Los condimentos de la ensalada policial

Turón es uno de los policías caídos en desgracia por su actuación en los 70 como fuerza de choque de los grupos de tareas del ejército, detenido al quedar señalado por un documento sobre el que luego se volverá. No es cualquiera: se trata de un comisario de rápido –y para algunos curiosos- ascenso en la fuerza en los tiempos de la Alianza, quien de a poco ha desarrollado cierto predicamento carismático sobre la oficialidad y hasta en muchos resortes del sistema judicial provincial.

En esos ámbitos suele ser subido a algún altar. Hay muchos jueces penales que juran haber tenido en Turón al mejor interlocutor policial para dirigir allanamientos, al mismo tiempo que hay muchos jóvenes policías que lo tienen por las nubes por los favores del ahora comisario detenido en la revuelta de diciembre, cuando la fuerza amagó con amotinarse en sintonía con la movida nacional y obtuvo jugosos beneficios económicos. En esos días, Juan Carlos Turón fue una especie de mediador, en realidad le cabría mejor la consideración de negociador de parte de los uniformados rebeldes.

Y en ambos crecimientos hubo un denominador común en los movimientos del comisario que lo llevaron a ese lugar: su desempeño mediático, un terreno donde supo manejar los hilos en sus apariciones y que lo llevó a acumular de esa manera cierto capital público. Aún cuando fue alto mando policial y las cosas no funcionaban de la mejor manera –por aquellos años en los que formó dupla policial con Alcayaga en el gobierno de Avelín también hubo resonantes hechos de inseguridad- Turón siempre se las arregló para quedar bien parado. Se lo solía ver posando en su moto, solían conocerse sus operativos policiales más que ningún otro, en tiempos generosos de policías mediáticos: Morán, otro oficial jerarquizado como celebridad en los medios y destino de agencia de seguridad, el caso más conocido.

A esos mismos movimientos de cintura mediática apeló Turón para dejar descolocada a la Policía Federal que lo buscaba por su presunta participación en la represión de los años ’70. Mientras revestía condición de prófugo, organizó en su propia casa una entrega televisada con refrigerio incluido para los cronistas, mientras sus abogados presentaban un escrito ante el juez para decirle que estaba en su casa. Pasaron tres horas entre ese escrito y la presurosa llegada de la partida policial al barrio Camus, tiempo suficiente para salidas por radio y fotos a granel en la cocina familiar. "No habrán buscado bien”, fue lo que se dijo en el momento de la detención del prófugo. Golpe de efecto sobre la eficiencia en la búsqueda de prófugos, igual innecesaria ante lo divulgado que está que cualquiera puede hacerlo y de hecho lo hace. Una mojada de oreja del comisario a quienes lo acusan. Un gesto, nuevamente, para demostrar control.

Dice Turón que era un simple aprendiz en el momento de los hechos: 19 años y bajo la orden de un superior (obediencia debida). Cayó en la volteada de varios ex policías que ya pasaron los 70 (no es el caso de Turón, quien en su caso debería guardar prisión efectiva si es encontrado culpable) y desfilaron ante el juez en la misma causa sobre la que el juez federal y el fiscal no parecen dispuestos a levantar el pie del acelerador. A todos ellos los señaló un documento que a principios de siglo fue movido desde la Central de Policía a la ex Cavic y en el que constan los movimientos de las fuerzas provinciales en la represión.

Por esas razones, la condición de prófugo de Turón primero y la captura después generaron malestar en la policía provincial, una fuerza que como todas sus similares sabe cómo hacer para hacer trascender sus malestares. La foto del mismo día del recambio en la cúpula de la conducción policial no fue, entonces, una coincidencia asombrosa.

Porque lo que se dijo para justificar el alejamiento de Abel Hernández y su reemplazo por el nuevo jefe Jofré fue que hubo algún roce entre los efectivos y el control civil dispuesto por el gobierno para frenar los excesos de los policías, con maltrato incluido. Al menos ese fue lo que se hizo repetir en la calle desde los canales policiales, ante la falta de información oficial.

Tampoco hubo precisiones sobre ese eventual episodio que generó fricciones entre un grupo de efectivos y los funcionarios de Control de Gestión, en el caso que hubiera ocurrido y fuera lo suficientemente grave como justificar una renuncia nada menos que del jefe de la Policía. Por las circunstancias que se dieron, y ante la lógica de que Hernández se llevará a la tumba las razones por las que decidió alejarse, es que no se sabrá con precisión qué fue lo tan grave que ocurrió. Si es que hubo un desencadenante concreto, y no aprovechó el entonces jefe la ocasión para mantenerse lejos en tiempos turbulentos. Algo de eso tiene que haber sido, cómo justificar si no tanto apuro en irse y hacer notar su malestar en público en una fuerza donde esas cosas redundan en falta de confianza y tarjeta roja. Como ocurrió.

Tanto los allanamientos dispuestos por la justicia federal en los cuales cayó nada menos que Juan Carlos Turón como la simple existencia de una oficina dirigida por civiles para recibir denuncias sobre el desempeño policial, molestaron a la fuerza. Más allá de algún episodio concreto y desencadenante en la fiesta de la primavera –como se echó a rodar- lo que molesta a la policía es que una dependencia de ese tipo pueda sencillamente existir.

Y allí aparece una pregunta incómoda hacia la ciudadanía. Porque cuando suceden los episodios de abusos policiales tanto en el uso de la fuerza que la propia sociedad ha confiado en sus manos, como la presencia de efectivos en hechos delictivos y hasta escandalosos, inmediatamente se desata la avalancha de reclamos ciudadanos para contener y controlar a una fuerza armada. Sucedió varias veces últimamente y seguirá sucediendo, sencillamente porque la Policía es una fuerza integrada por seres humanos que cometen errores y hay nada menos que unos 3.000 efectivos. No son ni siquiera un porcentaje significativo los casos de policías involucrados en este tipo de delitos o de abusos en el total de uniformados, pero los casos se hacen sentir: balas perdidas, excesos en la represión en especial de movimientos sociales, gatillo fácil, o directamente en delitos comunes ya sea como partícipes o como encubridores, o hasta escándalos como dos efectivos borrachos conduciendo un patrullero y estrellándose contra una casa.

Lo que sí parece claro es que ese tipo de controles no puede estar en manos de colegas policías, lógicamente más permeables. El control civil y la posibilidad de revisar la conducta de los efectivos por parte de la ciudadanía es un paso fundamental para cualquier policía democrática, dueña por delegación ciudadana de la fuerza del orden pero con límites claros que impidan atropellos. El asunto es hasta dónde la ciudadanía es capaz de sostener ese criterio que florece cuando se producen los abusos, en estos otros momentos en los que se siembra inestabilidad.

Justamente la estabilidad suele ser un nuevo condimento que salpimenta esa relación de las fuerzas políticas, el ciudadano y la policía. Lo dijo esta misma semana un diputado opositor en pleno debate por el otro tema caliente de estos días: la legalización de la droga. Felipe Solá, actual diputado massista del Frente Renovador dijo con todas las letras que el principal problema de la droga en la Argentina es la policía, que divide territorios y ampara al narcotráfico. Solá fue 6 años gobernador de Buenos Aires, el principal distrito de los narcos en el país, a pesar de que Santa Fé y Córdoba no le pierden pisada. Algo debe saber de cómo se mueve la policía, si él lo dice. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados.

Con este tablero se llega a diciembre, una fecha que fue muy dolorosa el año pasado no sólo para los gobiernos sino para los ciudadanos, sometidos a un microclima de inseguridad inflada con pánico en las calles a causa de un reclamo salarial de las policías provinciales. Que se inició en Córdoba y se derramó de manera incendiaria en todo el país, y que justamente fue el motivo por el que el gobernador en funciones Sergio Uñac (José Luis Gioja estaba convaleciente) decidió el recambio de Luna por Hernández al frente de la fuerza.

Hay quienes miran nuevamente a diciembre con los mismos temores del año pasado. Y es muy probable que no esté disponible el mediador Juan Carlos Turón.