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Expediente Expropiaciones: El misterioso Señor Ruiz, millonario por una vereda

Compró en 2001 los derechos de un terreno de una obra religiosa de caridad. 10 años después, presentó un reclamo judicial por una expropiación del año 53 para ensanchar la vereda. En 2006 comenzó a cobrar y embolsó $25 millones. Pero él nunca apareció: el que cobró fue su apoderado, Santiago Graffigna. Por Sebastián Saharrea
sábado, 28 de abril de 2012 · 09:42

Dicen que las veredas hicieron famosa a San Juan por su belleza. También por lo caras: una vereda de la esquina de Matías Zavalla y San José expropiada en 1953 para ampliar esas calles le costó a la provincia nada menos que 25 millones de pesos que ya se pagaron hsata el 2010. Es uno de los capítulos más escandalosos de la investigación por una gigantesca estafa al fisco por medio de precios inflados de los terrenos expropiados, en la que se investiga si funcionó una extensa red de funcionarios, jueces y abogados confabulados para sacar ese dinero del tesoro público.
El caso de esta vereda por la que se pagó semejante millonada es un indicio sobre el modus operandi con estas expropiaciones. Un grupo de abogados dedicados a ubicar inmuebles que en alguna ocasión histórica fueron expropiados y que no fueron pagados, comprar los derechos, hacer un reclamo varias décadas después y facturar sumas millonarias con la contribución de tasadores encargados de inflar los precios, de los defensores oficiales en rol pasivo y de los jueces dictando las sentencias de cobro.
Los protagonistas de esta historia son un tal Guillermo Felipe Ruiz, su apoderado Santiago Graffigna y la sociedad religiosa de beneficencia San Vicente de Paul. El tal Ruiz es una persona a la que casi nadie conoce por San Juan, excepto el abogado Santiago Graffigna, a quien Ruiz le extendió un poder en marzo de 2001 desde una escribanía de Santiago del Estero para que represente sus intereses, entre otros lugares, en los asuntos judiciales.
Apenas un mes después, el señor Ruiz, Guillermo Felipe–por intermedio de otro señor de apellido Ruiz, pero de nombre Armando- compró  “todos los derechos y acciones creditorios que tiene, le corresponde, o pudieren corresponderle en concepto de indemnización expropiatoria, con todos sus accesorios legales, intereses, cediendo asimismo el derecho a iniciar o/o proseguir y/o reclamar mediante el trámite administrativo y/o juicio de expropiación que corresponda” contra el gobierno de la provincia de una propiedad ubicada justo en la esquina de Matías Zavalla y San José. Por esos derechos, Ruiz, Guillermo Felipe pagó $2.000.
La dueña del terreno es la Sociedad San Vicente de Paul, una obra religiosa de alcance nacional radicada en la provincia. En todo el país se dedica a dar hogar a personas carenciadas, alimentarlas, desarrollar cotolengos, guardería para menores, hogar para ciegos, hogar para jóvenes. En su representación, Carmen Arévalo del Bono le firmó la cesión a Ruiz, Guillermo. La operación parecía en marcha con el terreno señalado.
Ese terreno tiene una larga historia. Después del terremoto del 44, el Concejo de Reconstrucción emprendido por el gobierno de Perón dispuso en esa zona la radicación de varios barrios. Entre esas medidas, determinó en el año 1947 el ensanche de las calles Matías Zavalla y San José, y la apertura de la calle JC Albarracín. Y dio que justo esa obra afectaba el inmueble de la Sociedad San Vicente de Paul, que tuvo que ceder parte de su terreno para la calle y la nueva vereda. En total, entre la vereda y la anexión al barrio Ponce y la apertura de la otra calle, se le expropió a la sociedad 1.439 metros de los alrededor de los 3.000 que tenía.
Todo eso ocurrió en el año 1953 y desde allí hasta casi medio siglo después, nadie supo más nada de eso. Hasta que Ruiz, Guillermo –con el patrocinio de su abogado- descubrió que aparentemente esa expropiación no fue pagada, según un informe de la Municipalidad de Capital en aquel momento y compró los derechos a la sociedad de caridad dueña del terreno para reclamar judicialmente.
Lo que se veía venir, no demoró demasiado en concretarse. Bien temprano, a las 8.30 de las mañana del 14 de setiembre de 2001 -5 meses y 9 días después de comprar los derechos del terreno- Santiago Graffigna -en representación de Ruiz, Guillermo- se presentó en Tribunales con la demanda.
En la presentación, el abogado pide “perfeccionar la expropiación y pagar la indemnización que corresponda”, teniendo en cuenta que la expropiación ya se había hecho 48 años antes y que, de acuerdo a lo que sostuvo, nunca fue abonada.
Ese “perfeccionamiento” de la expropiación solicitada por Ruiz, Guillermo Felipe incluye el valor “objetivo” del bien (es decir, la tierra libre de mejoras), más los daños que fueran consecuencia directa de esa expropiación por la nueva línea de edificación, más la desvalorización monetaria, más –y aquí está lo más interesante- los intereses. El pago final demostró que allí estaba el asunto.
Esos intereses se calculan desde la fecha de la desposesión del bien expropiado, es decir desde 1953. Corresponde un 8% de actualización anual hasta marzo de 1991, desde allí adelante la tasa activa –entre 20 y 30%- y desde el 2001 el índice general de precios. La cifra que resultara de allí no podía ser otra cosa que escandalosa: calcular intereses de al menos 5 devaluaciones en más de 50 años del país, sobre un “valor objetivo” del inmueble también asombroso.
Para fijar el valor del inmueble expropiado –se insiste, 48 años antes- la demanda solicitó tener en cuenta:
-El valor del terreno, que la demanda calculó en $200 el m2 teniendo en cuenta que es céntrico y tiene todos los servicios.
-Valor de la vereda, porque hubo que hacer otra de mosaico calcáreo color amarillo. $6.572 en 2001.
-Valor del muro. Casi $10.000.
-Las mejoras que estaban hechas cuando se expropió.
Todo ese valor, multiplicado por los intereses desde el año 1953.
A partir de allí se disparó el proceso expropiatorio, en el que participaron casi todos los protagonistas de la investigación iniciada en Tribunales el año pasado para investigar estos precios inflados en los terrenos expropiados.
La causa cayó en el Quinto Juzgado Civil, a cargo de Carlos Macchi. Este juzgado es uno de los tres de fuero Civil donde los casos bajo sospecha recibieron fallos judiciales favorables. Y desde la Fiscalía de Estado evalúan la posibilidad de presentar contra ellos un pedido de jury para destituirlos.
El propio juez elevó la causa a Fiscalía de Estado. Allí, el fiscal Pedro Quiroga hizo cargo de la causa al abogado  Mario Gil, pero éste falleció al poco tiempo y se hizo cargo Norberto Baistrocchi, el mismo que 9 años más tarde fue dejado cesante por un decreto del gobernador Gioja por no cumplir con su obligación de defender a la provincia. Es esta causa de Ruiz, Guillermo Felipe, la defensa no deslumbró.
Y luego, quien se hizo cargo de fijar el valor del inmueble, como en todos los otros casos, fue el Tribunal de Tasaciones de la provincia. Ese precio fue luego tomado como referencia por el juez y será el que se multiplique por más de medio siglo de intereses.
En Tasaciones, la perito de Fiscalía de Estado que intervino fue Ana María Melvin, la misma que intervino en los casos sospechosos de Cuesta del Viento y que la semana que viene será careada con la ex jueza Miriam Bettio, quien la acusó de haber dicho que inflaba los precios porque “estaba presionada por Graffigna y Quiroga”.
En Tasaciones se armó un debate sobre el valor del terreno, primero, y por las mejoras, después. Sobre el terreno, Melvin tasó en 276.000, mientras el perito del demandante estableció un valor de $772.000. Finalmente, el juez Macchi resolvió promediar las tres tasaciones –la del propio Tribunal era más baja que la de Melvin- y clavó $329.111. Como se ve, la visión de cada perito es gravitante en el precio fijado por el juez, y no lo que vota el plenario del Tribunal. Sobre las mejoras, hubo polémica sobre si existieron o no, y al final el juez las terminó considerando.
También hubo un reclamo de la actora –es decir Ruiz, Guillermo Felipe y su patrocinante Graffigna- por lo que consideró un mal cálculo de los intereses, que la Cámara Civil terminó convalidando. Entre los firmantes de la Cámara aparece Moisés Moya, el juez que acaba de renunciar y al que Fiscalía recusó por no apartarse en otra causa en la que estaba involucrado Graffigna, muy allegado a Moya y socio en un estudio jurídico de su hijo Pablo.
Así se llegó a pagar el precio astronómico: $25 millones de pesos por una parcela de apenas 1.439 m2. Céntrica, es verdad, con todos los servicios. Pero $25 millones es mucho dinero. ¿Y cómo lo cobró? En cómodas cuotas de $60.000, $80.000, $90.000 que eran embargos desde 2.006. Desde ese año hasta 2.010, los embargos pagados a Ruiz, Guillermo fueron la inmensa mayoría de los que iban pagando en total. Un goteo que no podía pasar desapercibido….por un terreno de 1,4 hectáreas.
Y a pesar de que los pagos salían en la causa a su nombre, Ruiz, Guillermo Felipe nunca apareció. Cobraba su apoderado, el abogado Santiago Graffigna.
A Ruiz, Guillermo Felipe lo llamaron a declarar en la megacausa de las expropiaciones que lleva adelante de jueza Rosellot para que cuente su historia, pero no hubo caso. Nunca se presentó. En el domicilio santiagueño donde en 2001 le extendió un poder a Graffigna hoy funciona una sede del Sindicato de Camioneros.

Protagonistas

Ruiz, Guillermo Felipe
Le compró los derechos a la sociedad San Vicente de Paul por el terreno en Matías Zavalla y San José. Presentó un reclamo judicial por la expropiación de una franja de 1.439 m2 y cobró $25 millones de la ventanilla del gobierno provincial hasta 2010. Nunca apareció.

Santiago Graffigna
Es el abogado de Ruiz, quien le firmó un poder. Presentó la demanda en 2001 por la expropiación del terreno, que se había hecho en 1953, pero no se había pagado. Llevó adelante todo el proceso y cobró desde 2006 por la causa que estaba a nombre de Ruiz.

Sociedad San Vicente de Paul
Es una obra de caridad de carácter religioso que es propietaria del terreno en cuestión, al que le sacaron una parte para el ensanche de las calles en el año 1953. En 2001, le cedió los derechos por una eventual expropiación a Ruiz, Guillermo Felipe en $2.000.

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