expediente expropiaciones

El increíble operativo para cobrar lo que faltaba

El abogado que percibía los pagos por el escandaloso caso “Ruiz, Guillermo” cedió una parte del dinero a otro abogado y allí mismo condonó un 25% de sus acreencias. Así se fugaron $6,3 millones. ¿Quiénes cobraron? Aparece Horacio Alday.
sábado, 12 de mayo de 2012 · 10:51


Se la veían venir. Cuando la megadenuncia por el escándalo de las expropiaciones ya venía tomando forma, el abogado que cobraba las liquidaciones por la causa Ruiz Guillermo apuró el paso. Ya había cobrado casi $11 millones por esa vereda de 1.400 m2 en Matías Zaballa y San José –sin tener en cuenta los $8 millones que cobró por honorarios-, y pensó en la manera de embolsar los $8.4 millones que le quedaban antes que avanzara la denuncia y se suspendieran los pagos.
Lo que hizo no deja de generar asombro entre quienes tienen en sus manos el expediente en Tribunales. Santiago Graffigna, el letrado con poder de “Ruiz, Guillermo” para cobrar esas liquidaciones, cedió el 25% del dinero a cobrar a otro abogado, que además era concejal de Rivadavia en ese momento: Raúl Alonso. Y en el mismo documento cedió otro 25% de esa suma a la Provincia con el fin de “facilitar la cancelación de los montos”.
La pregunta inmediata que el documento genera entre quienes analizan la causa es: ¿qué poder tenía el abogado Alonso para “facilitar la cancelación” del dinero que le quedaba por cobrar de las arcas del estado? Especialmente teniendo en cuenta que la cesión es un instrumento entre dos abogados y de allí surge esa “generosidad” hacia el tesoro público: manifestado en un documento privado que, más asombrosamente aún, la Fiscalía de Estado termina aceptando. ¿Qué había en el medio para que lo hiciera?
No es común este tipo de cesión generosa entre abogados en una causa en la que el beneficiario aparece absolutamente desconectado: no tuvo parte ni intervención en ningún pasaje de la demanda. Y menos común es que un abogado ceda al Estado una parte de sus acreencias para “facilitar el pago” sin firmar ese acuerdo con alguna autoridad facultada para instrumentar por vías legales esa “facilitación”.
Un abogado con años de experiencia en el fuero penal consultado, dijo: “nunca vi algo tan parecido a una coima documentada”. ¿Y cómo sería? Ese 25% de cesión al Estado podía funcionar como anzuelo para que alguien en Fiscalía de Estado –el organismo encargado de defender los intereses públicos- dijera: aprovechemos rápido que nos condonan una parte, mientras el 25% pagado a otro abogado sin motivo aparente funcionaría como retribución por alguna función en este esquema. En la red que se investiga por la presunta megaestafa hay sospechas sobre abogados, jueces, tasadores y funcionarios de la Fiscalía.
Pese a todas estas inconsistencias, la cesión -realizada en julio del 2009- tuvo su efecto: al año de haberse producido, el Estado se hizo eco de aquel “gesto” de Graffigna hacia el tesoro público documentado en una cesión a otro abogado ante un escribano y homologado en sede judicial. Y, a partir de ese mes, los beneficiarios comenzaron a cobrar en 6 cuotas iguales hasta fin de año.
El monto de la deuda remanente por la vereda más cara de la historia de la Provincia era de $8.449.442,62 y gracias a la generosidad de la condonación de una cuarta parte quedó en $6.337.081,97. De esa suma, Graffigna cobró seis cuotas consecutivas de $704.155,42, mientras Raúl Alonso cobró seis cuotas de $352.024,90.
El “beneficio” para la provincia fue de $2.112.360,65, el 25% del monto que aún debía al abogado por el pago de la vereda. Un beneficio que pudo haber sido mayor: si en lugar de apurar el pago, los resortes del Estado lo demoraban, toda esa suma –los más de $8,4 millones- hubieran caído en la suspensión general de pagos por causas de expropiación que pidió la provincia y aceptó la justicia cuando ingresó a Tribunales la megadenuncia por esta presunta estafa.
Es decir, no se hubiera pagado nada, como ocurrió con muchas otras causas tramitadas por el mismo abogado que recibieron sentencia favorable en primera y hasta en segunda instancia, y cuyo pago está paralizado hasta que la justicia investigue qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables.
Justamente los tiempos son importantes en esta historia. Cuando ocurre esta sorprendente cesión privada que termina permitiendo un pago público, ya estaba en marcha la investigación. El primer decreto para sumariar al abogado de Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi por el supuesto de no haber cumplido con su trabajo de defender el patrimonio público desde su cargo es en febrero de 2009 y fue dejado cesante por otro decreto de agosto de 2010.
Es decir que ya en 2009 existía la presunción de que había una red de abogados, funcionarios y jueces vaciando las arcas públicas con los juicios de expropiación. La presentación de la denuncia fue a fines de octubre de 2010. Y al menos dos cuotas –noviembre y diciembre- de ese acuerdo que se pagó entre julio y diciembre de 2010 fueron realizados con la denuncia que congeló los pagos ya presentada. A alguien se le escapó el detalle.
Volviendo a la cesión, aparece la figura del abogado concejal Raúl Alonso y las razones por las cuales fue beneficiario del 25% de ese dinero, en el que se agrega una renuncia al cobro de otro 25% al Estado para facilitar el pago, como si Alonso pudiera hacerlo posible. ¿Por qué razón Graffigna cede esa plata?, ¿quién es Alonso y cuál es su alcance?
Seguramente tendrá razones personales para hacerlo y no pesa sobre él la obligación legal de declararlo, pero sí resulta interesante para reconstruir la historia. Alonso es abogado de Horacio Alday, el otro abogado apuntado junto con Graffigna por la causa de expropiaciones. Alday tuvo pedido de captura en su contra junto a Graffigna, la única diferencia es que Graffigna estuvo detenido y Alday estaba en el exterior cuando pidieron su detención. Hay datos de que Graffigna y Alday eran socios en las causas de expropiaciones, pero ahora ambos abogados están separados, enfrentados y con un juicio en el medio.
Alday dijo una y otra vez que no tiene ningún vínculo con Graffigna en las causas de expropiaciones, pero la aparición de Raúl Alonso en “Ruiz, Guillermo” lo complica. Es que Alonso se presenta como beneficiario de la  cesión de Graffigna como “en gestión de negocios de quienes oportunamente se designará”. ¿Quién era el mandante de Alonso?
En la cláusula cuarta, Graffigna “se compromete (ante Alonso y no ante el deudor, como debería ser) a renunciar y/o desitir de otro porcentaje de 25% de la planilla en cuestión, a favor de la demandada Provincia de San Juan en carácter gratuito, conservando el 50% restante”. ¿Qué tenía que ver Alonso, qué podía hacer?
Cuando tuvo que mostrar quién era su mandante, Alonso presentó a Marcelo Gustavo Parra, de quien dijo ser apoderado. Parra era quien firmaba los pedidos para que libraran los cheques, pero difícilmente haya visto toda junta la cifra que reclamaba, porque el grueso parece haber ido para otra parte.
Eso es lo que señalan unos valiosos documentos que llegaron a Tiempo de San Juan de parte de un arrepentido o de algún traicionado que pudo quedarse afuera. Vinculan a Alday ¿Con quién? Con Santiago Graffigna y con Raúl Alonso, los firmantes de la misteriosa cesión que destrabó el pago.
En realidad, son varios juegos de cesiones cruzadas entre ellos, que revelan vínculos y que muestran que se manejaban con desconfianza mutua. Una de ellas es otra cesión de Graffigna a Alonso idéntica a la presentada en Tribunales, pero por el 30% y no por el 25%. Esa, al parecer, no corrió.
Lo más impactante y revelador de esta documentación entregada por el arrepentido-despechado es una “aprobación” de la gestión de negocios, en la que Alday “ratifica y aprueba la gestión de negocios por el Dr. Raúl Alonso Sapia en su nombre y beneficio en fecha 5 de julio de 2008 respecto de la sesión irrevocable y gratuita efectuada por el Dr. Santiago Graffigna del 25% del monto resultante de la planilla de liquidación en autos 55.137/1 “Ruiz, Guillermo c/Pcia. De San Juan”. Mismo día, año cambiado (2008, en lugar de 2009) misma causa, mismos protagonistas.
Hay otros documentos con el año corregido a 2009, pero con el 30% de cesión. Y otro, fechado en diciembre de 2009 en el que Alday cede a Alonso el 50% de la cesión efectuada “en su favor” –es decir, a favor de Alday- por el cobro de “Ruiz, Guillermo”. ¿El beneficiario de la cesión era, entonces, Alday? Esa es la pregunta que deberá seguir la jueza para determinar a qué bolsillos fue a pagar este pago asombroso, y cuáles bolsillos recibieron su tajada por intervenir en esta cadena de favores.

El escandaloso caso Ruiz, Guillermo: casi $25 millones por una vereda

-Fue el pago de casi $20 millones de parte del Estado por la expropiación en el año 1950 de algo más de 1.400 metros cuadrados en la esquina de Matías Zaballa y San José para el ensanche de las calles.
-Ese terreno es de la sociedad de beneficencia San Vicente de Paul, que en el año 2001 le vendió los derechos por expropiaciones en $2.000 a Guillermo Felipe Ruiz.
-En pocos meses, Ruiz presentó la demanda al Estado provincial para que “perfeccionara” la expropiación. Es decir, que la pagara porque no tenían registro de que aquella expropiación se hubiera pagado.
-Para calcular el precio hubo polémicas pericias de Tasaciones y luego un cómputo de intereses desde la desposesión del bien, más de medio siglo antes de la presentación de la demanda.
-Desde 2006, se comenzó a pagar en sumas de entre $60.000 y $100.000 como consecuencias de embargos. Pero no lo hacía Ruiz, Guillermo sino su apoderado Santiago Graffigna.
-Hasta que en 2009, en las puertas de la denuncia que hizo el gobierno, se apuró este sistema de “cesiones” para cobrar lo que faltaba. En total, se pagaron casi $20 millones, a los que hay que sumarle los honorarios profesionales.
-Un abogado con años de experiencia en el fuero penal consultado, dijo: “nunca vi algo tan parecido a una coima documentada”.
-¿Qué poder tenía el abogado que recibía la cesión para “facilitar la cancelación” del dinero que le quedaba por cobrar de las arcas del estado?
-Alday dijo una y otra vez que no tiene ningún vínculo con Graffigna en las causas de expropiaciones, pero la aparición de Raúl Alonso en Ruiz, Guillermo lo complica.

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