Investigación por el escándalo de las expropiaciones
Operativo cancha embarrada
Las defensas de Graffigna y Alday salieron a complicar el trámite. El detenido protagoniza todo un récord para San Juan: diez días de lectura de cargos. El prófugo designó abogados de Buenos Aires y lanzó el rumor de un jury a la jueza. ¿Qué estrategia tienen?, ¿qué buscan?
Por Sebastián Saharrea.
Nadie recuerda en los Tribunales locales que un sospechoso demandara dos semanas completas de lecturas de los cargos en la instancia de indagatoria. Eso es lo que ocurrió con Santiago Graffigna, el abogado acusado de haber organizado una asociación ilícita dedicada a estafar a la provincia en millones de pesos con el precio inflado de las propiedades que expropió.
Desde el lunes 12 de este mes, cuando fue el último de los detenidos en comparecer ante la jueza María Inés Rosellot para dar declaración indagatoria, Graffigna viene exigiendo que se le lea todo el expediente con las pruebas en su contra, un trámite que ya se ha comido 10 días hábiles y que podría significar una nueva demora, como mínimo hasta el 3 de abril.
Si bien es su derecho que le sea leída cada una de las pruebas y de los cargos en su contra, el caso no tiene antecedentes en la justicia penal de San Juan. Y señala que detrás de esa postura hay alguna estrategia, de lo contrario no se explican que en cada audiencia, Graffigna solicite más y más lecturas. Fuentes de la investigación indicaron que en cada día de audiencia, el imputado agregó alguna requisitoria que fue demorando el momento en que la jueza le pregunte por su versión sobre los hechos que lo tienen detenido.
¿Y cuál es esa estrategia? Los abogados defensores de Graffigna, Rolando Lozano y Fernando Rahmé, sostienen que no hay ninguna estrategia de fondo en este estiramiento de los plazos, sino que Graffigna está haciendo uso de su derecho porque nunca tuvo acceso al expediente y quiere saber de qué se lo acusa. Y como está decidido a declarar, a diferencia del resto de las imputados que no declaró, se está tomando su tiempo.
Pero otras fuentes no están tan convencidas. Porque si bien formalmente la defensa de Graffigna no tuvo acceso al expediente hasta la indagatoria, el hecho de que haya rebatido públicamente los cargos insinúa que podría haberlo conocido. La línea argumental de Graffigna para justificar su desempeño en este escándalo es lo que ya dijo en conferencia de prensa cuando estalló la denuncia: que hizo lo que le permitieron hacer -en una tácita y evidente insinuación de la responsabilidad del abogado de Fiscalía y ya fallecido Norberto Baistrocchi- y que los fallos no son incorrectos porque las expropiaciones en danza “no fueron pagadas en tiempo”.
Los que siguen de cerca el juicio sostienen que, en criollo, la estrategia de Graffigna con esta dilación es intentar “hacer pisar el palito” a la jueza María Inés Rosellot. Es decir, ir estirando el trámite hasta encontrar algún vicio de procedimiento, alguna negativa que le permita invocar interferencias en el derecho a su legítima defensa, para platear nulidades que compliquen la investigación. Sin llegar a jugarse por la recusación de la magistrado para intentar un cambio de juzgado para la investigación: todos coinciden que si eso ocurre, tocaría en principio el juez Ortiz, más complicado que Rosellot a punto de jubilarse.
También podría intentar un pedido de excarcelación anticipado, especulando con la posibilidad de que transcurran 10 días a partir de su detención sin llegar a la indagatoria. Pero esa interpretación del Código de Procedimientos es relativa: otros dicen que los 10 días operan desde la indagatoria, que aún no se produjo.
Eso tiene sentido si se lo vincula con otra cuestión. Mientras presta declaración indagatoria, Graffigna sigue alojado en la seccional 28, que no es un canto a la limpieza, pero no es el Penal de Chimbas. Una vez indagado, la jueza, o lo libera o lo destina a la cárcel. Y ese es un fantasma que puede ser tenido presente.
Ahora, si la declaración se sigue dilatando, la reanudación será recién el 3 de abril. Ocurre que la jueza Rosellot estará ausente de Tribunales por una licencia la semana que viene, y la actividad oficial recién se reanuda el miércoles siguiente.
La otra jugada evidentemente planificada para dejar un efecto en la opinión pública fue la inclusión en la presentación de Graffigna de un párrafo en la que dijo que pretendía declarar ante la jueza con la presencia de los periodistas, ante el valioso contenido de lo que tenía para decir. El obvio que se trata de un imposible en términos procesales, ¿qué pretendía entonces? Evidentemente, crear expectativa sobre su declaración. Se entiende que tiene muchas cosas para decir, el asunto es si las dirá o no. El gran misterio de –nuevamente en criollo- si revoleará la media y no deja títere con cabeza, un punto sobre el que hubo muchas insinuación, pero hasta ahora nada en concreto.
En el campamento de Alday también hubo novedades. El abogado prófugo también acusado en esta presunta asociación ilícita designó a dos abogados porteños –de apellidos Figueredo y Fontán Balestra- para que colaboren con su defensa. La pregunta es, ¿qué harán estos dos letrados que no haya podido hacer el sanjuanino Fernando Echegaray, abogado desde hace tiempo de Alday?
El primer rumor que circuló es que venían decididos a plantear un jury contra la jueza Rosellot por haber pedido la captura de su cliente, a su criterio de manera ilegal, lo que será un nuevo ingrediente en este escándalo. Al menos inicialmente, los abogados se presentaron ante la jueza y le dijeron que no venían a eso.
La designación de estos abogados está en línea con la conducta de Alday en otros casos en los que estuvo involucrado: en el caso que derivó en la destitución del juez Reinoso, contrató al abogado Hugo Wortman Jofré –del estudio de Moreno Ocampo-, con quien le hicieron una cámara oculta al entonces magistrado.
Figueredo y Fontán Balestra provienen de un reconocido bufete porteño, con varios clientes célebres. Especialmente Fontán Balestra, nieto de una celebridad en derecho penal por ser autor de varios libros que hoy son de cabecera en la justicia argentina. Por allí puede venir la estrategia: tirar sobre la mesa las jinetas de los abogados y obligar a la jueza a pensar mejor cada paso.
Obviamente que un eventual jury no tendría más que efectos mediático, a falta de una acusación contundente sobre la magistrada y con todo el andamiaje de Tribunales en contra. Pero eso que en principio es una desventaja, lo podrían usar como herramienta: ¿Qué pasa si nacionalizan el caso? Para eso hace falta abogados con llegada a los medios porteños, como podría ser el caso de estos dos. Allí está la respuesta a la pregunta inicial, sobre qué pueden hacer que no haga Echegaray.
Jury a Macchi: empezaron los tanteos
Guillermo Toranzo fue finalmente el designado por el juez Carlos Macchi para que lo defienda el jury que le pidió en su contra el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis. Y arrancó con artillería pesada, indicando que si su cliente puede ser destituido por el contenido de sus fallos en 4 casos de este escándalo en los que fijó precios imposibles de pagar, lo mismo deberían hacer con los camaristas que confirmaron su fallo.
Fue el primer intento de atar la suerte de Macchi a la de otros magistrados, llevárselos puestos. Pero las palabras de Toranzo van en la misma dirección de la querella, que ya había señalado la presunta complicidad de los integrantes de esa sala de la Cámara Penal, especialmente la de Moisés Moya, sobre quien llueven las sospechas además por su relación con Graffigna. La misma Corte, en su fallo de Canal Benavídez en el que ordena al juez a reformular el fallo de acuerdo a valores más reales, también señala la posible responsabilidad de la sala penal.
Ahora, el abogado de Macchi se le vence el tiempo para presentar el descargo. Si fue notificado el viernes 16, se le venció el 26. Luego comienzan los 15 días para que el jury resuelva si inicia el expediente y le corre vista al fiscal General de la Corte y al fiscal de Estado, en su condición de querellante particular.
El jury ya tuvo una baja: el abogado Raúl De la Torre, primo del fiscal De Sanctis, quien se bajó por las generales de la ley. Lo reemplazó Carlos Lima, y así el tribunal quedó integrado.
Ahora comienzan las especulaciones respecto de la acusación. Porque hay quienes sostienen que el fiscal General, Eduardo Quattropani, podría excusarse por amistad con Macchi. Y podría generarse otra serie de excusaciones en cadena, como cuando hubo que acusar a la otra jueza, Rosalba Marún. Con todos estos movimientos, calculan que recién a mediados de junio podría comenzar el jury.
