Polémica en el Ministerio de Gobierno

Los vericuetos detrás de la amenaza a la Justicia

¿Por qué el ministerio de Gobierno amenazó con sacarle la custodia policial a los edificios de la Justicia y después hizo marcha atrás automáticamente? Por Gustavo Martínez.
lunes, 30 de abril de 2012 · 09:07

Por Gustavo Martínez
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com
La decisión de sacarle la custodia policial a los edificios del Poder Judicial, y su inmediata contramarcha y dejar todo como estaba, fue el  producto de una diferencia interna entre el ministerio de Gobierno y la secretaría de Seguridad.
El secretario de Seguridad es el único cargo codiciado de esa cartera en la que el ministro Carlos Adrián Cuevas no puso a un hombre de su cuadro, ya que el comisario general retirado Miguel González llegó allí por decisión del gobernador José Luis Gioja.
Todo empezó con un relevamiento estructural que el ministro Cuevas había pedido realizar en la fuerza de seguridad pública, para saber con precisión cómo se emplean cada uno de esos hombres.
Allí se conoció que el número de policías afectados a la custodia de 11 edificios que dependen del Poder Judicial es de 60 hombres. La fuerza tiene 3.500 efectivos. Entonces el ministro Cuevas decidió sacar a esos 60 policías para afectarlos a otras áreas. Pero lo hizo unilateralmente, sin antes haberlo conversado con los jueces.
A juzgar por las idas y venidas ocurridas esta semana, en el ministerio de Gobierno se habrían dejado llevar por un análisis apresurado de la situación.
Desde la secretaría de Seguridad enviaron la nota a la secretaría Administrativa de la Corte de Justicia -no fue una decisión del ministro comunicada a la Corte- en la que se especificaba que “por disposición del Sr. Ministro” se tomaba la polémica medida (ver facsímil).
De esta manera, el secretario de Seguridad González evitó por escrito quedar pegado a la decisión de su superior, el ministro Cuevas, de sacar la Policía a los jueces. Tal vez porque González tiene una relación más añeja con el Poder Judicial y sabía que esa medida no iba a caer del todo bien, sobre todo de la forma que se estaba tomando y porque la cantidad de policías involucrados no era relevante.
Mientras tanto, entre la secretaría de Seguridad y el ministerio de Gobierno aún no se sentaron a hablar del tema que, hasta ahora, es una brasa caliente.
El asunto amenazó con convertirse en el primer roce entre la gestión giojista y el Poder Judicial. Pero todas las partes se encargaron de aclarar que no hubo y no hay diferencias. Encima, esto ocurría en momentos en que los jueces empezaron a presentar sus renuncias para acogerse a los beneficios de la jubilación, lo que implica un recambio histórico en la provincia. Esto hacía ver fantasmas donde los había.
“En 9 años de gestión, aquí el Flaco –por el gobernador Gioja- nunca tuvo ni un sí ni un no. Jamás llamó por teléfono para pedir nada. Siempre fue muy respetuoso de la división entre los poderes. Está apoyando en todo la construcción de la Ciudad Judicial y de la Policía Judicial”, comentó una alta fuente en el segundo piso de Tribunales. Y a renglón seguido dejó, como al pasar, un dato muy importante: “El –por Gioja- no estaba enterado de esto. Parece que todo fue un mal entendido en el ministerio de Gobierno”.
El gobernador Gioja habló con Tiempo de San Juan sobre el tema. Y encaminó las relaciones con la Justicia en el mismo sentido que lo hacían desde la Corte: “No hay entredicho. Creo que las cosas hablando se aclaran. Como corresponde. Y se han aclarado”, se limitó a decir, cortante, con cierto malestar por tener que salir a aclarar un tema que él, como política de su gobierno, siempre tuvo claro: no estropear las relaciones con los jueces.
Cruce de comunicados
Todo comenzó el último jueves 19 de abril, a las 9.20, cuando en la secretaría Administrativa de la Corte de Justicia, a cargo de Luis Alberto Recio, ingresó un expediente con procedencia del ministerio de Gobierno en el que se informaba que a partir del  1 de mayo de 2012 los policías afectados a la custodia de edificios de la Justicia iban a ser trasladados a cumplir otras funciones.
Al segundo día hábil, el lunes 23 de abril, la Sala Tercera de la Corte de Justicia sacó una acordada en la que resolvió que “se deberá continuar brindando el servicio de custodia permanente con el personal policial consignado en los distintos edificios del Poder Judicial”.
Y el ministerio de Gobierno acató la decisión y dio marcha atrás automáticamente con la medida tomada.
En los fundamentos de la acordada de la Corte de Justicia se especifica que en la versión taquigráfica de los diputados que sancionaron la ley dice que los edificios públicos deben ser custodiados por la Policía de San Juan para evitar la “indelegabilidad del Estado en estas áreas”.

 

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