REPERCUSIONES DE LA CAMPAÑA

El asesor de Macri fue llamado por la justicia

La jueza federal, Servini de Cubría, llamó a indagatoria al asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, para el 5 de diciembre en el marco de la causa por la supuesta 'campaña sucia' contra Daniel Filmus.
martes, 01 de noviembre de 2011 · 20:54

La jueza Servini de Cubria confirmó que, además del asesor de Mauricio Macri, también convocó para el 6 y el 7 de diciembre, respectivamente, a José Guillermo Garat y Rodrigo Lugones, accionistas de las empresas acusadas de haber hecho el telemarketing con datos falsos sobre Filmus.

"Hay otras dos personas citadas por la investigación que se basa en las notas que publicó Tiempo Argentino y en las denuncias de Filmus y en el resultado que sale de la investigación de la documentación que secuestró el doctor (Ariel) Lijo cuando hizo los allanamientos", indicó Servini de Cubría en diálogo con el portal ElArgentino.com

Las citaciones se producen luego de que se realizaran varios allanamientos y pericias en las empresas Tag Continental, Connectic SRL y NSS, en las que habría encontrado evidencias para demostrar que desde tres empresas de telemarketing se cursaron las llamadas con la encuesta falsa.

La "campaña sucia" denunciada por Filmus se basó en una encuesta telefónica "trucha" en la que les preguntaban a los ciudadanos si sabían que el padre del candidato kirchnerista a jefe de Gobierno era el principal contratista de Sergio Schoklender, entre otros datos difamatorios.

Según trascendió, en uno de los allanamientos que en ese momento concretó el juez Lijo, que subrogaba a Servini, se encontró el original de la grabación de la encuesta falsa y los peritajes mostraron que las llamadas a los ciudadanos se hicieron desde los teléfonos de las empresas.

Además, se habrían encontrado sobres de contratos con el Gobierno de la Ciudad y un "Acuerdo de confidencialidad y no competencia", firmado por Durán Barba con Lugones y Garat, y que lo vincularían con ambas entidades, algo que el asesor del PRO había desmentido.
 
El actual senador del FPV es querellante en la causa y pidió la indagatoria por el delito electoral de "inducción con engaños", aunque aún se intenta determinar si esa encuesta realizada durante la campaña electoral fue pagada con fondos públicos de la ciudad, caso en el cual el delito se convertiría en penal-criminal.

 

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