Se tensa cada vez más la cuerda entre el fiscal de Estado y un camarista
Son De Sanctis y Pagés. Ya debatieron fuerte por radio. Ahora, el camarista difunde un fallo en Mar del Plata que, sostienen, es la gran solución para evitar pagar lo que queda. Pero en la Fiscalía dicen que es una cortina de humo del camarista para salvarse públicamente.
Por Sebastián Saharrea
A Roberto Pagés se le adjudica cierto interés en difundir un fallo de la Cámara Civil marplatense que si se aplicara en San Juan, sostiene, podría evitar a la provincia el pago de cientos de millones de pesos. A Guillermo De Sanctis se le adjudica la sensación de que “Pagés quiere que los medios titulen que un fallo suyo salvó a la provincia”. Dos duelistas radiales que chocaron fuerte por el rol de los jueces en el escándalo de las expropiaciones y que han recalentado el debate en los últimos días. En público o fuera de micrófono.
La cosa es así. Roberto Pagés es uno de los tres magistrados civiles cuyos fallos están bajo investigación penal por este escándalo en el que se investiga si se obligó por medio de estos fallos a pagar sumas siderales por terrenos expropiados. Los otros dos son Rosalba Marún de Sobelvio, quien ya renunció, y Carlos Macchi, a quien este mes le caerá un pedido de jury.
Pagés, además de ser presidente del Colegio de Magistrados, ascendió a camarista civil. Y ahora, a su sala –la segunda- le cayó uno de los casos de este escándalo que no había sido incluido en la megacausa porque se descubrió hace poco. Es la causa Basañez, un caso presentado también por el abogado Santiago Graffigna, defendido por Norberto Baistrocchi y fallado por Marún de Sobelvio, que obligó a pagar $10 millones entre capital y honorarios por una veredita de 300m2 en la calle Brasil y Patricias Sanjuaninas.
El asunto es que la apelación cayó en manos de la sala civil que preside Pagés. Y al mismo tiempo en los medios comenzó a circular el fallo marplatense del año 2011: todos los protagonistas de la causa sostienen que detrás de la difusión de esta falle está el propio Pagés. Y el propio De Sanctis sostiene que el camarista quiere fallar citando el fallo de Mar del Plata para evitar el pago de lo que queda abonar por el escándalo y para salvar su participación.
El fallo en cuestión es “Establecimiento La Magdalena c/provincia de Buenos Aires”, por la expropiación inversa de un terreno en Mar del Plata en el año 1974. Dos integrantes de la Cámara Civil coincidieron en que no se puede dictaminar un pago millonario por una expropiación inversa de la que pasaron tantos años. Y le negaron a la demandante el reclamo.
Una expropiación inversa es cuando, en lugar de ser la provincia la que inicia el juicio para expropiar un terreno, es el particular el que acciona contra el Estado para reclamar el pago. El caso Basañez es una expropiación inversa: el inmueble había sido expropiado en el año 1950 y el reclamo lo inició José Prividera. Luego Prividera le vendió los derechos a Alberto Basañez, amigo de Graffigna, y obtuvieron el fallo de Marún.
Pero también son expropiaciones inversas los juicios más costosos de este escándalo: Yanzón de Graffigna –Canal Benavídez, con sentencia por $200 millones- y Lobbe de Morón, o Parque de Mayo, por $1.500 millones. El primero expropiado en 1952 y el segundo en 1923. Si se aplicara el criterio de la cámara marplatense, que dijo que esas expropiaciones inversas están prescriptas por el largo tiempo que pasó y que crea “una sobreprotección sobre esos rezagados demandantes”, entonces la provincia podría ahorrarse el pago de esos juicios.
“Pagés cree que descubrió América”. Así descalificó De Sanctis a Pagés, a quien atribuye autoría en la difusión del fallo para luego desde su sala civil dictar una sentencia en consonancia con aquella. El fiscal de Estado sostiene que en la Fiscalía ya tenía conocimiento de esta sentencia y que están al tanto de su alcance, pero que creen que en este caso no sirve. Por el contrario, De Sanctis sostiene que lo que busca Pagés es “blanquear” su situación en el escándalo porque varios fallos suyos están siendo revisados en la causa criminal.
Por esa razón, Pagés y De Sanctis mantuvieron un fuerte debate el año pasado en radio Light. El motivo fue el plenario del tribunal de tasaciones en la causa Luna, que para De Sanctis fue algo así como “abrir las puertas del infierno”. De igual manera, Pagés no está acusado como el caso de Marún o Macchi. En su caso, Tiempo de San Juan informó que está “en estudio” si presentan un jury en su contra.
Para De Sanctis, siempre –y no ahora- la provincia argumentó que esos reclamos por expropiación invertida están prescriptos. Y es más, el propio Baistrocchi había hecho el planteo de proscripción en los juicios más costosos, y en todos los casos se lo denegaron. ¿Por qué se lo concederían ahora?
Además, en la Fiscalía dicen que están concentrados en lo que ya se pagó y en que avance una causa criminal en la que se investiga un presunto fraude millonario contra el Estado y cometido con la participación de algunos jueces. Sobre esto, ningún fallo cambia nada.
Lo nuevo: se viene un pedido para declarar inexistentes todos los juicios
La punta de lanza será en este nuevo episodio del escándalo que es el caso Basañez. Pero se podría extender a todos los que integran la presunta cadena de favores de los juicios expropiatorios.
Para la Fiscalía de Estado, el caso Basañez no sólo no es nulo, sino “inexistente”. Quiere decir que nunca comenzó, nunca se produjo su puntapié inicial, que es ni más ni menos que la contestación de la demanda. Y lo es, de acuerdo a su criterio, porque el abogado de la Fiscalía de Estado no tenía poder que lo habilitara para actuar en su nombre.
De acuerdo a lo que están estudiando en la Fiscalía, en el caso Basañez el abogado del organismo –que fue Baistrocchi, como en la mayoría de los casos bajo sospecha- actuó con un poder especial y no con un poder general. Ese poder era para un determinado objeto, que en este caso fueron las actuaciones preliminares. Estas actuaciones son medidas solicitadas para “explorar el terreno”.
Pero cuando se presentó la demanda, se trata de otro procedimiento. Y Baistrocchi –según la Fiscalía- intervino con el mismo poder conferido por el fiscal para las medidas preliminares, no para la demanda. Por lo tanto, no tenía poder para hacerlo. Esto los priva, según la Fiscalía, de su propia facultad de decidir: de elegir quién lo representará, por ejemplo.
También estudian otra presunta irregularidad: Que la provincia no estaba bien notificada. En cada juicio contra el Estado se debe notificar al gobernador de la provincia y a la Fiscalía de Estado. Y en este caso, no estaba corrido el traslado como corresponde. Si faltan estos requisitos –interpretan- el acto no ha nacido.
Lo mismo podría suceder con los casos más emblemáticos de esta megaestafa: el canal Benavídez, el Parque de Mayo y Ruiz, Guillermo, la famosa veredita de los $20 millones.
