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La industria del litigio

Revive el escándalo por juicios de policías contra la provincia

Fiscalía de Estado endureció su postura ante las demandas presentadas por un grupo de abogados vinculados al ex jefe Carlos Alcayaga. Aparte, la semana próxima ingresaría una nota para avivar el alerta. Por Daniel Tejada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Canal 13 San Juan

Pudo enfriarse el seguimiento periodístico, pero el escándalo por la ola de demandas contra la provincia, iniciadas por policías patrocinados por un reiterado estudio de abogados sigue anotando capítulos. Hay una movida que promete avivar el asunto en la opinión pública en los próximos días.
Esta semana circuló el borrador de una nota que ingresaría por mesa de entradas de la Fiscalía de Estado, para que el fiscal Guillermo De Sanctis informe si ha iniciado actuaciones investigativas orientadas al abogado y ex jefe de Policía Carlos Alcayaga y su colega Laura Bruna (los menciona a ambos puntualmente).
La nota, firmada por un particular que le pide a De Sanctis la reserva de su nombre (ver aparte), tiene origen incierto. No se puede descartar que esté vinculada a la interna policial y que haya un trasfondo en ese sentido. Alcayaga tiene amigos y enemigos dentro de la fuerza, como es sabido.
Pero, independientemente de estas menudencias, el tema central es la ola de demandas civiles contra el Estado de parte de policías lesionados que, no conformes con lo que paga el seguro contratado por la provincia, buscan un mayor resarcimiento vía judicial. Y que lo hacen casi siempre con el mismo patrocinio letrado.
Una fuente interna de Fiscalía de Estado dijo a Tiempo de San Juan que “se han bajado instrucciones de ser más duros” en la tramitación de demandas de este tipo, para limitar la hemorragia de recursos fiscales. No se trata de no pagar, sino de evitar las sumas exorbitantes, desproporcionadas con el daño presunto.
Dentro de Fiscalía de Estado identifican a un estudio jurídico como el más frecuente en este tipo de demandas, con la firma reiterada de la abogada Bruna, vinculada profesionalmente al ex jefe de Policía Alcayaga. En principio no detectaron una conducta ilegal, aunque puedan advertir algún cuestionamiento ético. ¿Hay una maquinaria armada para encontrar uniformados lesionados y alentarlos a recurrir a tribunales?
Como Fiscalía de Estado, también el Instituto del Seguro –la ART contratada por el Estado sanjuanino-  endureció el tratamiento de estas demandas. El fenómeno fue revelado por este semanario el sábado 23 de febrero pasado, en una nota cuyo título rezaba: “Ex jefe de Policía, sospechado por demandas al seguro del Estado”.
La operación de rutina, luego de un accidente laboral sufrido por algún policía –o cualquier otro estatal- no requiere de la asistencia de un abogado. Automáticamente se activan los mecanismos de la ART y, con apoyo de los peritos médicos autorizados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, se establece una indemnización que se paga sin más trámite.
Lo llamativo es que después de haber percibido este resarcimiento, vuelven los damnificados con el patrocinio letrado para demandar una suma extra, litigio judicial mediante. A comienzos de este año la mayor parte de los casos terminaba resolviéndose con mediación, sin llegar a juicio. Pero esto es justamente lo que se endureció en los últimos meses.
Llamó la atención que, independientemente del policía que sufrió el accidente, casi siempre aparecía el mismo estudio jurídico. Por lo tanto, parte del pago siempre iba a esa firma, como honorarios. No es ilegal, pero despertó sospechas y generó malestar dentro del Instituto del Seguro y también dentro de Fiscalía de Estado.

Con reserva de nombre

La nota que ingresaría por mesa de entradas de la Fiscalía de Estado en los próximos días tiene una firma y un número de documento, pero su autor le pide al fiscal Guillermo De Sanctis la estricta reserva de su identidad por temor a represalias:
“Solicito a Ud. dentro de sus facultades, disponga la privacidad de esta presentación en cuanto a mi nombre y domicilio, a fin de evitar eventuales represalias contra mi persona y/o familia, atento a la investidura y poder de los funcionarios intervinientes”.
En la nota, el firmante destaca “en forma expresa”, que no acusa sino que simplemente informa al Fiscal de Estado y para ello adjunta numerosas publicaciones periodísticas, incluidas las de Tiempo de San Juan.

 

 

 

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