlo a una comisaría común y corriente. Es algo que internamente la policía puede decidir. El mensaje al ministro Cuevas iba a ser claro: "Nosotros seguimos teniendo poder interno”.
Al parecer, el ex jefe Hernández habría estado de acuerdo con ese movimiento del cabo. Y lo habría planteado al Ministerio de Gobierno. Y allí habría saltado esa diferencia entre la pata política y la pata policial de la fuerza de seguridad pública.
Irazoque no fue cambiado de lugar. Hernández se terminó yendo. Y las cosas siguieron en su lugar.
En medio de esa pulseada, desde la policía le hacían llegar a los medios distintos presuntos "malos tratos” por parte de la oficina que los controla.
"DICEN QUE DICEN”
Uno de ellos, tal vez el que más trascendencia pública tuvo, fue que les revisaron de manera prepotente la mochila a los policías que hicieron los operativos callejeros para evitar el consumo de alcohol para el Día de la Primavera, con la intención de ver si no se estaban quedando con las bebidas que les incautaban a los jóvenes.
Otro presunto maltrato que hicieron trascender tuvo epicentro en un supuesto hecho en la Brigada Femenina, donde dice la interna policial que "un tal Facundo” de la oficina que controla a los policías estacionó en contramano y en el puente de acceso a la repartición. Hicieron trascender que el funcionario político fue intimidado por una oficial para que sacara el vehículo del lugar, que el político se negó y la amenazó y que cedió cuando vio que la oficial empezó a sacarle fotos al vehículo mal parado.
Pero nada de eso pasó del "dicen que dicen”, sin denuncias formales de las supuestas irregularidades por parte de los civiles sobre la fuerza, si es que se cometieron. Cuevas asegura que "si hay abuso por parte de los civiles que controlan a los policías no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Pero no hay nada concreto”.
Por ahora, la sensación de los policías en las calles es que el ministro Cuevas salió más fortalecido de este nuevo cimbronazo de la interna policial. Pero la sensación final, y conociendo las internas policiales a lo largo de su historia, es que el partido aún no terminó.
